San Juan volvió a mover una pieza decisiva en su agenda minera. La provincia aprobó la actualización del Informe de Impacto Ambiental de Josemaría y otorgó la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente. La resolución mantiene vigente el permiso ambiental principal del proyecto y le da continuidad formal a una iniciativa que ocupa un lugar central en la cartera cuprífera argentina. El expediente pasó por la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero y cerró una revisión unificada que había comenzado el 20 de agosto de 2025.
El dato no resulta menor. En minería, la aprobación ambiental no funciona como un trámite accesorio. Marca el punto en el que la autoridad provincial valida información técnica, programas de control, medidas de manejo y cambios operativos previstos para el siguiente período. En el caso de Josemaría, la evaluación reunió la primera y la segunda actualización del informe ambiental de la etapa de explotación. Esa modalidad, aplicada bajo el Decreto 07/2024, permitió resolver el proceso en menos de seis meses, según la información difundida en San Juan.
La novedad tampoco debe leerse como una autorización aislada. Josemaría ya contaba con una DIA previa y ahora aseguró la vigencia de ese permiso mediante su actualización bianual. Ese detalle importa porque confirma dos cosas al mismo tiempo. Primero, que la provincia decidió sostener una ruta administrativa continua para sus proyectos de cobre. Segundo, que el control ambiental no se agotó en la autorización original, sino que sigue sujeto a revisiones periódicas sobre cumplimiento, cambios relevantes y desempeño de la gestión ambiental.
Josemaría se ubica en el departamento Iglesia y forma parte del distrito Vicuña, una de las áreas de cobre, oro y plata más prometedoras de la cordillera. Lundin Mining define ese distrito como una alianza estratégica con BHP, con participación mitad y mitad, para desarrollar Josemaría y Filo del Sol. Ambos yacimientos se encuentran a unos 10 kilómetros de distancia y la empresa trabaja sobre una lógica de desarrollo integrado. Esa cercanía explica por qué cada avance regulatorio en Josemaría repercute sobre una escala productiva mucho más amplia.
El estudio técnico integrado que Lundin Mining presentó en febrero de 2026 refuerza esa idea. La primera etapa del plan parte de Josemaría y contempla una mina a cielo abierto con concentradora de sulfuros. La capacidad inicial prevista alcanza 175,000 toneladas por día y luego podría ampliarse hasta 293,000 toneladas diarias con la incorporación de Filo del Sol. La compañía calculó para esa primera fase un capital inicial de 7,100 millones de dólares y un cronograma de desarrollo de 40 meses, incluida la puesta en marcha. En otras palabras, la aprobación ambiental en San Juan no abre un proyecto marginal. Despeja una parte clave del camino para una inversión de escala continental.
Ahora bien, conviene separar avance regulatorio de decisión final de construcción. La aprobación de la DIA actualizada fortalece la certeza jurídica del proyecto, pero no equivale al arranque automático de obras a gran escala. El propio estudio integrado señala que Vicuña todavía debe completar permisos sectoriales, resolver enmiendas y avanzar en definiciones de inversión. También necesita consolidar infraestructura crítica. Allí aparecen el tendido eléctrico, los accesos, la logística hacia puertos chilenos y, en una fase posterior, la desalinización y los sistemas de transporte asociados. La señal es positiva, pero el proceso aún exige ejecución fina y coordinación binacional.
Ese contexto explica por qué San Juan defendió la aprobación como un paso institucional, no sólo administrativo. Argentina no produce cobre desde 2018, pese a que concentra varios proyectos relevantes sobre la franja andina. Reuters reportó en 2025 que ocho iniciativas cupríferas podrían llevar el valor de las exportaciones mineras del país hasta 15,400 millones de dólares en 2030, con 5,200 millones explicados sólo por cobre si la hoja de ruta oficial se concreta. Josemaría figura entre los proyectos más avanzados de ese paquete. Por eso cada validación técnica en San Juan también se interpreta como una señal económica para Buenos Aires, para los proveedores locales y para el mercado internacional.
Desde la óptica productiva, el atractivo resulta evidente. El estudio de Vicuña estima que, durante la producción, el proyecto podría aportar alrededor de 965 millones de dólares anuales y 69,000 millones a lo largo de su vida útil en impuestos y regalías para la economía argentina. Durante la construcción, la estimación promedio ronda 5,500 empleos directos y 19,000 indirectos. Esas cifras parten de proyecciones empresariales y no de resultados consumados, así que merecen leerse con prudencia. Aun así, muestran el tamaño de la oportunidad. También muestran por qué San Juan insiste en presentar al cobre como una palanca de inversión, infraestructura y desarrollo proveedor.
El punto delicado sigue siendo el mismo de siempre: la calidad del control ambiental. Josemaría opera en un ambiente andino de altura, con condiciones semiáridas, vegas sensibles y especies de interés para la conservación. El estudio integrado de Vicuña reconoce además trabajos extensos sobre clima, hidrología, geología, biodiversidad, calidad del aire, arqueología, paleontología y criología. La actualización ambiental aprobada por San Juan revisó la gestión aplicada hasta ahora, verificó el cumplimiento de exigencias previas e identificó hechos nuevos o cambios relevantes para los próximos dos años. Ese enfoque no elimina el debate, pero sí fija un criterio correcto: la licencia para avanzar debe descansar en información actualizada, monitoreo y capacidad estatal de fiscalización.
Aquí aparece el aspecto más importante de fondo. San Juan no sólo busca atraer capital. Busca probar que puede administrar proyectos complejos con plazos razonables y con exigencia técnica. Esa combinación vale mucho en un mercado que mira costos, tiempos y riesgo regulatorio con la misma atención. La provincia sostiene que ganó eficiencia sin bajar la vara ambiental. Esa tesis todavía deberá validarse en la práctica, pero la aprobación de Josemaría le da un argumento concreto para defenderla frente a inversores, contratistas y comunidades. Un expediente bien resuelto no reemplaza la licencia social. Sin embargo, ayuda a construir previsibilidad, y hoy la previsibilidad pesa casi tanto como la ley del mineral.
El trasfondo internacional también juega a favor del proyecto. La Agencia Internacional de Energía proyectó en 2025 que la demanda total de cobre podría pasar de 26.7 millones de toneladas en 2024 a 31.3 millones en 2030 y 34.1 millones en 2040. El Centro Común de Investigación de la Unión Europea resumió esa tendencia con una frase contundente: la demanda del metal podría casi duplicarse hacia 2040 por su papel en la electrificación y en las tecnologías limpias. Dicho de otro modo, Josemaría avanza en un momento en que el mercado no sólo pide más cobre. También pide abastecimiento confiable, diversificado y con estándares claros.
Por eso esta aprobación importa más de lo que su lenguaje administrativo sugiere. San Juan no anunció producción. Tampoco anunció una construcción inmediata. Lo que hizo fue sostener, con respaldo técnico, la continuidad regulatoria de un proyecto que puede cambiar la escala del cobre argentino. En un país que todavía busca convertir recursos en exportaciones reales, ese paso vale. Vale para la provincia, que refuerza su perfil minero. Vale para Argentina, que necesita nuevos generadores de divisas. Y vale para una cadena de valor que sólo despega cuando el expediente avanza, la infraestructura acompaña y el control ambiental demuestra seriedad todos los días.
