Crimen organizado en La Rinconada: rescatan a 12 mineros secuestrados en Puno

Doce trabajadores de la contrata minera JM pasaron horas secuestrados dentro de una bocamina en La Rinconada, Puno, mientras la organización criminal Los Primos recibía a balazos a los efectivos policiales que intentaban recuperar el control del acceso. El rescate fue exitoso. Pero el episodio deja una pregunta que el sector no puede ignorar: ¿qué tan profundo ha penetrado el crimen organizado en la minería informal de la sierra peruana?

Una bocamina como rehén: los hechos en La Rinconada

La intervención policial en el centro poblado La Rinconada, a más de 5,100 metros sobre el nivel del mar en la región Puno, no fue un operativo de rutina. Los efectivos encontraron resistencia armada desde el primer momento. Los presuntos integrantes de Los Primos abrieron fuego contra los agentes, lo que convirtió una operación de rescate en un enfrentamiento activo dentro de una zona de extracción informal. El saldo operativo fue positivo: los 12 trabajadores secuestrados salieron con vida, y en el registro del área se decomisaron municiones y 180 explosivos.

La cifra de los explosivos no es menor. En cualquier operación minera, 180 unidades representan un arsenal con capacidad para causar daño masivo, colapsar estructuras subterráneas o bloquear accesos de forma permanente. Que ese material estuviera en manos de una organización criminal dentro de una bocamina activa dice todo sobre el nivel de penetración que Los Primos ha alcanzado en La Rinconada.

La contrata JM, cuyos trabajadores fueron víctimas del secuestro, opera en un ecosistema minero que el Estado peruano lleva años intentando formalizar sin éxito sostenido. La Rinconada es emblemática de ese fracaso: es una de las concentraciones de minería aurífera informal más grandes del mundo, con una población que oscila entre 50,000 y 100,000 personas dependiendo de la temporada y del precio del oro, y una institucionalidad casi inexistente en términos de seguridad, salud y regulación laboral.

El patrón criminal que La Rinconada ya conocía

Los Primos no es una organización nueva en el mapa delictivo de Puno. El grupo ha sido documentado en disputas por el control de zonas de extracción, cobros de cupos a operadores informales y actos de violencia contra trabajadores y pequeños mineros que se niegan a pagar. El secuestro de contratistas es una táctica conocida: sirve para presionar pagos, demostrar control territorial o simplemente eliminar competencia en zonas de alta producción.

Lo que distingue este episodio es la escala de la confrontación y la cantidad de material explosivo encontrado. No estamos ante una extorsión de bajo perfil. Estamos ante una organización con capacidad logística, armamento real y la voluntad de enfrentar directamente a las fuerzas del orden dentro de un eje de producción minera.

Ese patrón —crimen organizado con arraigo territorial en zonas de minería informal— es estructuralmente idéntico al que opera en el sur de Colombia, en partes de la Amazonía brasileña y, con variantes propias, en las regiones cocaleras que limitan con zonas auríferas en varios países andinos. La diferencia con La Rinconada es que aquí el Estado peruano tiene nombre puesto en el mapa, tiene registros de producción informal y tiene una historia de intentos fallidos de regulación. La impunidad no es anonimia: es tolerancia acumulada.

El problema estructural: formalización que no llega

Perú lleva más de una década con procesos de formalización minera que avanzan en papel y retroceden en terreno. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ha sido prorrogado repetidamente, con decenas de miles de mineros inscritos que nunca completan el proceso. La Rinconada concentra una parte importante de ese universo: operadores que pagan derechos, tramitan documentos y aun así operan en una zona gris legal donde el Estado no tiene presencia física efectiva.

Esa ausencia tiene un costo directo. Cuando el Estado no cobra derechos, no certifica operaciones ni garantiza seguridad, el vacío lo llena quien puede ejercer fuerza. En La Rinconada, ese actor es Los Primos y organizaciones similares que cobran cupos, controlan accesos a socavones y determinan quién puede trabajar y en qué condiciones. El secuestro de esta semana no es una anomalía: es el mecanismo de gobernanza ilegal funcionando con normalidad, hasta que la policía irrumpe.

El Ministerio de Energía y Minas de Perú (MINEM) ha impulsado en los últimos años instrumentos de gestión ambiental simplificados para pequeña minería, y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha incrementado inspecciones en zonas de alta informalidad. Pero ninguno de esos esfuerzos administrativos tiene traction real en una zona donde los propios inspectores enfrentan riesgos físicos para llegar al área de trabajo. La regulación que no puede aplicarse en campo no regula nada.

Riesgo operativo y señal para el mercado

Desde la perspectiva de un operador formal o de un financiador institucional, La Rinconada ya estaba fuera del mapa de proyectos viables. Ninguna empresa listada en bolsa puede asociar su nombre con una zona donde el crimen organizado controla bocaminas. Pero el episodio sí envía una señal más amplia sobre el sur de Perú y la capacidad del Estado para garantizar seguridad en zonas de producción aurífera informal.

Puno no es Madre de Dios, que desde hace años carga con el estigma de la minería ilegal más violenta del país. Pero la diferencia se acorta. Si Los Primos puede secuestrar a 12 trabajadores, armarse con 180 explosivos y resistir un operativo policial a más de 5,000 metros de altitud, la pregunta que se hacen los operadores con concesiones en zonas adyacentes —o con proyectos en etapa de exploración en Puno— es legítima: ¿cuánto se extiende ese radio de influencia?

Para las empresas con exploración activa en la región, el costo de seguridad ya era un factor relevante en los modelos de viabilidad. Eventos como este no colapsan proyectos de un día para otro, pero sí elevan el diferencial de riesgo que los financiadores aplican a propiedades en Puno. Un proyecto que antes requería una prima de riesgo del 2% puede necesitar el doble si el perfil de seguridad de la región sigue deteriorándose.

Lo que el rescate no resuelve

Los 12 trabajadores están con vida. La policía recuperó el control de la bocamina. Los explosivos fueron decomisados. Por cualquier medida operativa inmediata, el operativo fue un éxito. Pero los líderes de Los Primos no fueron desarticulados, la organización no fue desmantelada y la economía criminal que alimenta ese tipo de grupos —el oro informal de La Rinconada sigue fluyendo hacia circuitos de comercialización que no pasan por ningún control fiscal— permanece intacta.

Perú produce aproximadamente 100 toneladas de oro al año, posicionándose como el segundo mayor productor de América Latina después de México. Una fracción significativa de esa producción pasa por circuitos informales que alimentan a organizaciones como Los Primos. Mientras esa cadena exista, el incentivo para controlar bocaminas por la fuerza no desaparece con un operativo policial, por exitoso que sea.

El Estado peruano necesita más que rescates. Necesita presencia permanente, formalización con dientes y una política de interdicción financiera que persiga el oro ilegal con la misma energía que persiguió la bocamina esta semana. Sin eso, La Rinconada seguirá siendo territorio de quien tenga más fuerza — no de quien tenga mejor título de concesión.