El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) negó las acusaciones de saqueo de oro realizadas por la empresa Twangiza Mining en la región oriental de la República Democrática del Congo (RDC). La compañía, que anteriormente operaba la mina de oro de Twangiza en la provincia de Kivu Sur, denunció que desde la toma del sitio por parte de los rebeldes en mayo de este año, se han perdido al menos 500 kilogramos de oro y millones de dólares en infraestructura.
La mina de Twangiza, una de las más importantes de la región, había suspendido sus operaciones industriales desde 2021, pero mantenía presencia operativa limitada. Twangiza Mining, subsidiaria del grupo canadiense Banro, afirmó que sus instalaciones fueron ocupadas por el M23, que habría extraído y transportado ilegalmente oro mediante túneles subterráneos y canales informales.
“Estamos hablando de una pérdida mensual estimada de más de 100 kilogramos de oro, lo que representa ingresos multimillonarios desviados a redes fuera del control legal del país”, señaló un vocero de la empresa desde Kinshasa. A esto se suman, según la empresa, unos 5 millones de dólares en pérdidas por equipos destruidos, vehículos, generadores eléctricos y materiales saqueados.
El M23 responde: niega los hechos y acusa al ejército congoleño
El portavoz político del M23, Lawrence Kanyuka, desmintió rotundamente las acusaciones y afirmó que la mina ya no estaba operativa al momento de su llegada. “No tenemos la capacidad ni los medios para operar una mina industrial. Lo que existe en Twangiza es minería artesanal llevada a cabo por civiles”, declaró en un comunicado emitido desde su base.
El grupo, considerado una de las principales fuerzas rebeldes en el este de la RDC, responsabilizó además al ejército congoleño de haber bombardeado instalaciones de la mina recientemente, específicamente una estación eléctrica atacada por drones el 15 de octubre. Según el M23, este hecho habría causado víctimas civiles, aunque no se han ofrecido cifras verificables ni se ha podido confirmar de manera independiente.
Estas acusaciones mutuas reflejan la creciente tensión en una región históricamente golpeada por conflictos armados, explotación ilegal de recursos y débil presencia estatal. Tanto el gobierno central como actores internacionales observan con preocupación el posible vínculo entre minería informal, financiamiento de grupos armados y violaciones a los derechos humanos.
Minería y conflicto: una relación de décadas
El este de la RDC alberga vastas reservas de oro, coltán, estaño y otros minerales estratégicos. Sin embargo, gran parte de esta riqueza ha sido históricamente explotada de manera informal o controlada por grupos armados. Según informes de Naciones Unidas, entre 60% y 80% del oro extraído en el este del Congo se comercializa fuera de los canales legales.
En el caso de Twangiza, la mina había sido una de las apuestas más ambiciosas de inversión extranjera directa en la región. Tras diversos conflictos y problemas financieros, Banro vendió su participación, y la mina quedó operativamente estancada. La presencia de trabajadores artesanales no ha cesado, en una zona donde el Estado tiene poca capacidad de fiscalización.
Desde la ocupación de la mina por el M23, la empresa asegura haber perdido control total sobre el sitio. Según fuentes locales, las operaciones artesanales continúan, pero sin supervisión ni condiciones laborales adecuadas. La situación agrava aún más los problemas de trazabilidad del oro, pues resulta prácticamente imposible determinar qué cantidad ha salido del país por rutas ilegales.
Implicaciones legales e internacionales
Twangiza Mining anunció que está preparando una demanda de arbitraje internacional para exigir reparaciones al Estado congoleño, con base en acuerdos de protección a la inversión extranjera. También solicitará que el caso sea examinado por organismos multilaterales para exponer lo que considera una “violación sistemática de los derechos comerciales y de propiedad”.
El gobierno de la RDC, por su parte, ha guardado silencio hasta el momento. No ha emitido declaraciones oficiales sobre las acusaciones ni sobre los ataques a infraestructura reportados por la empresa y el M23.
En el contexto actual, la inseguridad jurídica representa uno de los mayores retos para el desarrollo minero formal en el país. Pese al enorme potencial geológico, la falta de garantías legales, el control territorial difuso y la corrupción desalientan la inversión.
¿Hay salida para la minería en el Congo?
A pesar del escenario sombrío, la minería sigue siendo una de las pocas vías reales de desarrollo económico para el este del Congo. Si se logra restaurar el Estado de derecho, establecer esquemas de seguridad compartida e integrar a las comunidades locales en proyectos regulados, la actividad minera puede convertirse en una herramienta de estabilidad y prosperidad.
Desde esta perspectiva, el caso Twangiza no solo representa una pérdida financiera, sino un llamado de atención urgente. La RDC necesita mecanismos más robustos para proteger sus recursos, garantizar los derechos de los inversores legales y cortar los vínculos entre la minería y los conflictos armados.
El oro puede brillar más allá de su valor económico. En regiones como Kivu Sur, representa también una oportunidad de reconstrucción y reconciliación. Pero esa posibilidad solo será viable si se desmilitariza la economía minera y se refuerzan los pilares institucionales.
