México Polimetálico 2026 no fue una conferencia más. Reunida en Hermosillo a principios de este año, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) lanzó un diagnóstico que el sector lleva meses esperando escuchar de manera oficial: la minería mexicana está en un punto de inflexión, y la demanda global de minerales críticos abre una ventana que no estará disponible indefinidamente.
- El índice que importa: 84.3 puntos y lo que revelan
- Sonora como laboratorio: por qué la propuesta de una secretaría minera estatal no es menor
- La Reforma Minera 2023 todavía pesa: lo que Sheinbaum no ha resuelto
- El contexto global que da urgencia a Hermosillo
- Lo que el sector le está pidiendo al Estado: tres demandas concretas
El índice que importa: 84.3 puntos y lo que revelan
Rubén del Pozo, presidente de la AIMMGM, presentó en Hermosillo un dato que merece atención sostenida: el índice de producción minera registró 84.3 puntos en febrero de 2026, con un crecimiento mensual de 5.5%. No es un récord histórico. Pero en el contexto de lo que atravesó el sector entre 2022 y 2025 —incertidumbre regulatoria, caída de exploración del 11.5% en 2024, backlog de permisos ambientales que paralizó proyectos— esa cifra señala una dirección.
El crecimiento mensual de 5.5% equivale a decir que los frenos se están soltando, no que el motor está a plena potencia. Sonora, que concentra aproximadamente el 45% de la producción minera nacional, absorbe buena parte de ese repunte. Cobre, oro y plata sonorenses son los que mueven la aguja cuando el índice sube. Y son exactamente los metales que el mercado global está demandando con más urgencia.
La pregunta relevante para un director de operaciones o un analista de Toronto no es si el número es bueno en términos absolutos. Es si México puede sostener esa trayectoria con el marco institucional que tiene hoy. La respuesta honesta: aún no está clara.
Sonora como laboratorio: por qué la propuesta de una secretaría minera estatal no es menor
Del Pozo respaldó en el evento la creación de una secretaría minera en Sonora. La propuesta suena administrativa, pero su lógica es estratégica: ante la lentitud federal en definir reglas claras para la inversión minera post-Reforma 2023, los estados productores están construyendo sus propios mecanismos de atracción.
Sonora tiene argumentos para asumir ese rol. Alberga Buenavista del Cobre, la operación de cobre más grande de México y una de las más grandes del hemisferio, operada por Grupo México. Tiene Las Chispas, la mina de plata de alta ley que Coeur Mining adquirió por 1,700 millones de dólares en 2024 —la transacción minera más grande en México en años recientes. Concentra proyectos de litio con potencial en el contexto del modelo mixto público-privado que el gobierno de Sheinbaum está construyendo como alternativa a la nacionalización intentada por AMLO. Y tiene frontera directa con Arizona, lo que en el contexto del nearshoring y la reorganización de cadenas de suministro críticas convierte a Sonora en territorio de primer orden para la manufactura electrónica y la electromovilidad.
Una secretaría estatal minera funcionaría como ventanilla de coordinación y promoción. Aceleraría la gestión de permisos locales. Daría interlocución directa al sector con autoridades subnacionales que conocen el terreno. Y enviaría una señal a los mercados de capital —TSX, NYSE— que el estado tiene claridad institucional aunque el gobierno federal no la haya terminado de articular.
El riesgo: que la iniciativa se convierta en una capa burocrática adicional si no va acompañada de mandato real y recursos. El precedente latinoamericano no es alentador en ese sentido. Pero si Sonora logra que la propuesta tenga dientes, podría convertirse en modelo para Zacatecas y Chihuahua.
La Reforma Minera 2023 todavía pesa: lo que Sheinbaum no ha resuelto
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado señales pragmáticas que el sector agradece. La reducción del backlog de permisos ambientales de 25 a 5 en Zacatecas, el Plan México-EUA de Minerales Críticos anunciado el 4 de febrero de 2026, las negociaciones de Marcelo Ebrard en Washington para posicionar a México dentro de las cadenas USMCA de minerales estratégicos: todo apunta a una administración que entiende el valor geopolítico del inventario mineral mexicano.
Pero la Reforma Minera de 2023 sigue en pie. El monopolio del Servicio Geológico Mexicano en la exploración de nuevas zonas, las restricciones a concesiones, el fortalecimiento de la consulta previa libre e informada —CLPI— con comunidades indígenas: esas disposiciones no han sido revertidas. Los amparos constitucionales que empresas presentaron ante la SCJN siguen pendientes de resolución. Mientras la Corte no se pronuncie, la incertidumbre jurídica sobre el régimen de concesiones es real y cuantificable en términos de inversión diferida.
Según datos de CAMIMEX, la inversión minera en México alcanzó 5,060 millones de dólares en 2024 —una cifra respetable, pero que convive con una exploración que cayó 11.5% ese mismo año. La paradoja es reveladora: se invierte en operar lo que ya existe, pero se frena el pipeline de proyectos futuros. Si esa tendencia no se revierte antes de 2027, México arriesga llegar tarde al ciclo de inversión en minerales críticos que los mercados están financiando ahora.
El contexto global que da urgencia a Hermosillo
La demanda de cobre, litio y plata para electromovilidad, almacenamiento de energía e infraestructura eléctrica no es una proyección de largo plazo: es una realidad de mercado que ya está reasignando capital. La administración Trump en Estados Unidos ha declarado los minerales críticos como prioridad de seguridad nacional. Canadá debate el desarrollo del Ring of Fire en Ontario. Chile y Perú compiten por posicionarse como proveedores confiables de cobre para la cadena de valor del vehículo eléctrico.
México tiene ventajas que ninguno de esos competidores tiene de manera simultánea: frontera con el mayor consumidor mundial, infraestructura industrial en el norte del país, capital humano especializado —la AIMMGM lo subrayó explícitamente— y un perfil polimetálico que cubre cobre, plata, zinc, plomo y litio. El Fraser Institute ubicó a México en el lugar 49 global en su índice de atractivo de inversión minera de 2024, subiendo 25 posiciones respecto al año anterior. Es progreso. Pero Sonora, el estado más competitivo del país, todavía carga con las distorsiones regulatorias nacionales.
El Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi) participó en México Polimetálico 2026, lo que sugiere que el gobierno federal sí está prestando atención. Fifomi tiene mandato para financiar proyectos mineros, particularmente pequeña y mediana minería. Si ese instrumento se activa con vocación de apoyar exploración y desarrollo de minerales críticos, podría compensar parcialmente el efecto de la Reforma 2023 en el pipeline de proyectos.
Lo que el sector le está pidiendo al Estado: tres demandas concretas
Más allá de la retórica de posicionamiento estratégico, el mensaje de la AIMMGM en Hermosillo se puede traducir en tres demandas operativas. Primera: financiamiento diferenciado para proyectos de minerales críticos, con tasas y plazos que reconozcan los horizontes de maduración de la minería. Segunda: política pública especializada que vaya más allá de las declaraciones generales —reglas claras de concesión, criterios de CLPI con certeza jurídica, ventanilla ambiental con tiempos definidos. Tercera: presencia del Estado como socio estratégico, no como regulador exclusivo, especialmente en litio y en proyectos que requieren infraestructura compartida.
Las empresas presentes en el evento —Endeavour Silver, Equinox Gold, Buenavista del Cobre, además de autoridades estatales de Sonora— representan el espectro completo del sector: junior exploradora, productor mediano, operación de clase mundial. Que estuvieran en la misma sala escuchando el mismo diagnóstico es, en sí mismo, un indicador de que el sector está alineado en su lectura del momento.
La ventana que describe la AIMMGM existe. La demanda global de minerales críticos es real y tiene un ciclo de inversión activo ahora. México tiene los activos. Lo que todavía no tiene es la coherencia institucional que convierte activos geológicos en flujo de inversión sostenido. La resolución de la SCJN sobre la Reforma Minera 2023, la velocidad con que el gobierno federal libere el backlog ambiental restante, y la capacidad de Sonora para convertirse en un polo de atracción con reglas propias: esos tres factores determinarán si México aprovecha el ciclo o lo observa desde la segunda fila.
