El Gobierno de Bolivia ha defendido la legalidad del oro de producción nacional adquirido por el Banco Central, tras las acusaciones de legisladores de la oposición de que la práctica podría constituir lavado de oro.
El banco ha cumplido con todos los requisitos de trazabilidad, lo que le permite comprar y refinar más de 18 toneladas métricas desde mayo de 2023, cuando se promulgó una ley para fortalecer las reservas de divisas, dijo el ministro de Finanzas, Marcelo Montenegro, a periodistas en La Paz. Eso incluye 14,5 toneladas -por valor de 1,300 millones de dólares a precios actuales- refinadas sólo el año pasado.
«El Banco Central solicita toda la documentación necesaria para garantizar la legalidad del oro», dijo el jueves. «Es muy cuidadoso».
La creciente actividad minera en la región amazónica de Bolivia, combinada con los precios récord del oro, están poniendo en el punto de mira las compras del banco central. El pasado noviembre, la diputada opositora Andrea Barrientos denunció que gran parte del oro que llegaba al banco procedía de metal producido ilegalmente y comprado por la empresa estatal EPCORO.
Los datos del Ministerio de Minería muestran que el 99,5% del oro boliviano es producido por cooperativas, aunque algunos políticos, entre ellos el ex viceministro de Minería Héctor Córdoba, así como analistas y consultores, han afirmado que la mayoría de ellas operan sin permisos.
La compra y venta de oro producido localmente ha sido una forma efectiva para que el banco central boliviano cumpla con sus obligaciones externas y financie las importaciones de combustible, según el ministro de finanzas, con 39 toneladas vendidas por esas razones.
