Corrupción en Madre de Dios: Fiscal ambiental y policías detenidos por financiar minería ilegal

Un fiscal especializado en delitos ambientales y tres agentes de la Policía Nacional del Perú cayeron detenidos en Madre de Dios durante un megaoperativo de la Dirección contra la Corrupción (Diviac). No fueron arrestados por perseguir la minería ilegal. Fueron arrestados por servirla. El operativo desarticuló doce presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los Lecheros del Puerto”, investigada por desviar combustible hacia dragas y motobombas que operan sin permiso en una de las zonas amazónicas más devastadas del mundo.

El combustible como arteria del crimen ambiental

La minería ilegal en Madre de Dios no funciona sola. Necesita logística, insumos y, sobre todo, impunidad institucional. El combustible es su sistema circulatorio: sin diésel ni gasolina, las dragas auríferas se detienen, las motobombas no succionan sedimento y las retroexcavadoras no abren nuevas frentes de explotación. Cortar ese flujo es, en teoría, uno de los mecanismos más efectivos para asfixiar la operación ilegal.

Por eso el esquema de “Los Lecheros del Puerto” no era un negocio marginal. Era una pieza estructural del ecosistema criminal que ha destruido más de 95,000 hectáreas de bosque amazónico en esa región, según datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Cada litro desviado era un litro que sostenía una operación que el Estado peruano lleva décadas intentando desmantelar sin éxito sostenido.

Lo que diferencia esta detención de otras es la calidad de los detenidos. Que el canal de abastecimiento incluía a un fiscal ambiental —el mismo funcionario encargado de perseguir y judicializar los delitos que facilitaba— y a tres policías que presumiblemente garantizaban que el combustible llegara sin obstáculos revela la profundidad de la penetración institucional.

La institución que debía perseguir el delito, dentro del delito

La participación de un fiscal especializado en materia ambiental tiene implicancias que van más allá del caso puntual. El Ministerio Público peruano tiene fiscalías especializadas en delitos ambientales precisamente porque la minería ilegal en la Amazonía requiere capacidad técnica y coordinación interinstitucional específica. Esos fiscales son, en papel, los operadores jurídicos que deben sostener los casos contra mineros ilegales, tramitar las órdenes de interdicción y garantizar que las evidencias recopiladas por la Policía Ambiental sean admisibles.

Cuando uno de esos fiscales está presuntamente dentro de la red criminal, el daño no se limita al caso individual. Se extiende hacia atrás: ¿cuántas investigaciones previas comprometió? ¿Cuántas órdenes de interdicción llegaron tarde, o no llegaron? ¿Cuántas coordinaciones con otros fiscales o con el Poder Judicial fueron usadas como inteligencia por la organización criminal? Son preguntas que el Ministerio Público deberá responder, y que la Diviac tendrá que investigar con la misma agresividad con la que actuó en el operativo.

La presencia de tres efectivos de la PNP agrava el cuadro. Madre de Dios tiene una dinámica operativa donde los controles de combustible, los puestos de verificación y los operativos de interdicción dependen directamente de la Policía. Agentes corruptos en ese contexto no solo facilitan el delito: activamente lo blindan.

Madre de Dios: laboratorio y fracaso del Estado ambiental peruano

La región de Madre de Dios concentra uno de los fenómenos de destrucción ambiental más documentados del hemisferio. La minería ilegal de oro —conocida localmente como minería informal o MAPE ilegal— opera en zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, en áreas cercanas al Parque Nacional del Manu y a lo largo de corredores fluviales donde la normativa de exclusión existe en papel pero no en la práctica.

El Estado peruano ha lanzado múltiples ciclos de formalización sin resultados definitivos. El proceso de interdicción —que implica destruir maquinaria y cortar suministros a operaciones ilegales— ha tenido episodios de efectividad puntual, pero la minería ilegal se reorganiza con rapidez notable. La razón estructural es que la cadena de corrupción la protege en cada eslabón: fiscales, policías, autoridades regionales y, en algunos casos, funcionarios del gobierno central.

El oro extraído ilegalmente en Madre de Dios entra en circuitos de lavado que eventualmente lo conectan con exportaciones formales. La SUNAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han identificado empresas exportadoras que mezclan oro legal e ilegal, pero la persecución penal ha sido fragmentada. Mientras el oro sale, el mercurio —usado para amalgamar y separar el metal— contamina ríos y comunidades indígenas con consecuencias sanitarias que los estudios del MINAM han documentado durante años sin que se traduzcan en acciones de escala suficiente.

Lo que el operativo revela sobre el modelo de captura institucional

La Diviac actuó. Eso es relevante porque la División contra la Corrupción es una unidad especializada dentro de la PNP que opera con cierta autonomía operativa y ha tenido historial de resultados en casos de alta complejidad. Pero el operativo también plantea preguntas sobre el modelo de inteligencia que lo hizo posible y sobre por qué tomó el tiempo que tomó llegar hasta aquí.

La organización “Los Lecheros del Puerto” no era un actor nuevo. Las redes de abastecimiento de combustible hacia la minería ilegal en Madre de Dios son conocidas en el sector desde hace años. Las propias comunidades indígenas de la zona han denunciado ante el SERNANP y ante fiscalías locales la presencia de camiones cisterna que abastecen operaciones ilegales sin que ningún control efectivo los detuviera. Que hoy haya doce detenidos, incluyendo al fiscal y a los policías, sugiere que la inteligencia existía o se fue construyendo progresivamente, y que la decisión de ejecutar llegó cuando la evidencia fue suficientemente sólida para sostener el caso ante el Poder Judicial.

El proceso judicial que viene no será simple. Un fiscal detenido activa automáticamente mecanismos de protección corporativa dentro del Ministerio Público —no necesariamente por complicidad, sino por el peso institucional de imputar a uno de los propios. La Fiscalía de la Nación deberá demostrar que el caso avanza sin dilaciones y sin que la defensa del imputado utilice sus conocimientos del sistema para erosionar la cadena probatoria.

El costo regulatorio de la corrupción ambiental

Para los inversionistas del sector minero formal que operan o evalúan proyectos en el sur y oriente del Perú, este caso tiene una lectura específica. La corrupción institucional en Madre de Dios no afecta directamente sus concesiones en Arequipa o Cusco, pero sí erosiona la credibilidad del marco regulatorio ambiental peruano como un todo.

Cuando un fiscal ambiental está en la nómina de una organización criminal, la pregunta que se hacen los comités ESG en Toronto o Londres no es sobre ese fiscal en particular. La pregunta es sobre la solidez del sistema de fiscalización al que sus operaciones están sometidas. ¿Qué garantiza que los procedimientos de evaluación ambiental, los monitoreos de cumplimiento y las resoluciones de autorización no están igualmente permeados? Esa pregunta no tiene respuesta institucional satisfactoria en el corto plazo, y el costo de la duda lo pagan también las empresas que operan dentro de la ley.

Perú tiene una cartera de proyectos mineros por desarrollar que supera los 53,000 millones de dólares, según datos del Ministerio de Energía y Minas. Atraer capital para convertir esa cartera en producción exige algo que los anuncios de inversión no pueden sustituir: certeza de que las instituciones del Estado que regulan, fiscalizan y judicializan el sector funcionan con integridad mínima. Cada fiscal detenido por servir a una red criminal amplía esa brecha.

La Diviac cumplió su trabajo. El operativo en Madre de Dios es una señal de que la capacidad de respuesta existe. Lo que falta es que esa capacidad se convierta en sistema, no en episodio.