Southern Copper invertirá US$ 10,380 millones en proyectos de cobre en Perú

US$ 10,380 millones sobre la mesa. Southern Copper —filial peruana de Grupo México— presentó ante el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, su portafolio de inversión más ambicioso en la historia reciente de la compañía en Perú. Cuatro proyectos. Cuatro etapas distintas. Una apuesta que, si se ejecuta completa, redefine el perfil de producción cuprífera del país por las próximas dos décadas.

Tía María: el proyecto que no muere y no avanza

Tía María es el proyecto más visible del portafolio y también el más complicado políticamente. La mina de cobre ubicada en el Valle del Tambo, en Arequipa, lleva más de una década bloqueada por conflictos sociales que en 2011 dejaron tres personas muertas y en 2019 obligaron al gobierno de Vizcarra a suspender su licencia de construcción indefinidamente. Southern Copper obtuvo finalmente su licencia de construcción en 2019 bajo el gobierno de Kuczynski, pero el proyecto quedó en suspenso ante las protestas comunitarias.

La inversión proyectada para Tía María asciende a US$ 1,400 millones. La mina a tajo abierto procesaría aproximadamente 120,000 toneladas de cátodos de cobre por año durante una vida útil estimada de 20 años. En términos de producción, eso equivale a incorporar una mina mediana al inventario peruano de un solo golpe. El problema no es técnico ni financiero — es social y político, y Southern Copper lo sabe desde hace tiempo.

Lo que ha cambiado en este ciclo es el contexto. El precio del cobre cotiza por encima de los US$ 4.80 por libra en el LME, niveles que hacen que cualquier tonelada de cátodo sea fiscalmente irresistible para un gobierno que depende del canon minero. La administración de Dina Boluarte ha mostrado más disposición al diálogo con la industria que sus predecesoras inmediatas — aunque “más disposición” en el contexto político peruano es una barra extraordinariamente baja. Si Southern Copper logra un acuerdo social sostenible en el Valle del Tambo, Tía María podría iniciar construcción antes de 2027. Si no lo logra, este anuncio será otro capítulo en el expediente más largo de la minería peruana.

Los Chancas y Michiquillay: el cobre que viene después

Mientras Tía María acapara titulares, Los Chancas y Michiquillay son los proyectos que verdaderamente alargan el horizonte de producción de la compañía. Los Chancas, ubicado en Apurímac — la misma región que alberga Las Bambas — es un depósito de cobre y molibdeno con recursos que la compañía ha calificado como de clase mundial. La inversión estimada supera los US$ 2,600 millones y la capacidad de procesamiento proyectada rondaría las 130,000 toneladas de cobre fino al año.

Michiquillay, en Cajamarca, tiene una historia igualmente compleja. El Estado peruano adjudicó el yacimiento a Southern Copper en 2018, tras un proceso de subasta que desplazó a Anglo American —que lo tenía en portafolio previo. Los recursos inferidos superan los 1,000 millones de toneladas de mineral con leyes promedio de 0.49% Cu. Es un proyecto de largo aliento: la etapa de exploración aún no concluye y la construcción, en el mejor de los escenarios, no comenzaría antes de la siguiente década. La inversión contemplada en el portafolio anunciado asigna a Michiquillay una cifra que la compañía no ha desagregado públicamente, pero que analistas del sector estiman entre US$ 2,500 y US$ 3,000 millones.

Apurímac y Cajamarca comparten algo más que geografía andina: ambas regiones tienen historiales de conflicto social que han frenado proyectos de primera línea. Las Bambas lleva años operando bajo acuerdos comunitarios renegociados periódicamente, con bloqueos al Corredor Minero del Sur que en algunos trimestres han reducido sus embarques de forma significativa. Conga, de Newmont y Buenaventura, sigue paralizado desde 2011. Southern Copper entra a este terreno con capital suficiente, pero ningún capital resuelve por sí solo la ecuación de confianza comunitaria.

Expansión Cuajone: el activo que ya produce y necesita oxígeno

Cuajone es la joya más antigua de Southern Copper en Perú. La mina de Moquegua opera desde 1976 y ha sido uno de los activos de cobre más longevos del continente. Su expansión es el componente más inmediato del portafolio anunciado: se trata de extender la vida útil del yacimiento y optimizar su procesamiento mediante inversiones en infraestructura y capacidad de molienda. La inversión estimada para esta expansión oscila alrededor de US$ 1,000 millones.

Cuajone produce aproximadamente 80,000 toneladas de cobre al año, junto con subproductos de molibdeno y plata que mejoran los márgenes operativos. Su AISC se ubica en el cuartil inferior de los productores globales de cobre, lo que lo convierte en un activo resiliente incluso en ciclos de precio bajo. Extender su vida útil una o dos décadas más no es glamoroso, pero es el tipo de decisión que los directorios responsables toman cuando tienen capital disponible y la alternativa es desarrollar un greenfield con toda la incertidumbre que implica.

El portafolio en perspectiva: ¿promesa o hoja de ruta real?

US$ 10,380 millones es una cifra que impone. Para dimensionarla: representa aproximadamente el 31% del valor total de la producción minera peruana de 2024. Es más de lo que Chile invirtió en exploración y desarrollo en los últimos tres años combinados. Y es, significativamente, más del doble de lo que Southern Copper tiene invertido actualmente en operaciones peruanas.

Pero la presentación al ministro Shinno no es un contrato. Es una señal. Southern Copper — con respaldo del poderoso balance de Grupo México — está enviando un mensaje al gobierno peruano: hay capital disponible, hay proyectos identificados, y la pelota está en la cancha del Estado en materia de certeza jurídica, consulta previa y gestión territorial. En un país que ha visto desfilar seis presidentes en seis años, esa clase de señal tiene un peso político que va más allá del anuncio corporativo.

El gobierno de Boluarte enfrenta una presión fiscal creciente. El canon minero que genera la industria cuprífera es el sustento de presupuestos regionales en Moquegua, Tacna, Arequipa, Apurímac y Cajamarca. Si una fracción del portafolio anunciado por Southern Copper llega a fase de construcción, los ingresos fiscales proyectados cambiarían la aritmética del gobierno. Eso es exactamente lo que la compañía quiere que el ministro Shinno lleve a Palacio de Gobierno.

Lo que el anuncio no dice: riesgo de ejecución y cronograma real

Un portafolio de cuatro proyectos en cuatro etapas distintas no se ejecuta en paralelo. Southern Copper tiene capacidad financiera — la compañía reportó un EBITDA consolidado superior a los US$ 5,000 millones en 2024 — pero también tiene compromisos en México, donde Tía María mexicana no existe pero sí las expansiones de Buenavista del Cobre en Sonora. Los recursos de ingeniería, los equipos de relaciones comunitarias y la capacidad de gestión de proyectos son finitos.

El cronograma realista, según analistas que siguen a Southern Copper en el TSX y NYSE, sitúa a Tía María como el proyecto de más corto plazo — si se resuelve el impasse social — seguido por la expansión de Cuajone. Los Chancas y Michiquillay son proyectos de segunda mitad de la próxima década en el mejor escenario. Ninguno de los cuatro tiene aprobación ambiental completa vigente para iniciar construcción hoy.

Perú tiene una cartera identificada de proyectos mineros que supera los US$ 53,000 millones. Solo una fracción de ese potencial se ha convertido en producción en los últimos diez años. El cuello de botella no es el capital — es la capacidad institucional del Estado para gestionar licencias sociales y ambientales sin que la inestabilidad política interrumpa los procesos a mitad de camino. Southern Copper puede poner US$ 10,380 millones sobre la mesa. Lo que no puede hacer es ponerle estabilidad al sistema político peruano.

Si Tía María arranca construcción en 2026, este anuncio habrá sido el punto de inflexión. Si en tres años la situación es la misma que hoy, quedará como el enésimo recordatorio de cuánto cobre peruano duerme bajo tierra esperando que el Estado y las comunidades encuentren el camino que la geología ya trazó.