La Agencia Nacional de Minería (ANM) de Brasil detuvo de forma indefinida el proceso para licitar áreas con potencial en minerales críticos, luego de reconocer que no cuenta con los recursos técnicos ni financieros necesarios para organizar la subasta prevista para 2026. La decisión fue comunicada oficialmente en sesión del consejo directivo de la agencia el 14 de diciembre, generando preocupación entre actores del sector e inversionistas que veían en esta licitación una oportunidad para fortalecer la cadena de suministro global de minerales clave.
El freno al proceso se da pese a que el Ministerio de Minas y Energía había anunciado en julio de 2023 que pondría a disposición del mercado concesiones para explorar 192 áreas con alto potencial en minerales estratégicos, entre ellos litio, níquel, grafito y elementos de tierras raras. La ANM trabajó durante más de un año en el diseño del modelo de licitación y en la recopilación de datos geológicos preliminares, pero los avances se han visto restringidos por la escasez de presupuesto operativo.
José Fernando Gomes Júnior, director general de la ANM, afirmó durante la sesión que “no se aprobarán las normas de licitación ni se continuará con el proyecto hasta que se resuelva la situación financiera”. Este aplazamiento no solo retrasa el calendario técnico previsto por la agencia, sino que introduce incertidumbre respecto a la capacidad institucional del Estado brasileño para desarrollar un marco competitivo en materia de minerales críticos.
La subasta estaba concebida como parte de una estrategia nacional para posicionar a Brasil como un proveedor relevante de insumos para industrias vinculadas a la transición energética. Según datos del propio gobierno, el país alberga alrededor del 22 % de las reservas globales de grafito natural, el 94 % de las reservas conocidas de niobio, así como depósitos significativos de litio y cobalto, todos ellos elementos fundamentales para baterías, turbinas eólicas, imanes permanentes y componentes electrónicos avanzados.
En paralelo al proceso suspendido, el gobierno ha impulsado otras iniciativas regulatorias para promover la agregación de valor local. Actualmente se discute en el Congreso Nacional un proyecto de ley que obligaría a que al menos un porcentaje significativo de los minerales críticos extraídos en territorio brasileño sean procesados en el país. Esta política busca evitar la exportación de materias primas sin transformación y fomentar la creación de cadenas de producción industrial. Si bien este enfoque ha sido respaldado por sectores del gobierno y algunos actores industriales, también ha generado escepticismo entre inversionistas internacionales debido a la posible rigidez que podría imponer al libre mercado.
El aplazamiento también pone presión sobre los esfuerzos del Consejo Nacional de Política Mineral, órgano interministerial creado en 2023 con el objetivo de revisar y actualizar la estrategia minera del país. Entre las prioridades de este consejo se encuentra justamente la estructuración de un plan nacional de minerales críticos, alineado con las necesidades del mercado internacional, la seguridad energética y el desarrollo económico sostenible.
En el contexto global, la demanda por minerales críticos continúa en ascenso, impulsada por la expansión de los sectores de movilidad eléctrica, almacenamiento de energía, tecnología de punta y defensa. Frente a este panorama, diversas economías —como Estados Unidos, Canadá, Australia, la Unión Europea y Arabia Saudita— han intensificado políticas de exploración, incentivos fiscales, acuerdos bilaterales y rondas de licitación para asegurar el suministro de estos materiales esenciales. La interrupción del proceso en Brasil podría interpretarse como una pérdida de oportunidad frente a este escenario competitivo.
El retraso, sin embargo, no anula el atractivo geológico del país ni su potencial de liderazgo regional en minería sostenible. Lo que sí evidencia es la necesidad urgente de reforzar la institucionalidad técnica y financiera de la ANM, un organismo que ha operado históricamente con limitaciones presupuestales pese a su rol estratégico. Según datos de informes parlamentarios brasileños, la ANM ejecutó en 2023 apenas el 60 % de su presupuesto disponible, en parte por restricciones administrativas impuestas desde el Ejecutivo.
Voces del sector privado han reaccionado con cautela. Mientras algunos actores destacan la transparencia con la que se ha comunicado el problema, otros señalan que la falta de previsibilidad en los procesos mina la confianza de largo plazo necesaria para atraer inversiones en proyectos de exploración, que suelen requerir altos capitales y plazos prolongados de maduración.
A diferencia de países como Chile, que ya avanzan con licitaciones específicas para el desarrollo del litio y han establecido acuerdos público-privados con participación internacional, Brasil mantiene un marco institucional más fragmentado. La suspensión de esta licitación no es un hecho aislado, sino parte de un patrón en el que las capacidades del Estado no terminan de alinearse con la ambición estratégica de aprovechar sus recursos naturales en beneficio del desarrollo nacional.
En este escenario, se abre una ventana de oportunidad para revisar las prioridades presupuestarias del Estado, redefinir las funciones de la ANM y, eventualmente, replantear el cronograma y alcance del proceso licitatorio. El interés de empresas nacionales y extranjeras por invertir en Brasil se mantiene, pero exige claridad regulatoria, seguridad jurídica y una ejecución eficiente por parte de las instituciones competentes.
Desde el punto de vista económico, la reactivación de la subasta podría representar ingresos significativos en concepto de concesiones, regalías y desarrollo de infraestructura. En el plano geopolítico, permitiría a Brasil insertarse con mayor fuerza en cadenas de valor regionales e internacionales, especialmente en el contexto del acuerdo UE-Mercosur, aún en discusión. Sin embargo, sin una hoja de ruta clara y con un ente regulador debilitado, el país corre el riesgo de quedar rezagado frente a otros mercados emergentes que avanzan con mayor velocidad.
En definitiva, el aplazamiento de la licitación no cancela la relevancia de Brasil como actor minero, pero sí exige una reflexión seria sobre los recursos y capacidades que el Estado está dispuesto a movilizar para convertir su potencial geológico en desarrollo concreto.
