Lupaka Gold Corp. escaló su disputa con el Estado peruano a tribunales de Estados Unidos. La empresa informó que presentó una acción en la Corte de Distrito federal del Distrito de Columbia, en Washington, para ejecutar el laudo del CIADI que obtuvo en 2025. La compañía calcula que el monto, con intereses, ya ronda los US$68.65 millones y sigue creciendo mientras Perú no paga.
El expediente judicial confirma la fecha y el lugar. La demanda quedó registrada el 27 de febrero de 2026 en la corte federal de Washington, con Lupaka como demandante y la República del Perú como demandada. El registro del caso identifica la materia como “arbitraje” y anexa como evidencia el laudo, el tratado Canadá–Perú y la Convención del CIADI.
En lo inmediato, la estrategia apunta a una meta concreta. Lupaka quiere que un juez estadounidense reconozca la ejecutabilidad del laudo bajo la Convención del CIADI y la ley federal que la instrumenta. En su comunicación pública, la empresa sostuvo que el tribunal que conoce una ejecución de este tipo revisa autenticidad y hace cumplir obligaciones. Lupaka afirmó que no existe duda sobre esa autenticidad.
La puerta que abre ese reconocimiento suele interesar más que el trámite mismo. Una vez que el laudo se equipara a una sentencia ejecutable, el acreedor busca activos que permitan cobrar. Lupaka lo dijo con claridad: espera iniciar acciones para embargar activos peruanos dentro de Estados Unidos. También anticipó acciones en otras jurisdicciones, lo que sugiere un cobro multipaís.
Qué ordenó el CIADI y por qué el monto sigue subiendo
El tribunal del CIADI emitió el laudo el 30 de junio de 2025. En su parte resolutiva, el panel concluyó que Perú incumplió obligaciones del tratado comercial con Canadá, incluidas la protección y seguridad plenas y el trato justo y equitativo. El tribunal también determinó expropiación en violación de disposiciones del acuerdo.
En dinero, el tribunal fijó una compensación principal de US$40.4 millones, más intereses compuestos. También ordenó reembolsar costos y gastos por US$4.215 millones, con su propio esquema de intereses. El mismo texto del laudo describe tasas diferenciadas y capitalización anual, lo que explica el crecimiento acelerado del saldo.
La firma de abogados que representó a la minera divulgó en 2025 otro dato clave para dimensionar el caso. El laudo reflejó el valor de mercado de la inversión a agosto de 2019, momento en el que Lupaka perdió el control del proyecto tras la falta de respuesta estatal. Esa referencia ayuda a entender por qué el debate ya no se limita a una protesta, sino al daño económico total del negocio.
Para 2026, el peso de los intereses ya cambió el titular. En su actualización del 2 de marzo, Lupaka reportó un monto aproximado de US$68,648,774. La empresa vinculó esa alza al interés significativo que el tribunal concedió y a la demora en el pago. Esa cifra queda a un paso del umbral de US$69 millones que ya domina la discusión pública.
El conflicto social de Invicta y el punto fino de la responsabilidad estatal
El caso gira alrededor del proyecto aurífero Invicta y de un conflicto con la Comunidad Campesina de Parán. El laudo ubica a Parán como una comunidad rural registrada en una región montañosa, a unos 120 kilómetros al noreste de Lima. El documento también describe una economía local basada en agricultura, con énfasis en duraznos y, en menor medida, aguacates.
El expediente arbitral da contexto sobre un debate que en Perú resulta cotidiano. Funcionarios peruanos declararon que las empresas mineras deben obtener y mantener “paz social” y licencia social con comunidades locales. El tribunal recogió ese punto, pero luego analizó si el Estado actuó con la diligencia que exige el tratado cuando el conflicto rebasó el ámbito del diálogo.
El laudo también matiza la narrativa de “empresa ausente” que a veces aparece en disputas de esta naturaleza. El tribunal señaló evidencia de contactos y comunicación entre Invicta y la comunidad, incluso con iniciativas ligadas a agua y técnicas agrícolas. El texto recoge que, hacia finales de 2016, ambas partes parecían cerca de un acuerdo con beneficios para la comunidad.
Luego vino el giro político local, según el propio laudo. La elección de nuevos liderazgos en enero de 2017 endureció la postura comunitaria y elevó exigencias económicas. El tribunal consignó una demanda de pago de 300,000 soles como condición previa para negociar, asociada a aulas escolares. El conflicto escaló después y terminó por paralizar la operación.
En mi opinión, este punto resulta central para la minería latinoamericana. La licencia social importa y define el día a día del proyecto, pero el Estado no puede limitar su papel a observar. Cuando una disputa deriva en toma de instalaciones, amenazas o bloqueo sostenido, el regulador y las fuerzas del orden enfrentan una obligación. Deben proteger derechos sin criminalizar el reclamo social legítimo. Ese equilibrio cuesta, pero cuesta más cuando el Estado lo posterga y termina en arbitraje.
Señal para el clima de inversión y para la propia agenda minera de Perú
La demanda llega en un momento sensible para la promoción minera del país. Lupaka afirmó que esperaba el pago antes de la conferencia PDAC en Toronto, un escaparate global donde gobiernos y empresas compiten por capital. La empresa advirtió que la industria tomará nota del incumplimiento al ponderar riesgos. Aunque esa frase responde a un interés corporativo, describe un reflejo real del mercado: los proyectos se financian con percepciones.
Perú no necesita perder atractivo para pagar caro. El país se mantiene como exportador relevante de cobre y oro, con cadenas de proveedores maduras y experiencia operativa. Precisamente por eso, un impago en un laudo del CIADI envía una señal contradictoria. Un inversionista puede aceptar conflictividad social, porque conoce la región, pero exige previsibilidad institucional.
También vale la pena mirar el efecto espejo en otros países mineros, incluido México. La región compite por presupuestos de exploración y por financiamiento, en un entorno donde permisos, consulta social y seguridad física pesan tanto como la geología. Un caso como Lupaka vs Perú recuerda que la gobernanza territorial ya forma parte del costo de capital. No basta con tener yacimiento; hay que sostener reglas y rutas de solución de conflictos.
Para la industria minera, el episodio deja una lección incómoda pero útil. Los tratados y el arbitraje protegen inversiones cuando el conflicto se sale de control, pero ese mecanismo llega tarde y quema reputación en todos los frentes. La salida más barata casi siempre nace antes: mesas creíbles, compromisos verificables y presencia estatal que garantice derechos, tanto de comunidades como de operadores. El laudo incluso registra que la empresa redujo el tamaño del plan minero, al dejar atrás una idea de tajo abierto y avanzar hacia una operación subterránea menor, con aprobación del ministerio. Esa clase de ajustes suele formar parte del paquete que hace viable un proyecto.
Ahora la discusión se traslada a la ruta del cobro. Si un juez estadounidense confirma la ejecución, el siguiente paso exigirá identificar activos no protegidos por inmunidad soberana y con uso comercial. Ese proceso suele abrir otra etapa de litigio técnico. Pero el costo reputacional se activa desde ya, sobre todo cuando la minería busca capital paciente y reglas claras.
