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Política y Regulación

Gobierno de Perú refuerza acciones contra minería ilegal tras depurar el REINFO

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Publicado 4 julio, 2025
minería ilegal Perú
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El gobierno de Perú ha tomado una decisión contundente al excluir a 50,565 mineros informales del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un programa temporal que desde 2012 ha funcionado como vía para incorporar a la legalidad a quienes operaban fuera del marco regulatorio. Con esta medida, solo 31,560 trabajadores continuarán en el programa.

Jorge Montero, ministro de Energía y Minas, confirmó la decisión en una entrevista con radio local, destacando que esta depuración busca cerrar las puertas a quienes no han mostrado intención real de formalizarse. Según datos oficiales, al menos 45,000 de los ahora excluidos no registraron actividad minera en los últimos cuatro años.

El REINFO nació como una solución temporal para ordenar la minería informal en el país. Sin embargo, su carácter prolongado y la falta de cumplimiento de las condiciones por parte de muchos inscritos lo convirtieron, según sus críticos, en un escudo para actividades ilegales.

A pesar de su intención original, el programa ha sido objeto de controversia. Mientras que ciertos sectores lo veían como una oportunidad para regularizar el trabajo de miles de familias, otros consideraban que funcionaba como un salvoconducto para continuar extrayendo recursos sin supervisión ambiental, sin derechos laborales y, en muchos casos, en zonas prohibidas o de propiedad privada.

La reacción no se hizo esperar. Aunque el gobierno había anunciado el cierre del programa, la presión social obligó a extenderlo hasta fines de 2025. Aun así, las protestas persisten. Esta semana se registraron bloqueos en zonas clave del corredor minero del sur del país. Los manifestantes exigen lo que llaman una “formalización incondicional”, es decir, una vía rápida para integrarse al mercado formal sin los actuales requisitos legales y técnicos.

La decisión del gobierno no solo es una acción administrativa. También refleja una respuesta urgente a un problema que ha costado vidas. En los últimos años, los conflictos derivados de la minería informal y la ocupación ilegal de terrenos han provocado enfrentamientos violentos. Uno de los episodios más graves ocurrió en el norte del país, donde 13 trabajadores mineros fueron secuestrados y asesinados, lo que llevó a la presidenta Dina Boluarte a suspender temporalmente la actividad minera en esa región.

La minería informal en Perú representa un desafío de grandes proporciones. En términos económicos, es una actividad de subsistencia para miles de familias. Pero también es responsable de severos daños ambientales, como la deforestación de áreas amazónicas, el uso descontrolado de mercurio y la contaminación de cuerpos de agua. Además, muchos trabajadores lo hacen en condiciones peligrosas, sin protección ni derechos laborales básicos.

A pesar de ello, el sector minero formal sigue siendo uno de los motores económicos del país. Empresas nacionales e internacionales han insistido en que una política de formalización real y estricta no solo permitirá proteger el medio ambiente, sino también fomentar un entorno competitivo más justo. La permanencia de actores informales distorsiona el mercado, debilita la institucionalidad y expone a las comunidades a redes delictivas que aprovechan la falta de control.

La exclusión masiva del REINFO marca un nuevo intento del Estado por ordenar el territorio y frenar el avance de la minería ilegal. Aunque la decisión representa un golpe para miles de personas, también abre la puerta para establecer nuevas reglas del juego, más claras y efectivas.

El gobierno ha reiterado su compromiso con la formalización, pero bajo condiciones que respeten el medio ambiente, los derechos laborales y la propiedad privada. En este escenario, el desafío será diseñar una ruta viable para quienes deseen integrarse al sector de forma legítima, sin caer en nuevas prolongaciones del sistema actual.

La minería bien regulada puede ser una fuente sostenible de empleo, inversión y desarrollo. Pero sin un control real, continuará siendo fuente de conflicto y tragedia. El caso del REINFO es una oportunidad para que Perú defina el modelo minero que quiere para el futuro.

ETIQUETAS:minería ilegalPerú
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