Formalización minera en Perú: el colapso silencioso de 83,931 solicitudes

Nueve de cada diez mineros artesanales en proceso de formalización operan sobre una concesión que no les pertenece. Ese dato, presentado por Máximo Gallo durante la Expomina Perú 2026, no es una estadística de relleno: es el diagnóstico más preciso que se ha pronunciado públicamente sobre por qué la formalización minera en el Perú lleva más de una década dando vueltas en círculos.

El embudo que nadie quiere ver: de 83 931 a 22 158

El proceso inició con 83 931 solicitudes de Registro de Saneamiento (RNC) — una cifra que reflejaba la magnitud real de la minería informal en el país. Hoy, según Gallo, solo 31 571 mineros siguen activos dentro del proceso. De esos, 22 158 están en condición vigente y 9 413 están suspendidos, en un limbo administrativo que el Estado no ha resuelto ni ha querido explicar con claridad.

La caída es brutal: se perdió el 62% del universo original. No porque esos mineros se hayan formalizado. Sino porque el sistema los expulsó, los agotó o simplemente no pudo procesarlos. Esa es la diferencia que importa, y que pocas veces se dice en los foros del sector.

El cuello de botella no es nuevo. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) acumula expedientes desde 2012, cuando el Decreto Legislativo 1105 estableció las primeras rutas de formalización. Cada reforma posterior — 2016, 2018, 2021 — amplió plazos, cambió requisitos y reconfiguró instancias, pero nunca atacó el problema de fondo: la titularidad de las concesiones sobre las que opera la minería a pequeña escala.

El problema que está en la raíz: operar sin título propio

Gallo fue directo en Expomina: el 92% de los mineros en proceso de formalización no es dueño de la concesión donde trabaja. Eso significa que, para cumplir con uno de los requisitos centrales del proceso, necesitan un contrato de cesión, de explotación o de acuerdo con el titular de la concesión. Y ahí el sistema se atora.

Los titulares de concesiones no siempre están disponibles, no siempre tienen incentivos para formalizar esa relación y, en muchos casos, ni siquiera explotan la concesión por cuenta propia. Perú tiene miles de concesiones otorgadas que permanecen inactivas — una realidad que el USGS y la propia Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) han documentado en distintos momentos. El minero artesanal que trabaja esa tierra no tiene cómo formalizar su actividad si el titular no firma.

El resultado es previsible: el proceso de formalización se convierte en una trampa burocrática. El minero paga la cuota de registro, presenta documentos, espera respuesta del Estado y, mientras tanto, sigue operando de manera informal porque no tiene otra opción legal. Cuando el expediente se cae por falta de acuerdo con el concesionario, vuelve a cero.

La capacidad del Estado: el otro freno estructural

El segundo problema que Gallo señaló en su presentación tiene que ver con la capacidad operativa del Estado para procesar lo que recibe. Los gobiernos regionales, que asumieron competencias en formalización minera desde la descentralización, no cuentan con el personal técnico ni los sistemas de gestión documental para manejar los volúmenes que el proceso exige.

La consecuencia directa es la acumulación de los 9 413 expedientes suspendidos. Suspendido no significa rechazado. Significa que el expediente está paralizado, en espera de documentación adicional, de una firma, de una resolución que no llega. Para el minero, significa incertidumbre operativa prolongada y, frecuentemente, presión de las autoridades que lo tratan como informal a pesar de estar dentro del proceso.

Perú no es el único país de la región que enfrenta este problema. En Colombia, el proceso de legalización de minería de subsistencia choca con la misma brecha entre capacidad institucional y volumen de solicitudes. En Ecuador, la regularización de la minería artesanal ha avanzado en algunos cantones de Zamora-Chinchipe, pero con resultados igualmente parciales. La diferencia es de escala: Perú tiene el universo más grande y el marco regulatorio más complejo de la región andina.

Lo que la informalidad le cuesta al sistema productivo

El debate sobre formalización minera en el Perú tiene una dimensión ambiental, una social y una fiscal. Las tres importan, pero la fiscal es la que menos se discute en los foros de política.

Un minero informal no paga impuesto a la renta sobre su actividad extractiva. No paga regalías. No aporta al canon minero de su región. No cumple con los estándares ambientales que determinan el costo real de su operación. Cuando ese minero opera a escala artesanal o de pequeña minería — categorías que en Perú tienen límites de producción definidos por ley — el volumen individual puede parecer menor. Pero multiplicado por decenas de miles de operadores, el impacto acumulado sobre la recaudación y sobre los ecosistemas donde operan es significativo.

El oro es el mineral que concentra la mayor parte de la minería ilegal e informal en Perú, especialmente en regiones como Madre de Dios, Puno y el sur de Cusco. La SNMPE estima que una fracción importante de la producción aurífera del país no pasa por ningún registro formal. Eso no solo representa pérdida fiscal: representa producción que alimenta circuitos de comercialización paralelos, incluyendo exportaciones irregulares que distorsionan las estadísticas oficiales.

Expomina como termómetro: el sector mira, el Estado escucha poco

Que un diagnóstico como el de Gallo se presente en Expomina Perú 2026 — el foro técnico y comercial más importante del sector en el país — dice algo sobre el estado del debate. La industria formal lleva años señalando que la coexistencia con la informalidad le genera costos de seguridad, de licencia social y de competencia desleal. Las empresas que operan en el corredor minero del sur conocen de primera mano cómo la presencia de minería informal complica las relaciones comunitarias y la gestión territorial.

Pero el Estado peruano — fragmentado entre el MINEM, los gobiernos regionales y organismos como el OEFA y el ANA — no tiene una coordinación efectiva para resolver el nudo de la titularidad. Cada instancia tiene competencias parciales. Ninguna tiene la autoridad y los recursos para ejecutar una solución integral.

El ciclo político tampoco ayuda. Con seis presidentes en seis años, la continuidad de las políticas de formalización ha sido, en el mejor de los casos, inconsistente. Los equipos técnicos rotan. Las prioridades cambian. Los plazos se extienden por decreto sin que los problemas de fondo se resuelvan.

Lo que necesita cambiar para que el número no siga cayendo

Tres ajustes concretos podrían mover la aguja. Primero: un mecanismo legal que permita a los mineros artesanales acceder a concesiones sin depender de la voluntad del titular privado — ya sea a través de concesiones estatales destinadas específicamente a la pequeña minería o de un régimen de acceso regulado. Segundo: transferencia de capacidad técnica real a los gobiernos regionales, con sistemas digitales de gestión de expedientes y personal especializado que no dependa de los ciclos electorales. Tercero: un plazo fijo y no prorrogable para resolver los 9 413 expedientes suspendidos, con consecuencias administrativas claras si no se cumple.

Sin esos cambios, el número seguirá cayendo. Y cada minero que sale del proceso no desaparece: vuelve a la informalidad con menos confianza en el Estado y con más herramientas para evadir los sistemas de control. Eso no es un problema de política minera. Es un problema de gobernabilidad territorial que Perú no puede seguir postergando mientras administra una cartera de proyectos formales valuada en más de US$53,000 millones.

El 92% que Gallo mencionó en Expomina no es un dato técnico. Es el límite hasta donde ha llegado un modelo de formalización que nunca resolvió su contradicción central: pedirle a un minero que se formalice sobre un terreno que legalmente no le pertenece.