Argentina apunta a triplicar exportaciones mineras a US$ 30.000 millones hacia 2033-2034

Seis proyectos listos para comenzar construcción. Exportaciones que podrían triplicarse. Una ventana de oportunidad que, si el entorno macroeconómico no se estabiliza, puede cerrarse antes de que Argentina la atraviese. Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), lanzó una proyección que el sector lleva tiempo esperando escuchar desde el poder privado: las exportaciones mineras del país podrían superar los US$ 30.000 millones entre 2033 y 2034, casi el triple del nivel actual. La cifra es ambiciosa. Y tiene sustento. Pero también tiene condiciones.

Una base real, no una promesa vacía

Las exportaciones mineras argentinas cerraron 2024 en torno a los US$ 10.000 millones, concentradas principalmente en oro, plata y litio. Triplicar ese número en menos de una década no es un ejercicio de voluntarismo: requiere que los seis proyectos identificados por la CAEM efectivamente pasen de etapa de prefactibilidad o factibilidad a construcción activa, y que lo hagan en un entorno donde el financiamiento internacional, los precios de los commodities y el marco regulatorio local se muevan en la misma dirección.

El portafolio de proyectos que sostiene esa proyección ya tiene nombres y dueños. Los Azules, de McEwen Mining, con una inversión proyectada que supera los US$ 3.000 millones en San Juan, apunta a convertirse en uno de los depósitos de cobre más importantes de Sudamérica. Josemaría, de Lundin Mining, otro gigante cuprífero en San Juan. La expansión de Veladero, donde Barrick Gold trabaja junto a Shandong Gold con US$ 400 millones comprometidos. Y la cartera de proyectos de litio que ya no son solo promesas: Olaroz de Arcadium Lithium en Jujuy produce, y el Salar del Hombre Muerto avanza con capital institucional detrás.

Cada uno de esos proyectos representa miles de millones de dólares en inversión extranjera directa. Juntos, configuran un ciclo de expansión que, si se materializa en los plazos estimados, transformaría el perfil exportador de Argentina de forma estructural, no coyuntural.

El RIGI como palanca, no como garantía

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es la apuesta más visible del gobierno de Javier Milei para atraer capital minero a escala. Vigente hasta 2027, el régimen ofrece estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años, libre disponibilidad del 100% de las divisas generadas por exportaciones —con un esquema progresivo desde el inicio de la producción— y protección contra cambios normativos adversos. Para un sector que tiene ciclos de inversión de 10 a 15 años, esa estabilidad no es un beneficio marginal: es el prerrequisito para que el capital decida entrar.

El RIGI ya tiene adhesiones concretas. Varios proyectos mineros han iniciado o anunciado sus procesos de adhesión al régimen, lo que técnicamente les da acceso a sus beneficios incluso si el gobierno cambia antes de 2027. Esa es la arquitectura legal que hace que la proyección de Cacciola no sea solo optimismo sectorial: hay estructuras jurídicas que blindan parte del ciclo de inversión frente a la volatilidad política que históricamente ahuyentó capital en Argentina.

Pero el RIGI resuelve el problema regulatorio, no el macroeconómico. Argentina sigue operando con un esquema cambiario complejo —cepo parcial, tipos de cambio diferenciados— que complica la repatriación de utilidades para empresas que no accedieron al régimen, y que genera incertidumbre en los márgenes operativos de quienes sí lo hicieron pero aún no producen. El costo de construir en un país con inflación estructuralmente alta y un mercado de crédito doméstico roto es un factor que los modelos financieros de las compañías internacionales ya incorporan, pero que eleva el umbral de rentabilidad mínima exigida para invertir.

Cobre: el metal que redefine la apuesta argentina

Históricamente, el oro dominó las exportaciones mineras argentinas. Veladero, operado por Barrick en San Juan, marcó durante años el tono del sector. Pero la siguiente ola de proyectos tiene al cobre en el centro, y eso cambia la ecuación de manera sustancial.

Los Azules y Josemaría, ambos en San Juan, son proyectos de escala mundial. Si los dos avanzan a construcción y producción en los plazos proyectados, Argentina pasaría de ser un actor marginal en el mercado global del cobre a convertirse en un productor de relevancia en el contexto latinoamericano, compitiendo en la misma liga que Ecuador —que ya opera Mirador— y aportando volúmenes que el mercado necesita ante el déficit estructural proyectado para la segunda mitad de esta década.

La demanda de cobre no es una hipótesis. La electrificación de la movilidad, la expansión de redes eléctricas y la construcción de infraestructura de datos —centros de procesamiento para inteligencia artificial incluidos— requieren volúmenes de cobre que el mundo no produce hoy en cantidad suficiente. El USGS estima que la demanda global de cobre crecerá entre 50% y 70% hacia 2040 respecto a los niveles de 2023. Argentina, con reservas cuantificadas que apenas empiezan a desarrollarse, tiene una ventana de entrada al mercado que difícilmente se repita en los próximos 20 años.

Litio: producción real, pero aceleración pendiente

El Triángulo del Litio —Salta, Jujuy, Catamarca— posiciona a Argentina como el cuarto productor mundial del mineral, detrás de Australia, Chile y China. Pero la brecha entre reservas y producción efectiva sigue siendo enorme. Argentina tiene aproximadamente 20 proyectos de litio en distintas etapas de desarrollo, pero la mayoría aún no produce una sola tonelada de carbonato o hidróxido para exportación.

Olaroz, operado por Arcadium Lithium en Jujuy, es el proyecto más maduro. Salar del Hombre Muerto, de la misma compañía, avanza hacia producción. Pero el ritmo de conversión de proyectos en etapas avanzadas a producción comercial ha sido más lento que las proyecciones iniciales. Los problemas no son únicamente regulatorios: las dificultades de infraestructura en el noroeste argentino —rutas, energía, agua industrial— elevan los costos logísticos y de construcción de forma significativa.

Además, el mercado del litio atraviesa un ciclo de precios deprimidos respecto a los picos de 2022-2023. El carbonato de litio, que llegó a cotizarse por encima de los US$ 80.000 por tonelada, opera hoy en niveles sustancialmente menores, lo que presiona los márgenes de los proyectos con costos de producción más elevados. Argentina, con salares de menor concentración que los chilenos en algunos casos, enfrenta un desafío de competitividad por costos que no existía cuando los precios estaban en máximos históricos.

San Juan y Catamarca: el peso territorial del salto exportador

Hablar de exportaciones mineras argentinas por US$ 30.000 millones es hablar, sobre todo, de San Juan y Catamarca. Esas dos provincias concentran la mayor parte de la infraestructura minera activa y de los proyectos en desarrollo. El salto proyectado por la CAEM no distribuye sus beneficios de forma uniforme en el territorio nacional: los concentra en economías provinciales que ya dependen estructuralmente de la minería como motor fiscal y de empleo.

San Juan, donde operan Veladero, y donde se desarrollan Los Azules y Josemaría, generaría el grueso del incremento exportador si los proyectos cupríferos avanzan según lo previsto. El impacto en términos de empleo directo e indirecto, de proveedores locales y de recaudación provincial sería de magnitud transformadora para una economía de las dimensiones de San Juan. Catamarca, por su parte, tiene en el litio —y en proyectos auríferos como Agua Rica, hoy fusionado en el esquema MARA— su principal apuesta de largo plazo.

La proyección de Cacciola, en este sentido, es también una hoja de ruta para el desarrollo productivo regional. No solo un número de exportaciones: una apuesta sobre qué tipo de Argentina industrial y exportadora puede construirse desde las provincias del oeste y el noroeste en la próxima década.

La condición que nadie puede garantizar

Triplicar exportaciones en menos de diez años requiere que la mayoría de las variables clave —precios, financiamiento, permisos, infraestructura, estabilidad macroeconómica— se muevan en la dirección correcta de forma simultánea. Argentina tiene un historial que complica esa simultaneidad.

El RIGI es un avance real. El gobierno de Milei ha demostrado, al menos en el discurso y en la velocidad de aprobación de algunos marcos normativos, que la minería es una prioridad estratégica. Pero la Ley de Glaciares sigue generando incertidumbre legal en proyectos ubicados en zonas de alta montaña. Los plazos de otorgamiento de permisos ambientales no se redujeron de forma estructural. Y la estabilidad política necesaria para que los proyectos que arrancan construcción hoy lleguen a producción plena en 2033 exige una continuidad institucional que ningún análisis puede dar por garantizada.

US$ 30.000 millones en exportaciones mineras cambiarían el perfil de Argentina como actor global en minerales críticos. La proyección de la CAEM no es fantasiosa. Pero tampoco es automática. La distancia entre un portafolio de proyectos listos para construir y un sector exportador consolidado de esa magnitud se mide en decisiones de inversión que aún no se tomaron, en permisos que aún no se otorgaron, y en una macroeconomía que todavía necesita demostrar que puede sostener ciclos de largo plazo sin interrupciones. Las empresas lo saben. Por eso miran a Argentina con interés genuino y con precaución simultánea.