El desafío que enfrenta la industria minera en Canadá es monumental, pero también lo es la oportunidad que presenta para el futuro del país y su lucha contra el cambio climático. Pierre Lassonde y Frank Giustra, empresarios veteranos en el sector, han lanzado un llamado urgente para que Ottawa presione a los fondos de pensiones canadienses a invertir miles de millones en la minería nacional. Esta acción representa un cambio radical frente a su participación casi inexistente actual, la cual es esencial si la industria alguna vez va a producir suficientes metales para combatir el cambio climático.
Con activos combinados valorados en aproximadamente C$2.1 trillones, los ocho mayores fondos de pensiones de Canadá invirtieron el año pasado apenas una cuarta parte en el país, dedicando solo el 3% a acciones domésticas. Esta cifra es la más baja entre un grupo de seis países que incluye a Estados Unidos, el Reino Unido y Japón. Lassonde critica esta tendencia por favorecer la creación de empleos fuera de Canadá en detrimento de los canadienses, ignorando esencialmente a la industria minera nacional.
La reciente adquisición de la mayoría de los activos de carbón metalúrgico de Teck Resources por Glencore por aproximadamente C$9 mil millones es un ejemplo de cómo los activos canadienses están siendo adquiridos por empresas extranjeras, una situación que, según Lassonde y Giustra, podría haberse evitado con una mayor inversión de los fondos de pensiones en compañías mineras grandes, que a su vez podrían invertir en empresas más pequeñas.
La regulación que requería que los fondos de pensiones canadienses invirtieran el 90% de sus activos dentro del país se ha relajado gradualmente desde 1990, eliminándose por completo en 2005. Esto ha resultado en una exposición doméstica promedio como porcentaje de activos significativamente más baja en comparación con la media mundial.
Para alcanzar cero emisiones netas para 2050, la Agencia Internacional de Energía estima que la inversión anual en energía limpia a nivel mundial deberá triplicarse para 2030, alcanzando alrededor de $4 trillones. Solo la minería de metales para baterías costará hasta $450 mil millones en los próximos tres años. Sin embargo, no está claro cómo se están involucrando los fondos de pensiones en el apoyo a proyectos de minerales críticos, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Canadá por comprometerse con los interesados en minerales críticos.
La reticencia de los fondos de pensiones a discutir este tema contrasta con la actitud proactiva de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), que ha sido elogiada por su financiamiento en recursos. Otros grandes fondos, como el Canada Pension Plan (CPP) y el Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), no han respondido o han declinado hablar sobre el tema.
La comparación con Australia es reveladora; sus fondos de superannuación previenen las adquisiciones extranjeras mediante inversiones significativas en equidad doméstica, manteniendo vivas sus industrias mineras. Canadá, con oportunidades mineras comparables, carece de este mecanismo de protección.
Frank Giustra argumenta que los CEOs mineros deben persuadir a los fondos de pensiones para que inviertan en Canadá con argumentos económicos sólidos, especialmente dadas las dificultades económicas actuales de China. Lassonde va más allá, sugiriendo que los gobiernos federal y provincial deben legislar para que los fondos de pensiones aumenten sus inversiones en compañías de recursos canadienses.
El declive de los fondos dedicados a la minería no pensionables, de C$16 mil millones en 2010 a C$2.8 mil millones en 2022, subraya la escasez de capital en la industria, exacerbando la necesidad de una acción decisiva. La experiencia de Lassonde, intentando sin éxito involucrar a los fondos de pensiones de Ontario y BCI en una oferta por los activos de carbón metalúrgico de Teck, ilustra la indiferencia con la que se encuentran las propuestas de inversión en recursos críticos.
