El 7 de julio de 2025, Almaden Minerals y Almadex presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID) una actualización relevante sobre su proceso arbitral con México, en el marco del CPTPP. En marzo de 2025, los demandantes presentaron su Memorial, que documenta cómo las acciones de México impidieron el avance del proyecto Ixtaca y declararon la cancelación retroactiva de sus concesiones. Este documento detalla tres violaciones graves: expropiación sin compensación, trato inequitativo y discriminación.
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Después de la presentación, México solicitó la bifurcación del proceso para plantear objeciones de jurisdicción, argumentando que los estatutos sociales de las subsidiarias mexicanas, obligatorios por ley local, impiden que las matrices demandantes ostenten derechos en virtud del CPTPP. Almaden considera esta maniobra como una táctica dilatoria, pues busca posponer la presentación de su contramemorial y frenar el proceso. Los demandantes respondieron y esperan que el Tribunal emita una resolución sobre la bifurcación más tardar este verano.
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Contexto del conflicto
Un ejido presentó en 2015 una demanda contra la autoridad minera de México, cuestionando la legalidad del sistema de títulos minerales por carecer de consulta indígena previa. Almaden redujo su concesión en 2017 para excluir partes bajo disputa, pero la Suprema Corte dictaminó que las autoridades omitieron el proceso de consulta. En junio de 2022, se suspendieron los derechos mineros; en febrero de 2023, Economía alegó fallas técnicas menores para negar los títulos de forma retroactiva, lo cual derivó en su cancelación definitiva y la reversión de las concesiones al Estado sin haber realizado ninguna consulta indígena . De esa manera México ignoró los fallos judiciales y los compromisos internacionales, afectando derechos adquiridos y la integridad del emprendimiento.
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Impacto económico y legal
La demanda por daños y perjuicios asciende a US$ 1 060 000 000, cifra basada en un peritaje independiente. Se contempla actualización según variables como precios de metales, tipos de cambio e intereses. La causa legal es financiada por terceros bajo un modelo non‑recourse (hasta US$ 9.5 M). Los bufetes encargados son Boies, Schiller & Flexner LLP y RíosFerrer + Gutiérrez S.C.
¿Por qué esto favorece a la minería?
El conflicto pone en evidencia la importancia de sistemas sólidos de protección a la inversión y consulta previa. Si el arbitraje se resuelve a favor de Almaden y Almadex, reforzará el respeto a la legalidad, los derechos adquiridos y la seguridad jurídica necesaria para la industria minera. Además, reiterará que los emprendimientos mineros generan empleo, infraestructura y desarrollo local, especialmente en zonas remotas como Ixtaca.
