Sonami pide suspender remate de pertenencias mineras: crisis de patentes impagas en Chile

El 4° Juzgado Civil de Antofagasta tiene programado para el 15 de octubre un remate de pertenencias mineras con patentes impagas. Sonami pide suspenderlo. Y la petición no es menor: detrás de un proceso judicial que parece rutinario se esconde una falla estructural del régimen de patentes mineras chileno que afecta desde pequeños mineros hasta proyectos medianos en etapa de exploración.

El mecanismo que nadie quería activar

Las patentes mineras en Chile son el mecanismo por el cual los titulares de concesiones pagan al Estado por el derecho a mantenerlas activas. El sistema existe hace décadas y, en teoría, funciona como filtro: quien no paga, pierde el título. En la práctica, la acumulación de deuda durante los años post-pandemia y el alza sostenida de costos operativos dejó a miles de pertenencias — muchas de ellas en manos de pequeños y medianos operadores — con patentes impagas que no respondieron a abandono, sino a incapacidad transitoria de pago.

El remate del 15 de octubre en Antofagasta es el resultado directo de ese rezago. Sonami lo ve como un daño desproporcionado que el sistema está a punto de ejecutar sin esperar a que el Congreso corrija las reglas de fondo. El gremio argumenta que existe una iniciativa legislativa en tramitación que busca precisamente suspender estos procesos y reformar el régimen de patentes. Rematar antes de que esa ley prospere equivale a cerrar la puerta mientras el bombero está subiendo las escaleras.

La región de Antofagasta concentra el grueso de la producción cuprífera del país. Es el territorio de Escondida, Spence, Centinela, Los Pelambres y decenas de faenas medianas. Un remate de pertenencias en esa cuenca no es un evento periférico.

Qué arriesgan los titulares y qué pierde el sistema

Perder una concesión minera en Chile no es solo perder un papel. Es perder el derecho de exploración o explotación sobre un polígono específico, con todo el trabajo geológico acumulado, los contratos de acceso, los estudios ambientales en curso y, en muchos casos, las relaciones con comunidades que tomaron años construir. Para una junior en fase de exploración, la pérdida de una pertenencia clave puede significar el fin del proyecto completo.

El daño no se limita al titular inmediato. Cuando una concesión pasa a remate, el proceso de relicitación introduce incertidumbre sobre quién tomará el control, bajo qué condiciones y con qué continuidad operativa. Los inversionistas extranjeros que evalúan proyectos en etapa temprana leen ese tipo de episodios como señales de fragilidad institucional, aunque el marco legal general sea sólido. El riesgo percibido sube aunque el riesgo real sea manejable.

Sonami también apunta a un problema de diseño: el régimen actual de patentes no distingue con suficiente precisión entre quien abandona deliberadamente una concesión y quien enfrenta una crisis de liquidez temporal. La consecuencia jurídica es la misma en ambos casos — el remate — pero el impacto económico y social es radicalmente diferente. Esa asimetría es lo que la iniciativa legislativa en tramitación busca corregir.

El Congreso como variable crítica

La petición de Sonami tiene una lógica clara: si el Poder Legislativo está debatiendo una reforma que modificaría las reglas del remate, ejecutar el proceso antes de que concluya ese debate destruye el objeto de la discusión. No se puede restituir una concesión una vez adjudicada en remate a un tercero. La irreversibilidad del acto jurídico es el argumento central del gremio.

El problema es que los tiempos legislativos y los tiempos judiciales no se sincronizan solos. El 4° Juzgado Civil de Antofagasta emitió su resolución siguiendo el marco legal vigente — no el que el Congreso podría aprobar. Para que el remate se detenga, se necesita o una orden judicial que lo suspenda, o una ley aprobada antes del 15 de octubre, o una combinación de ambas vías. Ninguna de las dos tiene garantía de velocidad.

El gobierno del presidente Kast, que ha operado con una orientación pro-mercado desde 2025, tiene aquí una señal que leer. Suspender un remate por vía ejecutiva o legislativa acelerada puede leerse como intervención en el sistema judicial. Dejarlo avanzar puede leerse como indiferencia ante un gremio que representa a miles de operadores mineros que sostienen la cadena de valor del cobre chileno. No hay salida limpia.

El perfil del afectado: no es quien parece

Conviene precisar quién está en riesgo real en este remate. Las grandes operaciones — Escondida, Collahuasi, Los Pelambres — no tienen pertenencias con patentes impagas. Sus estructuras corporativas incluyen unidades dedicadas al cumplimiento tributario y administrativo. El problema de la deuda de patentes es, fundamentalmente, un problema de la minería pequeña y mediana: pirquineros, juniors de exploración, operadores artesanales y algunos proyectos en transición entre etapas de desarrollo.

Ese segmento es el menos visible en los titulares, pero el más numeroso en el catastro de concesiones de Sernageomin. Chile tiene más de 400,000 pertenencias mineras vigentes. Una fracción de ellas con deuda de patentes acumulada puede representar, en términos de polígonos y superficie, un volumen significativo del territorio concesionado activo.

La pequeña minería chilena aportó en 2024 cerca del 8% de la producción nacional de cobre y una proporción mayor en oro y plata. No es un sector ornamental. Cuando enfrenta pérdida masiva de concesiones por un mecanismo que el propio sistema reconoce como defectuoso — de ahí la iniciativa legislativa — el costo no es solo social: es productivo.

Sernageomin y la capacidad del Estado de administrar este proceso

Más allá del debate legal, existe una pregunta operativa que rara vez se formula: ¿tiene el Estado chileno la capacidad administrativa de gestionar un remate masivo de pertenencias, relicitarlas y mantener la continuidad de las actividades que en ellas ocurren? Sernageomin es el regulador técnico, pero su rol en los procesos de remate judicial es limitado. Los juzgados civiles administran el proceso; el organismo minero solo interviene en la validación de títulos.

Si el remate del 15 de octubre involucra un número significativo de pertenencias, la capacidad de absorción del sistema — tanto judicial como registral — puede convertirse en un cuello de botella que genere años de incertidumbre sobre la titularidad de esos polígonos. Esa incertidumbre, traducida en lenguaje de inversión, se llama riesgo de título. Y el riesgo de título en Antofagasta tiene consecuencias que se sienten hasta Toronto y Melbourne.

Una lectura de riesgo para el sector

El episodio Sonami-remate de Antofagasta no es una crisis de primer orden para la minería chilena. Pero es un indicador de segundo orden que merece atención: revela que el régimen de patentes acumula tensiones que el sistema judicial está a punto de resolver de forma drástica, sin que el sistema legislativo haya completado su respuesta.

Para los inversionistas que evalúan proyectos de exploración en Chile — un país que sigue siendo destino preferente de capital minero en Latinoamérica precisamente por su institucionalidad — la claridad sobre los derechos de concesión no es un detalle administrativo. Es la base sobre la que se construye cualquier modelo de valoración. Un régimen de patentes que puede activar remates masivos sin distinción entre abandono voluntario e insolvencia temporal introduce una variable que los modelos de riesgo no siempre capturan.

Si el Congreso no actúa antes del 15 de octubre, el mercado recibirá una señal incómoda: que en Chile, incluso con un gobierno favorable a la inversión, los mecanismos de protección de la tenencia de concesiones pueden operar más rápido que los mecanismos de corrección legislativa. Esa brecha entre velocidad judicial y velocidad regulatoria es, históricamente, donde se generan los litigios más costosos y los proyectos más paralizados.

Sonami tiene razón en pedir la suspensión. La pregunta es si alguien con autoridad suficiente la escuchará antes de que el martillo caiga.