En el marco de la 15ª Conferencia Internacional de Minería en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos envió una señal doble al sector y al gobierno federal: solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para coordinar la respuesta al crimen organizado en la Sierra Tarahumara, y reafirmó el compromiso de su administración con los 86 proyectos mineros activos en la entidad. El escenario no es menor. Chihuahua concentra aproximadamente el 12% de la producción minera nacional — plata, zinc, plomo — y sus principales yacimientos, incluidos Naica y Cozamin, operan en zonas que hoy comparten geografía con laboratorios de metanfetaminas desmantelados en operativos coordinados entre el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado.
El operativo y lo que revela sobre el entorno operativo minero
El desmantelamiento de uno de los puntos más grandes de elaboración de metanfetaminas del país, ubicado en la Sierra Tarahumara, no es un dato periférico para la industria. Es una confirmación de lo que ejecutivos y analistas ya tenían documentado: las zonas de mayor potencial minero en Chihuahua coexisten con corredores de crimen organizado de alta intensidad. TD Cowen emitió alertas explícitas sobre el riesgo operativo en Zacatecas y Chihuahua a inicios de 2026, y el secuestro y muerte de trabajadores de Vizsla Silver en Sinaloa en enero de ese año elevó la sensibilidad del sector a este tipo de incidentes.
La respuesta de Campos tiene una lógica institucional clara. Al reconocer públicamente la labor del Ejército y la FGE en un foro minero, la gobernadora conecta la narrativa de seguridad con la narrativa de inversión. El mensaje implícito es directo: el Estado tiene capacidad de respuesta, y el sector minero no opera en un vacío institucional. Pero la solicitud de reunión con Sheinbaum añade una capa más profunda: Chihuahua necesita coordinación federal sostenida, no operativos puntuales.
Para los operadores mineros en la sierra, la distinción importa. Un operativo exitoso despeja un laboratorio. Una coordinación permanente cambia el cálculo de riesgo en las decisiones de inversión a largo plazo. Son dos horizontes temporales completamente distintos.
86 proyectos activos: qué hay detrás del número
Campos citó 86 proyectos mineros activos en la Sierra Tarahumara con un valor de producción superior a los 52,000 millones de pesos. La cifra es significativa y merece contexto. Chihuahua no es solo Naica — el depósito de selenita más espectacular del mundo — ni solo Cozamin, la mina de cobre-plata subterránea de Capstone Copper que opera a profundidades de más de 600 metros. La base productiva del estado es más diversa y más distribuida territorialmente que la de Sonora o Zacatecas, lo que la hace simultáneamente más resiliente y más difícil de proteger.
Esa distribución geográfica en la sierra implica que las rutas de acceso, los campamentos de exploración y los puntos de acopio quedan expuestos en zonas donde la presencia institucional del Estado ha sido históricamente intermitente. No es un juicio político: es una descripción del terreno. Las mismas condiciones que hacen de la Sierra Tarahumara una región geológicamente rica — aislamiento, topografía compleja, escasa infraestructura vial — son las que facilitan la instalación de laboratorios de drogas sintéticas lejos del radar de las autoridades.
Para las empresas que operan en la región, el costo de ese entorno no aparece en los estados financieros de forma directa. Aparece en los seguros de personal, en los protocolos de evacuación, en la rotación de trabajadores que prefieren operar en estados con menor exposición, y en las primas de riesgo que los financiadores aplican a proyectos con activos en esa geografía.
La solicitud a Sheinbaum: más que protocolo político
Que la gobernadora de un estado de oposición solicite formalmente una reunión con la presidenta federal en un contexto de seguridad no es un gesto rutinario. Chihuahua y el gobierno federal han tenido fricciones en materia presupuestal y de coordinación institucional. La solicitud de Campos, hecha pública precisamente en un foro minero, tiene una función comunicativa específica: demostrar al sector que el gobierno estatal tiene voluntad y capacidad de interlocución con el nivel federal, y que no dejará que las diferencias políticas bloqueen la gestión de riesgos que afectan directamente a la inversión privada.
Desde la perspectiva regulatoria y de política sectorial, la reunión solicitada podría derivar en acuerdos de coordinación más formales entre la Secretaría de Seguridad federal, el Ejército, la FGE de Chihuahua y las empresas mineras. CAMIMEX, bajo la presidencia de Pedro Rivero, ya estableció una mesa de seguridad con el gobierno federal tras los incidentes de Sinaloa. Chihuahua tiene ahora argumentos concretos — un operativo exitoso, un foro de visibilidad internacional, y una solicitud formal documentada — para ser parte activa de ese mecanismo.
El gobierno de Sheinbaum ha mostrado un perfil más pragmático que su antecesor en el trato con el sector minero. El Plan México-EUA de Minerales Críticos, firmado el 4 de febrero de 2026, y la reducción del backlog de permisos en Zacatecas son señales de que la administración federal entiende que la minería es un activo estratégico, no un pasivo político. En ese marco, una reunión con la gobernadora de Chihuahua — el tercer estado productor del país — tiene lógica de política pública, no solo de cortesía institucional.
Chihuahua en el mapa de la inversión minera 2026
El contexto internacional añade presión al argumento. Con el oro sostenido por encima de los 3,100 dólares por onza y la plata manteniendo niveles que no se veían desde 2011, los proyectos en etapa de exploración y desarrollo en la Sierra Tarahumara tienen una ventana de financiamiento más favorable que la que existía hace tres años. El problema es que esa ventana solo se activa si el entorno de seguridad permite a los equipos de exploración operar con continuidad.
Varios proyectos en Chihuahua están en etapas de prefactibilidad y factibilidad donde cualquier interrupción operativa — por seguridad, por problemas de permiso, o por incertidumbre sobre la coordinación institucional — puede desplazar meses de trabajo y comprometer los calendarios de financiamiento. Para un proyecto junior con capital limitado, seis meses de retraso en una temporada de campo pueden significar la diferencia entre cerrar una ronda de inversión o no cerrarla.
La Reforma Minera de 2023, cuya constitucionalidad sigue pendiente de resolución en la SCJN, ya impactó la exploración nacional con una caída del 11.5% en 2024. Chihuahua absorbió parte de ese golpe. La señal que Campos envió en la conferencia — 86 proyectos activos, coordinación con el Ejército, voluntad de diálogo con la presidenta — apunta a contrarrestar esa narrativa de riesgo con datos de operación y disposición política.
La Sierra Tarahumara como zona de convergencia de riesgos
Naica, Cozamin y los proyectos de zinc-plomo-plata que puntean la sierra representan una base productiva que el estado no puede permitirse perder. Pero la región enfrenta una convergencia de riesgos que ningún operativo aislado resuelve: crimen organizado con capacidad logística sofisticada, infraestructura vial limitada, comunidades indígenas con derechos de consulta reforzados por la reforma de 2023, y un marco hídrico que la nueva Ley de Aguas de 2026 hace más exigente. Cada uno de esos factores, por separado, es manejable. Juntos, exigen una estrategia de Estado, no declaraciones en conferencias de prensa.
Si la reunión entre Campos y Sheinbaum se concreta y produce acuerdos operativos concretos — presencia militar sostenida en corredores mineros, protocolos de respuesta ante incidentes de seguridad, compromisos de agilización de permisos ambientales — la señal para el mercado será clara. Si queda en una foto y un comunicado genérico, el sector lo leerá exactamente así. Los inversionistas institucionales que financian proyectos en la sierra ya tienen esa distinción incorporada en sus modelos de riesgo. Chihuahua necesita más que buenas intenciones declaradas en un foro: necesita mecanismos de coordinación que funcionen cuando el siguiente laboratorio aparezca, o cuando el siguiente trabajador quede varado en un camino cortado.
