El sistema de concesiones mineras en México lleva más de dos años sin operar con normalidad. No es una pausa técnica ni un rezago administrativo: es el resultado directo de una reforma constitucional impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una Secretaría de Economía que no puede emitir títulos con certeza jurídica plena, y un sector que sigue esperando la resolución que debería —o no— validar las reglas del juego. Mientras la SCJN no se pronuncia, las empresas no invierten en exploración, los nuevos proyectos no avanzan y México pierde posición en un mercado global que no espera a nadie.
- El nudo legal que nadie ha cortado
- Lo que dice el número: exploración cayó 11.5% en 2024
- Sheinbaum heredó el problema y lo administra, no lo resuelve
- El costo por estados: Sonora y Zacatecas absorben el golpe
- Lo que la SCJN decide —o no decide— vale miles de millones
- El tiempo corre: lo que otros países hacen mientras México espera
El nudo legal que nadie ha cortado
La Reforma Minera aprobada en abril de 2023 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador modificó de fondo la Ley Minera vigente desde 1992. Los cambios más disruptivos fueron tres: el otorgamiento del monopolio de exploración en nuevas zonas a la Secretaría de Economía a través del Servicio Geológico Mexicano, la reducción del plazo de concesiones y la elevación de los requisitos de Consulta Libre, Previa e Informada con comunidades indígenas. Ese mismo año, varias empresas mineras —con el respaldo de CAMIMEX— presentaron amparos ante el Poder Judicial. El argumento central: la reforma viola derechos adquiridos, rompe contratos con el Estado y contradice garantías constitucionales de seguridad jurídica.
Desde entonces, el sistema está en suspenso. La Secretaría de Economía no puede otorgar nuevas concesiones bajo el marco reformado porque la suspensión provisional derivada de los amparos crea un vacío operativo. Tampoco puede regresar al esquema previo porque la reforma está vigente. El resultado es un limbo que ya tiene nombre en el sector: parálisis de concesiones. Cada semana que pasa sin resolución de la SCJN es otra semana en que un prospecto minero en Sonora, Zacatecas o Chihuahua no recibe el título que necesita para moverse al siguiente paso.
Lo que dice el número: exploración cayó 11.5% en 2024
CAMIMEX documentó en su Informe Anual 2025 que la inversión en exploración minera cayó 11.5% en 2024. No es una variación marginal: es el reflejo directo de que ninguna empresa de escala media o grande asigna presupuesto de exploración seria cuando no tiene claridad sobre qué marco legal regirá sus eventuales títulos. La exploración precede a la inversión productiva por cinco a diez años. Cada punto porcentual que cae hoy se traduce en proyectos que no estarán disponibles en la próxima década.
El contraste con el resto del desempeño sectorial hace más evidente el daño regulatorio. El valor de la producción minera mexicana alcanzó US$17,500 millones en 2024, un crecimiento de 15.9% respecto al año anterior, según datos de CAMIMEX. Las exportaciones sumaron US$17,800 millones. Esto significa que las operaciones existentes rinden bien: Buenavista del Cobre de Grupo México, Peñasquito de Newmont, Saucito y Juanicipio de Peñoles-Fresnillo no se detuvieron. Pero el flujo de nuevos proyectos —los que garantizan la producción de la siguiente generación— está atascado en el laberinto jurídico.
Sheinbaum heredó el problema y lo administra, no lo resuelve
La administración de Claudia Sheinbaum ha sido más pragmática con el sector minero que su predecesora. La reducción del backlog de permisos pendientes en Zacatecas —de 25 expedientes a 5 durante 2025— muestra voluntad operativa. El Plan México-EUA de Minerales Críticos firmado en febrero de 2026 demuestra que el gobierno entiende la dimensión estratégica del sector en el contexto geopolítico actual. Marcelo Ebrard ha negociado en Washington acuerdos que posicionan a México como proveedor confiable para las cadenas de suministro de la industria de defensa y tecnología estadounidense.
Pero ninguna de esas acciones resuelve el problema central. El gobierno federal no puede, por sí solo, desactivar los amparos ni forzar una resolución de la SCJN. Lo que sí puede hacer —y no ha hecho con suficiente claridad— es enviar señales inequívocas de que está dispuesto a ajustar los aspectos más conflictivos de la reforma, o al menos clarificar la interpretación operativa que aplicará mientras el Poder Judicial decide. La incertidumbre no solo paraliza a las empresas: también genera fricción con los socios comerciales que México necesita atraer precisamente ahora.
El costo por estados: Sonora y Zacatecas absorben el golpe
La parálisis de concesiones no impacta igual a todos los estados. Sonora, que concentra aproximadamente el 45% de la producción nacional con operaciones de cobre, oro y plata, depende de la continuidad de títulos existentes. Su exposición a la parálisis es moderada en el corto plazo porque sus grandes proyectos ya tienen concesiones vigentes. El problema aparece cuando se trata de ampliaciones de polígono o nuevas zonas de exploración adyacentes a minas activas.
Zacatecas es más vulnerable. Concentra el 33% de la producción nacional de plata y alberga algunos de los proyectos de expansión más ambiciosos del país: Camino Rojo de Orla Mining, el JV San Nicolás de Agnico Eagle y Teck con una inversión proyectada de US$1,100 millones, y varias etapas de desarrollo de First Majestic. Todos ellos necesitan, en algún punto del proceso, que la autoridad emita resoluciones con respaldo legal firme. Un título otorgado en condiciones de incertidumbre constitucional es un título que puede ser impugnado mañana.
Chihuahua enfrenta un problema adicional: además de la parálisis regulatoria, las alertas de seguridad emitidas por firmas como TD Cowen para la región combinan dos factores de riesgo simultáneos. La inversión nueva que podría llegar no llega, y la que ya opera revisa sus protocolos. Esa combinación es la más dañina para el perfil de riesgo-país.
Lo que la SCJN decide —o no decide— vale miles de millones
Una resolución favorable a la reforma de 2023 por parte de la SCJN significaría que el nuevo marco es constitucional y las reglas cambian de forma permanente. Las empresas tendrían que adaptarse: nuevos plazos, nuevas condiciones, mayor participación del SGM. No es catastrófico, pero sí requeriría recalibrar modelos financieros y plazos de desarrollo. Una resolución contraria —invalidación parcial o total de los artículos impugnados— devolvería al sector un marco más predecible, aunque tampoco garantizaría velocidad en la operación administrativa.
El peor escenario no es que la SCJN falle en ninguna dirección: es que siga sin fallar. La indeterminación jurídica prolongada es, para los mercados de capitales, equivalente a un riesgo soberano activo. Los fondos especializados en minería junior —que son los que financian la exploración de largo plazo— no tienen apetito por jurisdicciones donde la regla de inversión puede cambiar retroactivamente. El Fraser Institute ya registró el efecto: México subió al lugar 49 global en 2024, pero el componente de percepción de políticas —que mide exactamente este tipo de riesgo— sigue siendo el talón de Aquiles del país.
El tiempo corre: lo que otros países hacen mientras México espera
Perú reformó su marco de concesiones en 2022 y, pese a conflictos sociales persistentes, mantuvo un flujo de inversión en exploración. Chile avanza en su debate constitucional sobre litio y cobre sin detener la operación del sistema existente. Argentina activó el RIGI y atrae capital de riesgo para proyectos críticos en el Triángulo del Litio. Ecuador desarrolla Mirador y avanza en sus concesiones de cobre con reglas claras para los operadores. México, con la mayor producción de plata del mundo y reservas de litio de 243 millones de toneladas —las más grandes del planeta—, no puede permitirse que su sistema de concesiones funcione en modo de emergencia regulatoria indefinida.
Cada mes adicional sin resolución judicial es un mes en que un prospecto viable en Sonora o Zacatecas pierde competitividad frente a un activo comparable en Perú, Argentina o Namibia. Los inversionistas institucionales no esperan: rotan capital hacia donde las reglas son predecibles. México tiene los recursos. Lo que no tiene, hoy, es la claridad jurídica que convierte esos recursos en proyectos financiados.
La resolución de la SCJN sobre la Reforma Minera 2023 no es solo un tema legal. Es la decisión que determinará cuántos miles de millones de dólares en exploración entrarán al país durante la segunda mitad de esta década. Sin ese fallo, el sistema de concesiones seguirá operando a media máquina —y México seguirá siendo el primer productor de plata del mundo con un pipeline de proyectos que sangra por una herida que nadie ha cerrado.
