Vicuña Corp., el vehículo conjunto de BHP y Lundin Mining, puso sobre la mesa una de las cifras más ambiciosas para el cobre en Sudamérica. La compañía presentó resultados de un estudio técnico integrado que modela el desarrollo del distrito Vicuña, en la frontera entre Argentina y Chile. El documento perfila una inversión total de alrededor de US$18,000 millones para poner en marcha una operación a gran escala, con una primera etapa que demanda un capex inicial cercano a US$7,000 millones.
El plan integra dos activos que ya captaron la atención del mercado por su tamaño y ley: Josemaría, en la provincia argentina de San Juan, y Filo del Sol, un depósito que se extiende hacia la región chilena de Atacama. Bajo esta lógica, la empresa busca capturar sinergias en infraestructura, ingeniería y operación. El objetivo va más allá de construir una mina. La intención consiste en crear un distrito minero con capacidad de sostener producción por décadas y escalar por etapas.
Un distrito binacional con socios de primer nivel
La estructura corporativa importa porque marca el ritmo del proyecto. Vicuña opera como un arreglo 50/50 entre BHP y Lundin Mining. Esa combinación suma músculo financiero, experiencia en cobre y una lectura pragmática del riesgo país. En proyectos andinos de alta montaña, el acceso al capital y la disciplina en ejecución definen la diferencia entre una promesa y una realidad.
La cercanía geográfica entre Josemaría y Filo del Sol también juega a favor. Los yacimientos se ubican a unos cuantos kilómetros de distancia, en un corredor geológico reconocido por su potencial cuprífero, con oro y plata como coproductos relevantes. Esta vecindad facilita la idea de compartir soluciones logísticas y de procesamiento. También abre la puerta a una huella de infraestructura más racional, siempre que los permisos y las comunidades acompañen.
Qué propone el estudio y por qué pesa tanto el número
El estudio describe una operación de tajo abierto con procesamiento convencional para sulfuros. La primera fase plantea una concentradora con capacidad inicial de 175,000 toneladas por día. Luego contempla una expansión que empuja el tratamiento a 293,000 toneladas por día. La ruta técnica incluye trituración, molienda y flotación para producir concentrado de cobre. El diseño, además, separa el tratamiento de óxidos de Filo del Sol mediante lixiviación en pilas y una planta SX/EW. Con eso, el proyecto podría producir cátodos de cobre de alta pureza y doré de oro.
Las cifras de producción explican el interés. El estudio proyecta, en promedio, 395,000 toneladas de cobre por año durante los primeros 25 años, junto con alrededor de 711,000 onzas de oro y 22.2 millones de onzas de plata anuales en el mismo periodo. En la primera década, la proyección sube a un promedio de 508,000 toneladas de cobre por año, con picos equivalentes que colocan al activo en la conversación global. La propia compañía lo enmarca como un potencial “top cinco” por escala combinada de cobre, oro y plata.
El documento también transparenta supuestos económicos que conviene mirar con calma. El caso base utiliza precios de referencia que lucen elevados frente a promedios históricos, con cobre a US$4.60 por libra, oro a US$3,300 por onza y plata a US$40 por onza. ¿Qué significa eso? El estudio apunta a capturar el escenario de una demanda fuerte por electrificación, redes y centros de datos, pero el mercado no firma cheques con supuestos. Los inversionistas suelen pedir sensibilidad, disciplina y claridad regulatoria.
De la ingeniería al calendario real
Los números grandes siempre se enfrentan al mismo filtro: el tiempo. Reuters reportó que Vicuña espera iniciar producción en 2030, con una planta central en Josemaría y una vida operativa estimada de 25 años para esa base industrial. Ese horizonte obliga a mirar 2026 como un año de definición. La empresa planea avanzar ingeniería, compras tempranas, movimiento de tierras, mejoras de caminos y expansión de campamentos, según reportes sectoriales que siguieron la publicación del estudio.
El gasto anual ya apunta al alza. En otra cobertura, Reuters citó a una directiva de comunicaciones de la compañía al señalar que Vicuña busca invertir alrededor de US$800 millones en 2026, el doble de lo ejercido en 2025. Esa cifra no reemplaza el capex total, pero sí marca intención operativa. También envía una señal a proveedores, contratistas y autoridades: el proyecto quiere acelerar, siempre que permisos e infraestructura no se vuelvan el cuello de botella.
Argentina y el regreso al tablero del cobre
El anuncio de Vicuña cae en un momento sensible para Argentina. El país cuenta con una cartera de proyectos cupríferos relevante, pero dejó de producir cobre cuando cerró Alumbrera en 2018, según Reuters. Desde entonces, el debate se movió entre el potencial geológico y la dificultad de convertirlo en exportaciones. El gobierno de Javier Milei apostó por atraer capital con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, conocido como RIGI. Un análisis de Grant Thornton describe que el esquema ofrece estabilidad y protección por 30 años para proyectos aprobados, además de un marco de certidumbre jurídica que busca resistir cambios regulatorios más gravosos.
El RIGI ya empezó a mostrar tracción en cobre. Reuters reportó que Argentina aprobó el ingreso del proyecto Los Azules, de McEwen Copper, al programa, con una inversión de US$2,700 millones y expectativas de exportaciones relevantes. Glencore, por su parte, anunció solicitudes para incorporar El Pachón y Agua Rica al mismo régimen, con el argumento de que el marco cambió el paisaje de inversión y puede acelerar decisiones en activos de gran escala.
En este contexto, Vicuña no se mueve sola. Compite por capital, equipos y talento en una región donde Chile y Perú llevan ventaja operativa. Argentina ofrece una oportunidad distinta: una base cuprífera prácticamente “nueva” para el mercado, con potencial de crecer desde cero si el país sostiene reglas claras y una ejecución consistente.
Los retos que no caben en una presentación
La alta montaña no perdona. Reuters describió la complejidad de construir caminos y líneas eléctricas a más de 4,200 metros de altura en la zona. Ese detalle técnico se traduce en costo y riesgo. También empuja una conversación clave: quién paga infraestructura compartida y cómo se coordina con provincias y nación. En paralelo, el componente binacional exige alinear cronogramas, permisos y estándares entre Argentina y Chile, con trámites que rara vez corren a la misma velocidad.
El agua y la licencia social también pesan. Vicuña ya presentó actualizaciones de su informe de impacto ambiental y discutió medidas de gestión hídrica con autoridades provinciales, según Reuters. Además, el propio diseño del proyecto considera infraestructura estratégica que podría incluir, en etapas posteriores, una planta desalinizadora y sistemas de transporte y tratamiento de concentrado, de acuerdo con reportes sectoriales sobre el estudio. Todo eso demanda diálogo temprano con comunidades, transparencia en líneas base ambientales y una relación estable con proveedores locales.
Aquí va mi análisis, con los pies en el suelo. El proyecto tiene atributos geológicos raros, y eso lo vuelve valioso en un mundo que busca cobre para electrificación. Sin embargo, el éxito no depende solo de recursos. Depende de convertir un distrito remoto en una operación segura, eficiente y socialmente aceptada. Si Vicuña logra ordenar permisos, infraestructura y cronograma, Argentina podría sumar un ancla cuprífera que cambie su balanza exportadora. Si el proceso se empantana, la cifra de US$18,000 millones se quedará como un titular grande y una decisión aplazada.
