El Comité de Ministros de Chile denegó los permisos para el controvertido proyecto minero de cobre y hierro Dominga, de Andes Iron, valorado en 2,500 millones de dólares, según anunció el miércoles la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.
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En una rueda de prensa celebrada en el Ministerio de Medio Ambiente en Santiago, Rojas declaró que el comité había votado por unanimidad rechazar el proyecto tras considerar los impactos sobre la fauna, las fuentes de agua, la calidad del aire y las zonas marinas protegidas.
“La evaluación se hizo teniendo en cuenta múltiples aspectos que había que evaluar, múltiples informes que había que considerar”, dijo Rojas. “Fue una decisión sólida”.
El comité está encabezado por el ministro de Medio Ambiente, e incluye a los ministros de Minería, Agricultura, Energía, Economía y Salud. Tiene autoridad para pronunciarse sobre cuestiones medioambientales.
Decenas de manifestantes, tanto a favor como en contra del proyecto, se habían congregado frente al ministerio a primera hora del miércoles, a la espera de la decisión.
El proyecto minero se ubicaría a 500 kilómetros al norte de la capital chilena, cerca de reservas ecológicas. Los críticos afirman que su proximidad a zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental causaría daños indebidos. Andes Iron, una empresa privada chilena, ha rechazado reiteradamente estas afirmaciones.
Andes Iron no estaba disponible para hacer comentarios.
La larga batalla legal sobre Dominga ha suscitado las críticas de la comunidad empresarial y de los políticos conservadores, que afirman que la política ha desempeñado un papel excesivo en el proceso.
Dominga se ha convertido en un símbolo de las dificultades que algunos grandes proyectos han tenido para obtener permisos en los últimos años en Chile, potencia minera.
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Las idas y venidas legales llevaron el caso al máximo tribunal chileno el pasado mes de mayo, con recursos presentados por comunidades y ecologistas contra el proyecto minero. El tribunal rechazó los recursos, alegando que la decisión final debía tomarla el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
