La tensión en torno al control del litio en Chile se intensificó tras las declaraciones del CEO de Tianqi Lithium Corp., Frank Ha, quien afirmó que la empresa aún contempla recurrir al arbitraje internacional por el acuerdo alcanzado entre SQM y la estatal chilena Codelco. El entendimiento entre ambas compañías, anunciado en diciembre de 2023, permitirá que Codelco adquiera una participación mayoritaria en una nueva empresa conjunta que controlará los activos de litio del Salar de Atacama a partir de 2025, aunque SQM conservará la operación hasta 2030.
Tianqi, que posee el 22,16 % de las acciones de SQM desde 2018, sostiene que este pacto se formalizó sin convocar a una votación en la junta de accionistas, lo que —desde su perspectiva— representa una violación a principios básicos de gobernanza corporativa. La empresa china, con sede en Chengdu, considera que decisiones de esta magnitud deben contar con el respaldo accionarial, sobre todo cuando implican cambios estructurales en la composición de control.
En entrevistas concedidas a medios internacionales, Ha calificó como “frustrante” la forma en que se excluyó a los accionistas del proceso, subrayando que Tianqi no fue debidamente consultada ni considerada en la aprobación del acuerdo. Pese a que la compañía presentó una apelación ante la Corte Suprema de Chile —luego de que un tribunal inferior desestimara su solicitud—, las declaraciones más recientes indican que la vía internacional no ha sido descartada.
“El arbitraje internacional sigue siendo una opción sobre la mesa”, afirmó el ejecutivo durante un evento reciente del sector. Tianqi sostiene que esta medida sería coherente con los mecanismos de resolución de controversias establecidos en tratados de inversión vigentes entre China y Chile.
Desde la perspectiva de la empresa asiática, el conflicto no reside en la identidad del socio estatal —es decir, Codelco—, sino en el proceso mediante el cual se decidió la alianza estratégica. El CEO enfatizó que no existe una oposición ideológica al rol del Estado en la explotación del litio, pero sí una preocupación legítima sobre los procedimientos utilizados para modificar la estructura de control de activos estratégicos sin transparencia ni participación accionarial efectiva.
El contexto político chileno también influye en la controversia. El gobierno del presidente Gabriel Boric ha planteado una política nacional del litio que prioriza el control estatal sobre los recursos estratégicos, sin necesariamente excluir al capital privado. La alianza con SQM fue presentada como un modelo de colaboración público-privada, en el que el Estado asume la dirección y supervisión, pero mantiene al operador privado en funciones clave. Sin embargo, la falta de participación del principal accionista extranjero en la aprobación del acuerdo genera dudas sobre la seguridad jurídica de futuras inversiones en el país andino.
Tianqi adquirió su participación en SQM por aproximadamente 4.100 millones de dólares en 2018, en un movimiento que generó debate por el acceso de capital chino a recursos estratégicos en América Latina. Desde entonces, la empresa ha manifestado interés en ampliar su presencia global en la cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos, pero ha enfrentado restricciones regulatorias y resistencias políticas en distintos mercados.
Consultado sobre los pasos futuros, Frank Ha indicó que Tianqi aún está evaluando los escenarios legales, económicos y estratégicos. Cualquier decisión, dijo, se tomará considerando los intereses de los accionistas, la normativa chilena y los tratados internacionales aplicables. A corto plazo, la compañía mantendrá su posición en el directorio de SQM y continuará defendiendo su postura por vías institucionales.
El conflicto, además de reflejar una disputa empresarial, pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre el equilibrio entre soberanía nacional, gobernanza corporativa y atracción de inversión extranjera en sectores estratégicos. La eventual apertura de un proceso de arbitraje internacional no solo afectaría la relación entre Tianqi y SQM, sino que podría sentar precedentes sobre el trato a inversionistas en América Latina.
Desde una óptica minera, el caso merece atención especial. El litio no solo representa un mineral crítico para la transición energética global, sino que también se ha convertido en eje de políticas industriales en diversas regiones. La estabilidad normativa, la certidumbre jurídica y el respeto a la participación accionarial son elementos centrales para mantener flujos de inversión sostenibles y tecnológicamente avanzados.
Cabe señalar que, hasta ahora, ni Codelco ni el gobierno chileno han emitido comentarios oficiales respecto a las amenazas de arbitraje por parte de Tianqi. Tampoco se han reportado modificaciones al cronograma del acuerdo con SQM, el cual prevé la creación de una nueva estructura de control antes de que venza la concesión actual, en 2030.
La comunidad internacional de negocios, especialmente en los sectores de energías limpias y movilidad eléctrica, sigue con atención este caso, que podría definir el estándar de relación entre capital extranjero y política estatal en la industria del litio. Si bien Chile ha sido considerado un país con alta estabilidad jurídica, los recientes cambios regulatorios y esta disputa podrían afectar la percepción de riesgo entre inversionistas estratégicos.
El desenlace de esta controversia será determinante no solo para Tianqi y SQM, sino también para otros actores interesados en participar en la cadena del litio en América Latina. En un momento donde la demanda global se acelera, cualquier obstáculo legal o político puede tener efectos en el suministro global y los precios internacionales.
