El Congreso Internacional Minero Sinaloa 2026 no se detuvo. El encuentro arrancó en Mazatlán y mantiene actividades del 17 al 19 de marzo en el Mazatlán International Center. La decisión llegó después de semanas de tensión por el caso de los trabajadores de Vizsla Silver desaparecidos en Concordia, del que siete fueron localizados sin vida. Con ese contexto encima, autoridades estatales y organizadores optaron por sostener el evento y enviar una señal de continuidad a una industria que hoy opera bajo presión pública y empresarial.
El mensaje oficial se apoya en una idea concreta. La minería sigue siendo una actividad relevante para Sinaloa. El secretario de Economía del estado, Feliciano Castro Meléndrez, afirmó que la entidad mantiene 35 proyectos mineros entre exploración y operación. También sostuvo que el sector genera alrededor de 2 mil empleos permanentes. En un momento de alta sensibilidad, esa postura busca evitar que la conversación pública reduzca toda la actividad a un episodio criminal, aunque el golpe reputacional para la plaza es evidente.
La agenda del congreso también explica por qué el sector quiso mantenerlo en pie. El programa contempla charlas sobre el potencial geológico de Sinaloa, mecanismos de financiamiento para fortalecer la cadena de valor y herramientas tecnológicas para la operación minera. Entre los temas anunciados aparecen el uso de drones para la gestión de información territorial y los retos de la nueva legislación del agua. Además, el encuentro abrió un pabellón de negocios para proveedores y empresas de servicios. Mazatlán quiso mostrarse, así, como una sede capaz de sostener diálogo técnico, comercial y regulatorio al mismo tiempo.
Sin embargo, la realidad también apareció sin maquillaje. Durante la inauguración, la organización reportó 120 expositores y una asistencia menor a la prevista. Ignacio Cano, presidente de la AIMMGM en Sinaloa, reconoció que el congreso recibió cerca del 50 por ciento de lo esperado. Explicó que varios corporativos limitaron viajes por alertas internas. Aun con ese recorte, llegaron representantes de empresas nacionales y extranjeras, con presencia de Canadá, Estados Unidos, Australia, Perú, Colombia, Chile y República Dominicana. El dato revela un interés que persiste, pero también una cautela que ya afecta decisiones operativas.
El arranque del evento evitó cualquier tono triunfalista. Antes de la inauguración formal, los asistentes rindieron homenaje a siete trabajadores identificados tras el hallazgo de fosas clandestinas en El Verde, Concordia. Hubo un minuto de silencio y un minuto de aplausos. La escena colocó el tema donde corresponde. La minería puede hablar de inversión, innovación y empleo, pero no puede hacerlo como si el factor humano fuera una nota secundaria. El caso Concordia entró al congreso no solo como antecedente, sino como una herida abierta para todo el sector.
Ese homenaje marcó el tono político de la reunión. Rubén de Jesús del Pozo, presidente nacional de la AIMMGM, pidió a las autoridades garantizar seguridad y Estado de derecho en las regiones mineras. Su llamado no fue retórico. La seguridad define traslados, seguros, permanencia de contratistas y ritmo de inversión. También condiciona la vida diaria de quienes trabajan en campamentos y frentes de exploración. Por eso, el congreso dejó una conclusión inmediata. La industria quiere seguir en Sinaloa, pero necesita reglas que se cumplan y territorio donde la ley tenga presencia real.
Hay una razón económica detrás de esa insistencia. La minería no mueve solo capital de las empresas titulares. También activa servicios de perforación, geología, mantenimiento, transporte, proveeduría industrial y consultoría técnica. En el caso de Vizsla Silver, el gobierno estatal ha insistido en que la compañía no abandonará Sinaloa y que su proyecto Pánuco sigue firme. Ese desarrollo está enfocado en plata y oro. Por eso, sostener el congreso también funcionó como una defensa del valor productivo que la actividad extractiva todavía representa para varias zonas del estado.
Ahora bien, mantener el evento no resuelve el problema de fondo. La continuidad del congreso sirve como mensaje político y empresarial, pero no sustituye resultados en seguridad. Tampoco repara la pérdida humana del caso Concordia. La prueba para Sinaloa comienza después de los discursos, cuando toque garantizar rutas seguras, operación estable y confianza suficiente para que los proyectos no entren en pausa cada vez que la violencia se impone. Ahí se jugará la diferencia entre un estado con potencial minero y un estado donde invertir se vuelve demasiado costoso.
Mazatlán funcionó, en ese sentido, como escaparate y termómetro. El puerto reunió a proveedores, autoridades y especialistas, pero también expuso el tamaño del daño reputacional. Hubo actividad, sí, pero con cancelaciones. Hubo presencia internacional, sí, pero por debajo de la expectativa. Hubo un discurso de continuidad, pero acompañado por un reclamo frontal de justicia y seguridad. Esa mezcla describe mejor el momento actual del sector minero en Sinaloa que cualquier consigna de optimismo automático. La industria conserva argumentos económicos, pero hoy depende de condiciones básicas que no puede garantizar por sí sola.
La señal final del Congreso Internacional Minero Sinaloa 2026 resulta clara. La minería no salió de la conversación económica del estado y tampoco abandonó Mazatlán como vitrina de negocios. Sin embargo, la permanencia del capital ya no depende solo del potencial geológico ni del precio de los metales. Depende de que el Estado recupere certidumbre en el territorio. Mientras esa tarea siga pendiente, cada congreso, cada proyecto y cada anuncio de inversión llegarán acompañados por la misma pregunta: si Sinaloa puede ofrecer desarrollo minero sin pedirle a sus trabajadores que operen bajo amenaza.
La pieza no debe vender el congreso como una postal de normalidad. El dato importante es otro. Sinaloa decidió no ceder el espacio público de la minería, incluso cuando el sector llegó herido a su principal escaparate del año. Esa decisión protege la conversación sobre inversión y empleo, pero al mismo tiempo eleva la presión sobre las autoridades estatales y federales.
Visto con frialdad, la industria aún conserva un argumento económico sólido en la entidad. Lo que ya no admite demora es la parte institucional. Sin seguridad, cualquier cartera de proyectos pierde valor y cualquier congreso corre el riesgo de quedarse en gesto simbólico. El sector cumplió al mantener el evento. Ahora falta que el Estado responda con resultados verificables.
