Perú invierte S/ 38,1 millones en censo MAPE para formalizar minería artesanal

El Ministerio de Energía y Minas autorizó la transferencia de S/ 38,1 millones al Instituto Nacional de Estadística e Informática para financiar el Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. No es un gasto administrativo menor. Es la primera vez que el Estado peruano destina recursos de esta magnitud para cuantificar, georreferenciar y categorizar a un sector que opera en la informalidad casi total y que, sin datos duros, ha sido imposible de formalizar en tres décadas de intentos fallidos.

Un sector sin mapa: el problema de fondo

Perú no sabe cuántos mineros artesanales tiene. Esa oración suena increíble para un país que produce el 10% del cobre mundial y genera más de US$33,000 millones en valor minero anual. Pero es la realidad operativa del segmento MAPE —Minería Artesanal y de Pequeña Escala— que opera en Madre de Dios, Puno, La Libertad, Ayacucho y una docena de regiones más sin registros confiables, sin coordenadas verificables y sin identidad tributaria.

Las estimaciones varían enormemente según la fuente. El MINEM habla de entre 400,000 y 500,000 operadores directos. Organizaciones de la sociedad civil elevan esa cifra por encima del millón si se incluyen actividades conexas. La diferencia no es un error de cálculo: refleja que nunca hubo un instrumento censal específico para este universo. Sin esa base, toda política de formalización ha sido arquitectura sobre arena.

El censo que ahora financia el MINEM cambia esa ecuación. La transferencia a INEI —la entidad técnica con mayor credibilidad estadística del país— señala que el gobierno quiere datos que soporten decisiones jurídicas y presupuestales, no estimaciones que se rebatan en cada mesa de negociación.

Qué recopilará el censo y por qué importa a la industria

El instrumento censal incorpora georreferenciación. Ese detalle no es técnico: es político y legal. Cada operador registrado con coordenadas precisas puede ser cruzado contra el catastro minero, contra zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas, contra territorios de comunidades indígenas sujetos a consulta previa y contra concesiones formales vigentes.

Para la minería formal, esa base de datos tiene un valor directo. Las empresas medianas y grandes que operan en zonas con alta presencia artesanal —oro en La Libertad, polimetálicos en Puno— enfrentan permanentemente el riesgo de invasión de concesiones y conflictos de superposición territorial. Un catastro MAPE actualizado y georreferenciado permite identificar zonas de conflicto latente antes de que escalen, y da al Estado los instrumentos para actuar con datos en mano.

Para los inversionistas que evalúan proyectos en etapa de exploración, el censo también aporta. La presencia de minería artesanal en un área es hoy uno de los factores de riesgo social más difíciles de cuantificar en un due diligence. Con un registro oficial, ese riesgo se vuelve medible y, en teoría, manejable.

El historial de la formalización en Perú: por qué esto importa más de lo que parece

Desde 2002, Perú ha lanzado al menos cuatro grandes procesos de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. El Proceso de Formalización Minera Integral (REINFO), la última versión operativa, ha tenido prórrogas sucesivas y sigue siendo objeto de debate en el Congreso. El denominador común de todos estos procesos ha sido el mismo: comenzar sin saber exactamente a quiénes se quiere formalizar.

El REINFO registra operadores, pero con datos autodeclarados y sin verificación de campo sistemática. El resultado es un padrón con duplicidades, operadores inactivos, coordenadas inexactas y casos de inclusión indebida. Ha sido criticado por el propio sector formal, por organismos multilaterales y por comunidades que ven cómo el registro se convierte en paraguas de protección para operaciones que contaminan ríos y degradan ecosistemas.

Un censo ejecutado por INEI, con metodología estadística rigurosa y levantamiento georreferenciado, podría limpiar esa base. No sustituye al REINFO en términos jurídicos, pero le da al Estado un instrumento de contraste. Si el padrón autodeclarado tiene 100,000 operadores y el censo independiente encuentra 60,000, la diferencia obliga a revisar quiénes son los 40,000 restantes.

El peso del financiamiento: S/ 38,1 millones en perspectiva

La cifra autorizada equivale a aproximadamente US$10 millones al tipo de cambio actual. Para dimensionarla: el presupuesto total de INEI en 2024 fue de alrededor de S/ 350 millones. La transferencia del MINEM representa más del 10% de ese presupuesto institucional anual, destinado a un solo proyecto censal. No es una asignación marginal.

Ese monto cubre levantamiento de campo, tecnología de georreferenciación, supervisión estadística y procesamiento de datos en regiones de acceso difícil. Madre de Dios —epicentro de la minería aurífera ilegal en la cuenca amazónica— exige logística aérea y fluvial que eleva los costos por encima de cualquier operativo censal estándar. La decisión de financiar ese alcance geográfico completo indica que el gobierno no quiere un censo parcial que sea cuestionado por sus propias omisiones.

Formalización y política fiscal: lo que está detrás del dato

Perú recauda muy poco del sector MAPE. La minería artesanal y de pequeña escala informal no paga regalías, no tributa IGV y no genera canon para las regiones donde opera. Paradójicamente, es el sector que genera los mayores conflictos sociales y ambientales que el Estado debe atender con gasto público.

Un censo que dimensione con precisión el universo MAPE tiene implicaciones fiscales concretas. Permite calcular el potencial recaudatorio de una formalización efectiva, diseñar regímenes tributarios diferenciados por tamaño y capacidad operativa, y justificar ante el MEF y el Congreso la inversión en programas de asistencia técnica y acceso a financiamiento para operadores que sí quieran regularizarse.

También permite separar con mayor claridad a los operadores que pueden formalizarse de los que operan estructuras criminales —lavado de activos, trata de personas, minería ilegal organizada— para los cuales la formalización no es el instrumento correcto. Esa distinción, hoy difusa en el debate público, tiene consecuencias directas en la asignación de recursos de la Fiscalía, la PNP y el OEFA.

Riesgos de ejecución que el sector debe monitorear

La autorización de la transferencia es el primer paso. La ejecución del censo en campo es otro asunto. INEI tiene capacidad técnica probada en censos de población y agropecuarios, pero un operativo en zonas de minería informal implica condiciones de trabajo que van más allá de la logística estadística: presencia de actores ilegales, resistencia de operadores que temen consecuencias jurídicas de ser registrados y dificultades de acceso en zonas como el VRAEM o la cuenca del Madre de Dios.

El MINEM deberá coordinar con el Ministerio del Interior y con los gobiernos regionales para garantizar condiciones mínimas de seguridad para los censistas. Sin ese componente, el operativo arriesga ser incompleto justamente en las zonas donde la informalidad es más crítica.

Otro riesgo es el uso político de los datos. Los resultados del censo llegarán en un período electoral que ya empieza a calentar en Perú. Los números de operadores formalizables serán interpretados por múltiples actores con agendas distintas. El MINEM necesita blindar metodológicamente la publicación de resultados para que no sean desacreditados antes de tener efecto en política pública.

Un instrumento que puede cambiar el terreno de juego

Treinta años de intentos de formalización no resueltos tienen una explicación simple: nunca se midió con rigor lo que se quería transformar. El censo MAPE, si se ejecuta con la independencia técnica que implica confiar el levantamiento a INEI y con el alcance geográfico que justifica su presupuesto, puede ser el primer instrumento que rompa ese círculo.

Para el sector formal, para los inversionistas con proyectos en regiones con presencia artesanal y para los organismos multilaterales que financian programas de minería responsable en Perú, los resultados de este censo serán un dato de referencia obligada. La pregunta no es si el censo era necesario —lo era desde hace dos décadas— sino si el gobierno tendrá la disciplina institucional para usarlo con consecuencias reales. Eso se mide en los meses que sigan a la publicación de resultados, no antes.