Juntos por el Perú eleva presión fiscal minera con reforma a regalías e IEM

Juntos por el Perú presentó un proyecto de ley para modificar el cálculo de las regalías mineras y la escala del Impuesto Especial a la Minería (IEM) en un momento en que la recaudación sectorial ya registra un alza de 78,5% hasta julio de 2026, según cifras preliminares del Ministerio de Energía y Minas (Minem). El timing no es casual — y tampoco es inocente.

La propuesta: qué modifica y a quién afecta

La iniciativa legislativa de la bancada de Juntos por el Perú apunta a dos instrumentos fiscales simultáneamente: las regalías mineras, que se calculan sobre el margen operativo de las empresas, y el IEM, tributo adicional que aplica a las utilidades con tasas escalonadas según los márgenes. Elevar ambas cargas en un mismo proyecto no es redundante — es acumulativo. Cada punto porcentual adicional en regalías reduce la utilidad operativa sobre la que luego se calcula el IEM, pero el efecto neto para las operadoras es una presión fiscal que comprime márgenes en exactamente el punto más sensible del ciclo de inversión.

Las empresas que operan bajo el régimen de estabilidad tributaria — Cerro Verde de Freeport-McMoRan y algunas operaciones de Southern Copper, por ejemplo — tienen contratos que las blindan de modificaciones unilaterales por plazos determinados. Pero las operaciones que no cuentan con esos convenios de estabilidad, incluyendo varios proyectos medianos y la totalidad de los proyectos en etapa de exploración avanzada, quedarían expuestas de inmediato si la iniciativa prosperara.

Buenaventura, la mayor minera de capital peruano, opera en un esquema sin estabilidad tributaria en varias de sus unidades. Para ella y para compañías similares, el incremento representaría una reasignación forzada de flujo de caja en un entorno donde los compromisos de inversión ya están calculados sobre proyecciones fiscales vigentes.

El argumento de la recaudación: un dato que pide más contexto

El crecimiento de 78,5% en recaudación sectorial hasta julio de 2026 es el argumento implícito detrás del proyecto. La lógica política es directa: si el sector generó tanto más, puede aportar más. Es una lectura que ignora la arquitectura del ciclo minero.

Ese salto recaudatorio no refleja una expansión estructural de la minería peruana. Refleja precios. El cobre promedió niveles históricamente elevados en el primer semestre de 2026, impulsado por la demanda de infraestructura de energías limpias en China y la tensión sobre suministros en Chile tras las restricciones hídricas en la región de Atacama. La plata siguió al oro en su rally. El zinc consolidó niveles que no veía desde 2022. Perú, como segundo productor mundial de cobre, captura esos incrementos de precio en recaudación de manera casi mecánica — sin que una sola tonelada adicional haya salido de tierra.

Reformar la estructura fiscal en el pico del ciclo de precios es una decisión que los mercados internacionales leen con precisión: señala que las reglas pueden moverse exactamente cuando el sector es más rentable, lo que implica que también pueden moverse cuando la situación se invierta. Esa asimetría es lo que destruye la previsibilidad regulatoria que los inversionistas de largo plazo requieren.

Cartera en riesgo: los US$53,000 millones que esperan señales

Perú tiene identificada una cartera de proyectos mineros por aproximadamente US$53,000 millones, la mayor de su historia reciente. Tía María de Southern Copper lleva más de una década en el limbo entre la resistencia social y la indefinición política. Michiquillay, Los Chancas, Corani y una veintena de proyectos adicionales dependen de que el marco fiscal y regulatorio permanezca predecible el tiempo suficiente para que los directorios de sus operadoras aprueben las inversiones de capital inicial.

Ningún directorio en Toronto, Melbourne o Nueva York aprueba una inversión de US$1,000 millones o más bajo un régimen fiscal que el Congreso puede modificar por iniciativa de una bancada minoritaria. La señal que manda un proyecto como el de Juntos por el Perú — independientemente de si prospera o no — es que la estabilidad fiscal no está garantizada institucionalmente. Eso es suficiente para postergar decisiones de inversión que ya estaban maduras.

El mecanismo es conocido en la región. Argentina lo vivió con las retenciones móviles en 2008. Bolivia lo experimentó con las renegociaciones de contratos en el sector de hidrocarburos. En ambos casos, el efecto inmediato fue desinversión y fuga de capital hacia jurisdicciones con marcos más predecibles — Chile y Perú, precisamente, fueron los beneficiarios de ese flujo en aquellos años.

El Congreso peruano como variable de riesgo independiente

El contexto político peruano agrava el análisis. Con seis presidentes en seis años y un Congreso que ha funcionado como actor autónomo con agenda propia, el riesgo regulatorio en Perú ya no se mide solo en función del Ejecutivo. Las bancadas legislativas han demostrado capacidad para impulsar modificaciones legales de impacto sectorial con escasa coordinación con el Minem o el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Juntos por el Perú no es la única bancada con propuestas de este tipo en circulación. En los últimos dos años, el Congreso ha debatido modificaciones al canon minero, cambios en los mecanismos de distribución de regalías a gobiernos regionales y propuestas para limitar los convenios de estabilidad tributaria. Ninguna ha prosperado completamente, pero cada debate consume tiempo político, genera incertidumbre y activa alertas en los equipos de riesgo de las empresas operadoras.

El Minem ha operado históricamente como contrapeso técnico a estas iniciativas, argumentando ante el MEF y la Presidencia del Consejo de Ministros que la estabilidad fiscal es condición necesaria para la inversión. Esa función de contención existe — pero depende de que el Ejecutivo esté dispuesto a ejercerla con firmeza frente al Congreso, lo que en el contexto político actual no puede darse por descontado.

Regalías en perspectiva regional: Perú no está solo en este debate

La discusión sobre la distribución de la renta minera no es exclusiva de Perú. Chile debatió durante tres años una reforma tributaria minera que finalmente derivó en un royalty con tasas marginales de hasta 46% sobre el margen operativo para grandes productores, aprobado en 2023. Zambia elevó sus regalías en 2024. Namibia y República Democrática del Congo revisaron sus marcos fiscales en paralelo.

Lo que diferencia a Perú en este mapa es la combinación de inestabilidad política estructural con una cartera de proyectos de enorme magnitud todavía sin desarrollar. Chile reformó su royalty desde una posición de relativa estabilidad institucional y con proyectos ya en operación que generaban flujo. Perú propone cambios cuando la mayoría de su potencial aún está en papel. El orden importa: reformar antes de que la inversión llegue equivale a elevar el precio de entrada cuando el comprador todavía está evaluando si entra.

Lo que el sector espera del gobierno antes del cierre del año legislativo

CAMIMEX en México y organismos equivalentes en Perú — la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) — tienen el mismo manual ante iniciativas de este tipo: activar lobbying técnico ante el Ejecutivo, presentar análisis de impacto fiscal ante el MEF y solicitar dictámenes de la Comisión de Energía y Minas del Congreso que incorporen proyecciones de largo plazo sobre recaudación e inversión.

La SNMPE ya ha señalado públicamente que el proyecto de Juntos por el Perú perjudica a la minería formal — un lenguaje que en el contexto peruano tiene doble filo: distingue la minería formal de la ilegal y artesanal, pero también implica que una mayor carga fiscal sobre la primera puede hacer que la segunda se vuelva relativamente más competitiva en ciertas zonas del país.

El gobierno tiene meses para pronunciarse. Si el Ejecutivo resppalda técnicamente al Minem y al MEF en rechazar la iniciativa con argumentos de impacto sobre inversión y empleo, el proyecto probablemente no alcanza los votos necesarios. Si no lo hace — o si lo hace a medias — el sector enfrentará meses de incertidumbre en exactamente el momento en que varios proyectos de la cartera están en fase de decisión de inversión.

Setenta y ocho coma cinco por ciento de crecimiento en recaudación es el número que abrió esta discusión. El número que debería cerrarla es US$53,000 millones — la inversión que Perú necesita movilizar para que esa recaudación se sostenga cuando los precios vuelvan a bajar.