La justicia de Bahía volvió a mover una de las operaciones más relevantes del oro latinoamericano en 2026. Un tribunal estatal dejó sin efecto la decisión que frenaba la venta de activos brasileños de Equinox Gold a CMOC, una transacción valuada en hasta US$1.015 millones. El giro no cierra el litigio, pero sí devuelve viabilidad inmediata a un negocio que el mercado ya daba por ejecutado desde enero.
El paquete vendido incluye la mina Aurizona, en Maranhão, la mina RDM, en Minas Gerais, y el Bahia Complex, en Santaluz. Reuters reportó en diciembre que ese complejo integra Fazenda y Santa Luz. Equinox informó después que cerró la venta el 23 de enero y recibió US$900 millones al cierre. La compañía podrá cobrar hasta US$115 millones adicionales en enero de 2027, sujetos a metas de producción.
El dato clave es la forma en que Equinox estructuró la operación. La minera explicó en diciembre que la transacción avanzó mediante la venta de acciones de subsidiarias no brasileñas que controlaban indirectamente los activos locales. Ese detalle no elimina la disputa contractual en Bahía, pero sí ayuda a entender la defensa posterior de Equinox y CMOC. Las empresas sostienen que no hubo una cesión directa del arrendatario del derecho minero.
La disputa nació en Bahía, no en el resto del portafolio vendido. La estatal CBPM sostuvo que la operación se realizó sin su anuencia previa, pese a que el contrato de arrendamiento exige notificación y control estatal. El juez Dario Gurgel de Castro aceptó esa tesis en primera instancia el 3 de marzo. También ordenó restricciones sobre cualquier cesión, transferencia o reorganización societaria vinculada al activo. Además, fijó la entrega de documentos en 15 días y notificó a la ANM.
El fundamento de esa primera decisión no fue menor. CBPM divulgó que el juez trató el contrato como un acuerdo con rasgos administrativos, nacido de una licitación y ligado a derechos minerales de titularidad estatal. Esa lectura elevó el peso del interés público dentro del caso. También convirtió el expediente en algo más amplio que un pleito entre compañías. Lo transformó en una prueba relevante sobre gobernanza minera subnacional en Brasil.
Ese frente cambió esta semana. BNamericas reportó que la justicia bahiana anuló la decisión que suspendía el proceso de venta. Una nota de DC News, basada en Folhapress, precisó que el desembargador Cláudio Césare Braga Pereira aceptó los recursos de Equinox y CMOC y reactivó la operación. El magistrado mantuvo, sin embargo, la obligación de presentar documentación sobre la estructura societaria y la transacción.
La razón jurídica del giro también importa. Según DC News, el desembargador consideró que los cambios societarios en grandes empresas son comunes y no prueban, por sí solos, una maniobra para violar el contrato. Ese punto favorece la tesis de Equinox y CMOC. Las compañías argumentaron que Santa Luz Desenvolvimento Mineral siguió como arrendataria, mientras el cambio ocurrió aguas arriba, en la cadena de control. CBPM mantiene la lectura opuesta.
El corazón del caso, por lo tanto, no está en la existencia del yacimiento ni en la capacidad operativa de las minas. Está en cómo debe leerse un contrato público cuando cambia el control corporativo indirecto. Si prevalece la lectura de las empresas, Brasil refuerza la idea de que una reorganización no equivale automáticamente a una transferencia prohibida. Si domina la tesis de CBPM, futuras compras de activos arrendados a entes estatales exigirán una revisión contractual todavía más estricta.
Eso explica por qué el mercado siguió este expediente con tanta atención. No se trata de un activo marginal. Equinox había descrito sus operaciones brasileñas como una unidad con flujo de caja y guidance de 250.000 a 270.000 onzas para 2025. Su MD&A reportó después una producción de 258.905 onzas en 2025, dentro de ese rango. La disputa alcanzó minas en producción. También tocó empleo industrial, contratistas y programas de exploración alrededor de activos ya operativos.
CMOC tampoco compra una apuesta remota. Compra operaciones activas en tres estados brasileños y un complejo aurífero que ya estaba integrado al circuito productivo. DC News recordó además que la compañía china ya tiene presencia en Brasil con otras operaciones mineras. Esa combinación ayuda a explicar el interés del comprador. No entra para especular con un permiso. Entra para ampliar escala, continuidad operativa y presencia territorial en un país que sigue atrayendo capital minero internacional.
Para Equinox, el desenlace también pesa en el balance. La empresa vendió Brasil para simplificar portafolio, enfocarse en Norteamérica y aliviar la deuda. Tras cerrar la operación, pagó más de US$800 millones de deuda y redujo su deuda neta a alrededor de US$150 millones. Eso explica su interés en blindar una desinversión que ya forma parte de su estrategia financiera. No es un detalle menor. Es una pieza central de su reordenamiento corporativo.
Brasil no pierde atractivo por este episodio. Lo que muestra es otra cosa. En proyectos complejos, la debida diligencia debe llegar hasta el último contrato de arrendamiento estatal. Para compradores globales, esa capa jurídica pesa tanto como la geología y la metalurgia. Para los estados, el caso recuerda que la defensa del interés público gana fuerza cuando los contratos están claros desde el origen. Esa doble lección puede parecer incómoda, pero en realidad fortalece a la minería formal. Obliga a ordenar mejor las reglas antes del cierre, no después.
Desde una perspectiva sectorial, eso importa mucho. La minería necesita inversión, pero también necesita certidumbre regulatoria para sostener empleos, regalías y cadenas de suministro locales. Un conflicto judicial que delimita responsabilidades y luego permite seguir operando suele generar más valor que un bloqueo indefinido. Bahía no gana si un activo productivo queda atrapado entre interpretaciones sin salida. Tampoco gana Brasil si un proceso de compraventa se vuelve imprevisible para cualquier operador extranjero.
Nada de esto significa que el pleito terminó. La audiencia sigue prevista para el 30 de marzo y el fondo del litigio todavía espera resolución. Bahía conserva su ofensiva judicial. CMOC recupera margen para asumir activos clave. Equinox gana oxígeno para defender una venta que ya cerró en lo económico y financiero. En el corto plazo, el mensaje más claro es uno: el caso pasó de un bloqueo abrupto a una disputa más acotada y administrable. Para el oro brasileño, eso ya cambia mucho.
