En un movimiento que ha sorprendido al sector minero internacional, Hilaire Diarra, quien hasta hace unas semanas representaba a Barrick Gold en las complejas negociaciones con el gobierno de Malí, ha sido nombrado consejero especial del presidente maliense. La designación fue confirmada por el Ministerio de Minas y formalizada en un decreto firmado a finales de agosto.
Diarra ocupaba el cargo de director general en la mina de oro Tongon, en Costa de Marfil, una de las operaciones clave de Barrick en África Occidental. Sin embargo, su nueva posición al lado del presidente maliense subraya la creciente tensión entre la multinacional canadiense y el Estado africano.
Las conversaciones entre ambas partes han sido duras. Desde 2023, Malí busca implementar un nuevo código minero que incrementa la carga tributaria y otorga una mayor participación gubernamental en la explotación de sus recursos. Este tipo de medidas forma parte de una estrategia más amplia de nacionalismo de los recursos, común en gobiernos militares de la región que intentan recuperar el control sobre sus riquezas naturales, especialmente el oro y el uranio.
La mina Loulo-Gounkoto, uno de los activos más importantes de Barrick en África, se encuentra en el centro del conflicto. En junio de 2025, una administración provisional nombrada por un tribunal maliense asumió el control de la mina, tras meses de negociaciones fallidas. La compañía había suspendido operaciones desde enero, al no lograr acuerdos con el gobierno.
El contexto no podría ser más tenso. Loulo-Gounkoto produjo 578,000 onzas de oro en 2024, una cifra que representa una fuente crítica de ingresos tanto para la empresa como para el Estado. Desde que la administración provisional tomó el mando, apenas se ha vendido una tonelada métrica de oro, el equivalente a unas 35,274 onzas. Las operaciones actuales, según fuentes cercanas al proceso, apenas alcanzan el 25% del rendimiento habitual.
La elección de Diarra como consejero presidencial no es fortuita. Con una carrera que comenzó precisamente en la mina Loulo, y con años de experiencia dentro de Barrick, su conocimiento profundo de las operaciones y estrategias de la minera lo convierte en un activo valioso para el gobierno maliense.
No es la primera vez que el Estado recurre a exdirectivos de Barrick para enfrentar a la propia empresa. Samba Touré, otro antiguo ejecutivo, ahora forma parte del equipo que administra temporalmente Loulo-Gounkoto.
Ni Diarra ni Barrick han emitido comentarios públicos sobre el cambio. Sin embargo, la decisión refuerza la percepción de que Malí ha endurecido su postura frente a las multinacionales mineras.
Este tipo de tensiones no son ajenas al continente africano. En países como Níger y Burkina Faso, los gobiernos han adoptado medidas similares en el sector minero, buscando aumentar su soberanía sobre los recursos naturales. Para los inversionistas internacionales, estos movimientos representan riesgos crecientes, pero también una oportunidad de repensar sus modelos de negocio en regiones donde la estabilidad política es frágil pero los recursos son abundantes.
En este escenario, la minería enfrenta un reto doble: adaptarse a nuevas normativas más exigentes y mantener relaciones de cooperación con gobiernos que exigen mayor participación. Pero también abre la puerta a modelos de desarrollo más equitativos, donde los países productores obtengan beneficios reales y sostenidos.
Desde una perspectiva más amplia, la situación en Malí obliga a replantear los equilibrios de poder entre Estado y empresa. No se trata solo de regalías o participación accionaria; está en juego el control estratégico de sectores clave para el desarrollo económico y la estabilidad social.
Diarra, como figura de transición entre el mundo corporativo y el aparato gubernamental, simboliza esa lucha por redefinir las reglas del juego en la minería africana. Su papel, sin duda, será observado de cerca no solo por Barrick, sino por todo el sector extractivo global.
