El proyecto aurífero Minas Conga, operado por Newmont en el norte de Perú, enfrenta una nueva amenaza: la incursión de mineros ilegales en zonas de su concesión. La información fue confirmada por el jefe del gabinete ministerial, Ernesto Álvarez, quien denunció públicamente que se están realizando extracciones irregulares de oro dentro del área del proyecto, estimado en más de 4.800 millones de dólares.
El yacimiento, ubicado en la región de Cajamarca, ha estado paralizado desde hace más de una década por conflictos sociales y ambientales que impidieron el avance de la inversión. Aunque Newmont mantiene activos sus derechos sobre el proyecto, la falta de actividad productiva formal ha facilitado que grupos dedicados a la minería informal ingresen en la zona, operando sin permisos, sin estándares ambientales y fuera del control tributario del Estado.
El gobierno peruano alertó que los mineros ilegales han comenzado a explotar oro utilizando métodos rudimentarios, entre ellos el uso de mercurio, altamente contaminante, en cuerpos de agua cercanos. Estas prácticas generan un daño ambiental profundo en ecosistemas de alta montaña, donde las fuentes hídricas tienen un rol clave para las comunidades locales y la agricultura.
Álvarez advirtió que la situación en Conga no es aislada y forma parte de un patrón más amplio de expansión de la minería ilegal en el país. Grandes empresas con concesiones vigentes, como Southern Copper, MMG o First Quantum Minerals, han reportado problemáticas similares en otras regiones. La presencia de actores informales no solo complica los planes de inversión a gran escala, sino que también incrementa el riesgo de conflictividad social en territorios históricamente marginados.
El proyecto Conga fue uno de los más ambiciosos de la última década. Diseñado como una expansión del complejo aurífero Yanacocha —también operado por Newmont— contemplaba una inversión de miles de millones de dólares, generación de empleo formal y transferencia de recursos fiscales hacia gobiernos regionales. Sin embargo, la oposición de comunidades que temían por la afectación de lagunas y bofedales paralizó su ejecución desde 2011.
Desde entonces, el vacío dejado por la ausencia de operaciones legales ha sido ocupado por actividades informales que, lejos de resolver las preocupaciones ambientales iniciales, han intensificado el impacto negativo sobre el entorno. El ingreso sin control a zonas sensibles y la utilización de técnicas contaminantes como el uso de mercurio y cianuro representan un retroceso en materia de protección ambiental.
Además del deterioro ecológico, el avance de la minería ilegal también supone un desafío para la seguridad del Estado. En varias zonas de Perú se ha documentado la presencia de redes criminales detrás de la extracción y comercialización de oro ilegal, lo que agrava el panorama en términos de gobernabilidad y estado de derecho. Según informes del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, estos grupos están vinculados con lavado de activos y explotación laboral.
En el caso específico de Cajamarca, los reportes oficiales aún no precisan el número exacto de operaciones ilegales detectadas dentro del área de concesión de Conga, pero las imágenes satelitales y las inspecciones preliminares apuntan a una actividad en crecimiento. Esto ocurre en un contexto nacional en el que el oro extraído fuera del circuito formal representa más del 20% del total producido, según estimaciones de organismos especializados como el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Para Newmont, uno de los mayores productores de oro del mundo, esta situación representa un reto reputacional y estratégico. La empresa ha reiterado su compromiso con el desarrollo responsable, respetando los marcos regulatorios locales y priorizando el diálogo con las comunidades. No obstante, su inactividad prolongada en Conga ha generado incertidumbre y ha debilitado su capacidad para retomar el control operativo del terreno.
Desde el punto de vista económico, el caso de Conga ilustra un problema estructural que enfrenta Perú: la incapacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad jurídica y protección de inversiones en regiones ricas en minerales, pero con presencia limitada del aparato estatal. La ausencia de políticas eficaces de formalización minera ha permitido que actores ilegales ocupen espacios donde la minería moderna, con altos estándares técnicos y ambientales, podría aportar a un desarrollo sostenible.
En términos fiscales, la expansión de la minería informal implica una pérdida millonaria de ingresos para el país. Al operar al margen del sistema tributario, estos grupos no contribuyen con regalías ni canon minero, recursos clave para el financiamiento de obras públicas y servicios en zonas rurales. Tampoco ofrecen empleo formal ni condiciones laborales adecuadas, profundizando la precarización social.
El primer ministro peruano remarcó que mientras la minería legal esté paralizada por trabas burocráticas o sociales, la ilegalidad seguirá creciendo. También hizo un llamado a los gobiernos regionales y locales para que colaboren en la recuperación de los espacios concesionados y se sumen a los esfuerzos por contener este fenómeno. De igual manera, instó a las empresas a mantener su presencia activa y a participar en esquemas de inversión social que refuercen su legitimidad frente a las comunidades.
Conga permanece como una muestra palpable de lo que ocurre cuando se interrumpe el desarrollo formal en territorios ricos en recursos. La minería moderna, con procesos auditables y tecnología limpia, contrasta fuertemente con la minería ilegal, que deja a su paso pasivos ambientales, economías informales y en muchos casos, violencia.
La urgencia de retomar el control sobre este tipo de proyectos no solo pasa por decisiones empresariales, sino también por una estrategia estatal coherente que combine seguridad, fiscalización ambiental y mecanismos reales de inclusión social. Mientras tanto, el oro sigue saliendo de la tierra sin control, sin impuestos y sin futuro para las comunidades que habitan esas zonas.
