Puntos clave
- Regulación: Reforma Minera 2023 redujo plazos, elevó requisitos de CLPI y otorgó exclusividad exploratoria al SGM
- Impacto México: Acumulación de 25 expedientes en Zacatecas; exploración cayó 11.5% en 2024 frente a parálisis administrativa
- Estrategia sectorial: CAMIMEX convierte demanda de reactivación en argumento de política comercial en renegociación T-MEC
- Ciclo minero: Retrasos de 12-18 meses sin recuperación; mercado global no espera; riesgo competitivo para proyectos en fase de desarrollo
| Tipo de regulación | Reforma Minera 2023; suspensión de renovación de concesiones |
| Entidad | CAMIMEX, Servicio Geológico Mexicano (SGM), Gobierno de She… |
| Vigencia | 2023-2025 |
CAMIMEX puso sobre la mesa una demanda que el sector arrastraba desde 2023: reactivar las concesiones mineras paralizadas y anclar ese proceso a las negociaciones de revisión del T-MEC. El mensaje llegó en el momento más calculado posible. Con Washington y Ciudad de México sentados frente a frente para renegociar el tratado, la cámara minera eligió convertir su reclamo sectorial en argumento de política comercial. Y tiene razón en hacerlo.
El nudo de las concesiones: tres años de acumulación
La Reforma Minera de 2023 transformó el modelo de concesiones en México. Redujo plazos, elevó requisitos de consulta previa, libre e informada (CLPI) y otorgó al Servicio Geológico Mexicano (SGM) capacidad exclusiva de exploración en nuevas zonas. El efecto fue inmediato: la exploración cayó 11.5% en 2024. Muchas empresas con concesiones vigentes enfrentaron incertidumbre sobre renovaciones, trámites suspendidos y tiempos administrativos que se extendieron sin causa técnica justificada.
El backlog se concentró en Zacatecas y Sonora, los dos estados que representan casi el 80% del valor de la producción nacional. En Zacatecas, el rezago llegó a acumular 25 expedientes detenidos. El gobierno de Sheinbaum comenzó a mover esa cifra — llegó a 5 en 2025 — pero el daño ya estaba hecho. Proyectos que debían pasar a fase de desarrollo en 2024 perdieron entre 12 y 18 meses de avance. Cada mes de retraso en el ciclo minero no se recupera: el mercado no espera.
CAMIMEX lleva tiempo señalando que el marco legal post-reforma generó una zona gris entre las concesiones existentes y el nuevo régimen. Las empresas con proyectos en etapas intermedias — ni exploración básica ni producción activa — quedaron atrapadas en esa ambigüedad. La cámara pide que el gobierno defina con claridad qué concesiones se reactivan, bajo qué condiciones y con qué calendario. No es un pedido irrazonable. Es lo mínimo que necesita cualquier operador para calcular su plan de negocio.
El T-MEC como palanca: una jugada que puede funcionar
La revisión del T-MEC abre una ventana que el sector minero mexicano no puede dejar pasar. Estados Unidos necesita minerales críticos — litio, cobre, plata, zinc — y los necesita fuera de la órbita china. México tiene reservas, tiene infraestructura y tiene acceso preferencial al mercado norteamericano. Esa combinación vale mucho en el tablero geopolítico actual, pero solo si México puede garantizar que la producción fluya.
El Plan México-EUA de Minerales Críticos, firmado el 4 de febrero de 2026, estableció exactamente ese marco: integrar la producción minera mexicana en las cadenas de suministro del USMCA. Marcelo Ebrard lleva ese argumento a Washington. CAMIMEX, con esta petición, le está dando munición adicional: si quieren minerales, necesitan certeza jurídica sobre las concesiones. Sin concesiones activas, no hay producción. Sin producción, no hay integración de cadenas. El argumento es lineal y difícil de refutar.
Lo que CAMIMEX entiende — y el gobierno debe entender — es que la revisión del T-MEC no es solo una negociación arancelaria. Es una oportunidad para reposicionar a México como proveedor estratégico de primer nivel. Eso requiere demostrar que el aparato regulatorio funciona. Un backlog de concesiones no es un detalle administrativo. Es una señal de riesgo que los analistas de Toronto y los directivos de Sonora leen igual.
El cobre y la plata como argumentos de Estado
México produce una de cada cuatro onzas de plata del mundo. Con 6,300 toneladas en 2024, cerró otro año récord. También es el décimo productor mundial de cobre — un metal que Estados Unidos necesita de forma urgente para su transición energética e infraestructura eléctrica. Estos datos no son estadísticas de industria: son argumentos de Estado en una negociación de tratado comercial.
Buenavista del Cobre, operada por Grupo México en Sonora, es una de las minas de cobre a cielo abierto más grandes del mundo. Las Chispas, adquirida por Coeur Mining en 2024 por 1,700 millones de dólares, produce plata de alta ley en ese mismo estado. Peñasquito — Newmont, Zacatecas — es la mayor mina de oro en México y una productora significativa de plata. Estos activos generan divisas, empleos y valor fiscal. Pero también son vulnerables a cualquier indefinición sobre el régimen de concesiones que los sostiene.
Si CAMIMEX logra que la reactivación de concesiones quede explícitamente vinculada a compromisos bilaterales de cadena de suministro en la revisión del T-MEC, habrá convertido un reclamo gremial en política exterior. Eso tiene un valor que va mucho más allá de esta negociación puntual.
Lo que el gobierno Sheinbaum tiene que decidir
El gobierno de Claudia Sheinbaum heredó una reforma minera diseñada con otra lógica política. AMLO priorizó el control estatal, la restricción de concesiones privadas y el discurso de soberanía sobre recursos naturales. Sheinbaum no puede desmantelar eso sin costo político, pero sí puede operacionalizarlo de forma que no paralice la inversión. Y en eso ha mostrado más pragmatismo que su antecesor.
La reducción del backlog en Zacatecas fue una señal. La apertura al modelo mixto en litio — frente a la nacionalización pura que propugnó AMLO — fue otra. El plan bilateral de minerales críticos fue la más clara. La pregunta es si el gobierno está dispuesto a dar el siguiente paso: emitir lineamientos claros sobre qué concesiones se reactivan, bajo qué proceso y con qué tiempos. Eso no requiere reformar la ley. Requiere voluntad administrativa.
La SCJN tiene pendiente aún su resolución sobre la constitucionalidad de la Reforma Minera 2023. Varios amparos corporativos siguen activos. Si la Corte emite un fallo restrictivo sobre alguna disposición clave — el monopolio del SGM en nuevas zonas, por ejemplo — el gobierno tendrá que ajustar el marco de todas formas. Actuando ahora, Sheinbaum puede ordenar el proceso antes de que lo fuerce un fallo judicial.
El costo de no mover ficha
El Fraser Institute ubicó a México en el lugar 49 global en su índice de atractivo para inversión minera en 2024, subiendo desde el puesto 74. Es una mejora real, pero el margen es engañoso. En LATAM, Chile, Perú y Brasil compiten con marcos regulatorios más estables. Colombia y Ecuador están construyendo ventajas comparativas con proyectos de cobre en etapas avanzadas. Si México no consolida su posición ahora, los flujos de capital exploratorio migran.
Pedro Rivero, presidente de CAMIMEX, tiene razón en presionar este momento. La inversión minera en México alcanzó 5,060 millones de dólares en 2024, según datos de la propia cámara. Esa cifra puede crecer — o estancarse — dependiendo de lo que pase en los próximos meses con las concesiones y con el T-MEC. Cada día que pasa sin claridad regulatoria es un día en que un proyecto en Sonora o Zacatecas no toma decisiones de inversión.
CAMIMEX no pide subsidios ni excepciones. Pide que el sistema funcione. Esa es la demanda más difícil de ignorar — y la que el gobierno tiene menos excusas para no atender.
