El Congreso del Estado de Durango colocó en la agenda pública un tema que suele quedarse dentro de los tribunales. Durante una sesión ordinaria, la diputada Rocío Rebollo Mendoza reconoció la aportación de las mujeres que integran el Poder Judicial y sostuvo que su presencia ha fortalecido la impartición de justicia en la entidad. No se trató de un gesto menor. El mensaje llegó en un momento en que la confianza en las instituciones depende, cada vez más, de su capacidad para representar a la sociedad completa.
La intervención legislativa se dio en el marco del Día Internacional de las Juezas, una fecha que la ONU fijó para el 10 de marzo. Esa conmemoración no nació como un simple reconocimiento simbólico. Naciones Unidas la impulsó para visibilizar el papel de las juezas en la promoción del Estado de derecho, la igualdad y la integridad judicial. En otras palabras, el pronunciamiento de Durango se insertó en una conversación global que ya no gira solo alrededor de la presencia femenina, sino de su influencia concreta en la calidad de la justicia.
Rocío Rebollo fue directa en el fondo del asunto. Señaló que la presencia de mujeres en los tribunales amplió la representación dentro del sistema judicial. También afirmó que esa presencia enriqueció la forma en que la sociedad concibe, interpreta y aplica la justicia. La idea merece atención. Cuando un poder público incorpora trayectorias, experiencias y perspectivas distintas, no solo cambia su composición interna. Cambia también su forma de leer los conflictos y de responder a ellos.
La legisladora subrayó además que la calidad de la impartición de justicia depende de la preparación, la experiencia y la formación de quienes integran los tribunales. Ese matiz importa. El reconocimiento no descansa en una lógica de cuota vacía. Descansa en la valoración de una carrera judicial que exige estudio, disciplina y consistencia. En ese terreno, la discusión deja de ser identitaria y se vuelve institucional. Lo que está en juego no es un favor político. Lo que está en juego es la fortaleza del sistema judicial.
El propio Congreso recordó por qué este debate sigue vigente. Durante décadas, la impartición de justicia se asoció casi por completo con los hombres. El acceso de las mujeres a la educación superior y al estudio del derecho avanzó más tarde y con mayores obstáculos. Esa barrera histórica explica por qué la llegada femenina a los espacios de decisión judicial no ocurrió de manera automática. Llegó a partir de luchas acumuladas, cambios culturales y trayectorias profesionales que debieron abrirse paso dentro de estructuras poco permeables.
En ese contexto, la mención de Lilia Isáis Chávez tuvo un peso político y simbólico evidente. Rebollo la recordó como la primera mujer en presidir el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Durango. El dato no solo rescata una trayectoria personal. También marca un punto de inflexión en la historia institucional del estado. Cada precedente de este tipo opera como una señal interna para nuevas generaciones de abogadas, secretarias, proyectistas y funcionarias judiciales que buscan ascender con mérito propio.
La diputada llevó esa idea al terreno presente. Señaló que hoy muchas mujeres juristas trabajan desde distintos espacios del ámbito legal y se preparan para asumir mayores responsabilidades. Mencionó a secretarias de acuerdos, proyectistas y servidoras judiciales que sostienen su carrera con estudio, disciplina y vocación. Ese pasaje resulta especialmente relevante porque desplaza el foco del cargo visible hacia la estructura cotidiana del Poder Judicial. Allí, en los equipos técnicos y en la carrera interna, se define buena parte del relevo real.
Los datos nacionales ayudan a medir el tamaño del avance y también sus límites. El INEGI reportó que, al cierre de 2023, las mujeres representaban el 29.4 por ciento de las personas juzgadoras en el ámbito federal. En el ámbito estatal, la proporción subió a 44.1 por ciento. La misma fuente señaló que entre 2010 y 2023 aumentó la participación femenina tanto en tribunales federales como estatales. El progreso existe. Sin embargo, todavía no describe una paridad plena en todos los niveles de decisión.
Ese contraste coincide con lo que organismos internacionales han observado en México. Naciones Unidas en México advirtió en 2024 que la representación femenina en el sistema judicial todavía enfrenta desafíos importantes. Señaló además que muchas mujeres se concentran en puestos administrativos y no necesariamente en los espacios donde se imparte justicia o se toman decisiones. El problema, entonces, ya no consiste solo en abrir la puerta de entrada. Consiste en asegurar ascensos, permanencia y liderazgo en los niveles donde se define el rumbo institucional.
La discusión también toca la legitimidad de los tribunales. ONU México destacó que la participación activa de las mujeres en la impartición de justicia garantiza diversidad y empuja un cambio cultural más amplio. La magistrada Lilia Mónica López Benítez sostuvo, en ese mismo marco, que la presencia de juezas eleva la legitimidad de los tribunales y comunica disposición para escuchar y resolver con equidad. Ese punto enlaza con la afirmación de Rebollo sobre la confianza ciudadana. La justicia no solo debe ser técnica. También debe ser creíble para quienes acuden a ella.
México, además, ya introdujo herramientas para empujar ese cambio. ONU México recordó que en 2019 se adoptó el Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Más recientemente, el INE fijó criterios de paridad para la asignación de cargos en la elección judicial federal extraordinaria de 2024-2025. Entre esos criterios figura la asignación alternada por género y, en varios casos, el inicio con una mujer. Ese dato confirma que la conversación sobre justicia y paridad dejó de ser discursiva. Hoy también atraviesa reglas, procedimientos y diseño institucional.
Desde esa perspectiva, el pronunciamiento del Congreso de Durango acierta al reconocer trayectorias y antecedentes. Pero ese reconocimiento no debería agotarse en la ceremonia política. La carrera judicial necesita rutas claras de promoción, evaluaciones consistentes, formación especializada y condiciones laborales que no castiguen la maternidad ni los cuidados. Naciones Unidas ha señalado que muchas juzgadoras enfrentan dobles jornadas y obstáculos estructurales para avanzar. Si el sistema quiere más mujeres en posiciones de decisión, debe corregir esos frenos con políticas concretas.
Durango tiene ante sí una oportunidad institucional valiosa. Recordar a Lilia Isáis Chávez y reconocer a las juzgadoras actuales ayuda a ordenar una narrativa pública distinta. Esa narrativa no presenta la presencia femenina como una concesión. La presenta como una condición de calidad democrática y de mejor justicia. En un país donde la exigencia de legalidad convive con altos niveles de desconfianza, cada paso que fortalezca la independencia, la preparación y la representatividad del Poder Judicial merece atención seria.
La señal que salió del Congreso duranguense, en suma, tiene un valor que rebasa el homenaje. Pone en el centro a mujeres que ya sostienen parte del trabajo judicial y que aspiran, con legitimidad, a encabezar juzgados y tribunales. También recuerda que una justicia más equitativa no nace de los discursos, sino de instituciones que saben reconocer talento, abrir espacios y convertir la igualdad en práctica cotidiana. Ahí se juega, en buena medida, la fortaleza futura del Estado de derecho en Durango.
