Perú y Ecuador: 100+ operativos coordinados contra minería ilegal en frontera compartida

Perú y Ecuador ejecutaron más de 100 operativos espejo en su frontera compartida para frenar la minería ilegal. La cifra, revelada por el general FAP Raúl Hoyos, alto comisionado para el Combate de la Minería Ilegal, en entrevista exclusiva con Rumbo Minero Central, no es solo un reporte de actividad policial. Es la confirmación de que las organizaciones criminales que controlan la extracción ilegal aprendieron antes que los Estados a moverse entre jurisdicciones.

La operación espejo: una respuesta a la movilidad criminal

El modelo de operativo espejo implica que ambos países actúan de forma simultánea y coordinada en sus respectivos lados de la frontera. El objetivo es simple: eliminar el corredor de escape que usan las redes criminales cuando sienten presión en un lado. Durante años, esa fuga fue el talón de Aquiles de las operaciones individuales de cada país. Un decomiso en territorio peruano bastaba para que maquinaria, combustible y personal cruzaran hacia Ecuador y reanudaran operaciones días después.

Que se hayan superado los 100 operativos coordinados marca un umbral operacional relevante. No porque el número sea definitivo, sino porque refleja una cadencia que exige logística, comunicación bilateral y voluntad política sostenida de ambos gobiernos. Eso no es trivial en una región donde la cooperación interestatal en materia de seguridad suele desintegrarse en cuanto cambia el color político de uno de los gobiernos.

El general Hoyos lidera la coordinación desde el lado peruano. Su perfil militar —proviene de la Fuerza Aérea del Perú— no es accidental. La minería ilegal en zonas de frontera y selva requiere capacidades de vigilancia aérea que las policías convencionales no tienen. Los campamentos ilegales en zonas remotas del Amazonas o en las cuencas fluviales que cruzan hacia Ecuador son inaccesibles por tierra. La detección y el cierre de esos puntos dependen de reconocimiento aéreo y de actuación rápida.

El corredor amazónico: entre oro ilegal y crimen organizado

La frontera entre Perú y Ecuador no es una línea administrativa en el mapa. Es una franja de selva densa, ríos navegables y comunidades indígenas que, en muchos casos, llevan décadas conviviendo —con distintos grados de resistencia y sometimiento— con la presencia de actores criminales que extraen oro aluvial. Las regiones de Loreto y Amazonas en Perú, y las provincias de Sucumbíos y Zamora Chinchipe en Ecuador, concentran la mayor parte de la actividad ilegal documentada en esa zona.

El oro aluvial extraído ilegalmente en esa franja no desaparece en el mercado negro local. Sigue rutas de comercialización bien establecidas que terminan en refinerías con capacidad de mezclar metal ilegal con legal, borrar su origen y exportarlo bajo certificaciones que no resisten un audit profundo. La OCDE estimó que el valor del oro ilegal que circula por cadenas de suministro aparentemente limpias en América Latina representa miles de millones de dólares anuales. Una parte de ese flujo tiene origen en la frontera peruano-ecuatoriana.

Perú ya vivió en carne propia qué pasa cuando el Estado retrocede ante la minería ilegal. La región de Madre de Dios —en el extremo sureste, frontera con Bolivia y Brasil— es el caso más documentado: deforestación masiva, mercurio en ríos y comunidades, desplazamiento forzado de pueblos indígenas, y una economía criminal que llegó a generar más de 500 millones de dólares anuales según estimaciones del Ministerio del Ambiente peruano. La operación Mercurio fue el primer intento coordinado del Estado peruano de reconquistar ese territorio. Los resultados fueron parciales. El crimen se fragmentó y se dispersó hacia zonas menos monitoreadas, incluyendo la frontera norte.

El peso regulatorio detrás del operativo

Más allá del componente de seguridad, la coordinación entre Perú y Ecuador tiene una dimensión regulatoria que los operativos por sí solos no resuelven. La minería ilegal prospera donde la minería formal es difícil, cara o imposible. En Perú, el proceso de formalización minera —que lleva más de una década en distintas versiones— ha sido incapaz de absorber a la gran mayoría de pequeños operadores que trabajan en el límite entre la informalidad y la ilegalidad. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) fue prorrogado múltiples veces porque el Estado no tiene capacidad institucional para procesar los miles de expedientes pendientes ni para acompañar a los operadores en el cumplimiento de estándares ambientales y laborales.

Ese vacío crea un ecosistema donde quien quiere formalizarse encuentra trabas y quien opera ilegalmente encuentra impunidad. Los operativos coordinados con Ecuador atacan el síntoma más visible —los campamentos, la maquinaria, los corredores de fuga— pero no modifican la ecuación de fondo. Mientras el marco de formalización no sea funcional y accesible, la minería ilegal tendrá cantera inagotable de nuevos operadores.

En Ecuador, el contexto regulatorio es distinto pero igualmente complejo. La minería formal ecuatoriana está en expansión —proyectos como Mirador (ENAMI-EcuaCorriente) y Fruta del Norte (Lundin Gold) han establecido un piso de inversión que el gobierno de Daniel Noboa busca ampliar. Pero esa apuesta por la minería formal convive con zonas de extracción ilegal en las que el Estado ecuatoriano también ha tenido presencia limitada. La coordinación con Perú es, en parte, una señal hacia los inversionistas: Ecuador no tolera el caos regulatorio en su territorio minero.

Lo que los operativos no alcanzan a resolver

Cien operativos son una señal política y operacional importante. No son, por sí solos, una solución estructural. La experiencia latinoamericana con la lucha contra la minería ilegal muestra un patrón recurrente: los golpes tácticos desplazan pero raramente desmantelan las organizaciones que controlan la extracción ilegal. Las redes criminales tienen acceso a capital, movilidad y corrupción institucional que les permiten reconstituirse en meses.

La pregunta que los operativos no responden es cuánto de ese esfuerzo bilateral se traduce en sentencias, decomisos permanentes de maquinaria y desarticulación real de las cadenas de comercialización del mineral ilegal. Un operativo que destruye una draga en el río Napo pero no toca a quien la financió ni al intermediario que compra el oro tiene un impacto limitado. Los inversionistas en minería formal en Perú y Ecuador lo saben. También lo saben los organismos multilaterales que monitorean el cumplimiento de estándares de diligencia debida en cadenas de suministro.

La presión internacional que empuja la coordinación

No es casual que Perú haya intensificado su marco institucional contra la minería ilegal en los últimos años. La presión de organismos como la OCDE, el GAFI y la Unión Europea sobre las cadenas de suministro de oro tiene consecuencias concretas: refinerías certificadas que compran oro de origen dudoso pierden acreditaciones, los bancos que financian esas refinerías enfrentan escrutinio regulatorio y los países productores quedan expuestos a cuestionamientos que afectan su reputación como destino de inversión minera responsable.

Perú, con una cartera de proyectos mineros sin desarrollar que supera los 53,000 millones de dólares, no puede permitirse que la imagen de su sector minero quede contaminada por la asociación con extracción ilegal. Cada tonelada de oro ilegal que sale del país con documentación fraguada erosiona la credibilidad de las exportaciones legales y complica las negociaciones con socios comerciales que exigen trazabilidad. La coordinación con Ecuador, en ese sentido, es también una operación de política comercial.

Si la coordinación binacional se sostiene, se profundiza en lo judicial y se acompaña de una reforma real al proceso de formalización minera, el modelo peruano-ecuatoriano podría convertirse en referencia para el resto de la región. Si se queda en 100 operativos bien fotografiados sin consecuencias penales permanentes, será otro ciclo más de presión sin transformación. La diferencia la marcarán los fiscales, no los generales.