En un movimiento que busca reducir la carga regulatoria y eliminar duplicidades burocráticas, los gobiernos de Ontario y Canadá firmaron el 18 de diciembre de 2025 un acuerdo destinado a acelerar la aprobación de proyectos de infraestructura y minería críticos, con especial atención en la región del Ring of Fire. Este pacto establece un nuevo marco para la cooperación intergubernamental en evaluaciones ambientales, con el fin de facilitar el desarrollo económico y asegurar el suministro de minerales estratégicos para la transición energética global.
El anuncio fue realizado conjuntamente por el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el premier de Ontario, Doug Ford. Ambas autoridades señalaron que la colaboración responde a una necesidad urgente de simplificar procesos de aprobación sin debilitar los estándares ambientales. El enfoque adoptado se basa en la política de “un proyecto, una evaluación”, lo que significa que, en lugar de realizar dos estudios separados —uno federal y otro provincial—, se adoptará un único proceso coordinado, dependiendo de la jurisdicción predominante.
El acuerdo, de carácter vinculante, establece criterios claros sobre qué proyectos podrán ser evaluados exclusivamente bajo las normas de Ontario y cuáles requerirán una evaluación federal complementaria. Además, impone plazos definidos, con el objetivo de aportar certeza jurídica y eficiencia operativa, dos factores cruciales para inversionistas y desarrolladores.
Uno de los principales beneficiarios de este nuevo esquema será el desarrollo del Ring of Fire, una zona del norte de Ontario con importantes depósitos de cobalto, níquel, cobre, litio y elementos del grupo del platino. Esta región ha estado en el centro del debate nacional durante más de una década debido a su potencial estratégico, pero también por los constantes retrasos derivados de procesos regulatorios largos y complejos.
El acuerdo estipula que la Autoridad de Evaluación de Impacto de Canadá deberá completar la revisión ambiental de los nuevos corredores viales hacia el Ring of Fire antes de junio de 2026. Estas vías son fundamentales para habilitar el acceso a las zonas donde se localizan los yacimientos, que hoy permanecen prácticamente aislados. Según el gobierno federal, esta infraestructura es clave para garantizar que Canadá pueda posicionarse como proveedor confiable de minerales críticos a sus aliados comerciales.
Desde una perspectiva política, el acuerdo representa un viraje hacia una gestión más coordinada de las competencias compartidas en materia ambiental. Si bien se mantiene la soberanía de cada nivel de gobierno, se crea un mecanismo formal de colaboración que permite aplicar estándares equivalentes y evitar conflictos jurisdiccionales. Para el gobierno de Ontario, este avance fortalece su estrategia minera, que busca consolidar al norte de la provincia como un eje de desarrollo industrial vinculado a la economía verde.
Diversos sectores productivos han recibido el anuncio con optimismo. La Cámara de Comercio de Ontario y asociaciones del sector minero destacaron la importancia de contar con plazos predecibles y procesos más ágiles. En opinión de sus representantes, la inversión en exploración y desarrollo ha sido contenida en parte por la falta de certidumbre regulatoria, lo que ha limitado el aprovechamiento del potencial geológico de la región.
Por otro lado, algunos sectores sociales y representantes de comunidades indígenas han expresado preocupación por el impacto que una aceleración de estos procesos podría tener sobre sus territorios y derechos. Organizaciones como el Consejo Nishnawbe Aski han insistido en que cualquier cambio en el esquema de evaluación debe garantizar consultas plenas, libres e informadas, de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por Canadá.
En respuesta, el gobierno federal aseguró que el nuevo acuerdo no modifica las obligaciones existentes en materia de consulta indígena, y que cualquier evaluación ambiental seguirá considerando los efectos sobre los derechos de las comunidades originarias. Sin embargo, estos compromisos deberán materializarse en la práctica, especialmente en regiones con alta sensibilidad sociocultural y ambiental.
En términos estratégicos, el acuerdo se alinea con la visión canadiense de fortalecer su autonomía en la cadena de suministro de minerales críticos. En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y competencia por recursos, la capacidad de acelerar el desarrollo minero sin sacrificar estándares sociales y ambientales se vuelve una ventaja competitiva. Canadá busca posicionarse como un proveedor clave de insumos esenciales para baterías, tecnologías limpias y sistemas eléctricos de próxima generación.
Este es el tercer acuerdo de este tipo firmado por el gobierno federal con una provincia, después de iniciativas similares en British Columbia y New Brunswick. En todos los casos, se ha buscado generar un marco de colaboración que combine eficiencia regulatoria con salvaguardas ambientales. Ontario, por su peso económico y su potencial mineral, representa el caso más emblemático y con mayores implicaciones nacionales.
El desempeño del nuevo modelo será evaluado a medida que se activen los primeros proyectos bajo este esquema. La comunidad inversionista seguirá de cerca su implementación, particularmente en lo que respecta a plazos efectivos y consistencia en la toma de decisiones. Si los objetivos se cumplen, Canadá podría sentar un precedente útil para otros países que enfrentan desafíos similares entre desarrollo y protección ambiental.
