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La comunidad indígena peruana quiere ser accionista de Las Bambas

Los representantes de la comunidad de Huancuire, situada en el departamento de Apurímac, en el centro-sur de Perú, están considerando la idea de aplicar el concepto indígena de “waqui” en su relación con la minera china MMG y su mina de cobre Las Bambas.

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En declaraciones a los medios de comunicación locales, Romualdo Ochoa, presidente de Huancuire, explicó que en la lengua quechua ‘waqui’ se refiere a un principio de negociación en el que “tú ganas, yo gano, ambos ganamos y todos ganamos”.

Ochoa dijo que, en otras palabras, los miembros de la comunidad quieren convertirse en accionistas individuales de Las Bambas para garantizar la estabilidad financiera de sus familias, además de hacer oír su voz cuando se trata de proteger el entorno natural que rodea la explotación.

El líder de la comunidad señaló que cuando la negociación inicial de la tierra con MMG tuvo lugar en 2013, todos los documentos estaban escritos en español y no en quechua y, por lo tanto, muchos miembros de la comunidad no pudieron entender realmente lo que estaban acordando.

Ochoa también dijo que, en particular, no se les informó adecuadamente sobre las riquezas minerales que hay debajo del pozo de Chalcobamba, donde se encuentra el proyecto de expansión de Las Bambas.

En su opinión, los aproximadamente 66,6 millones de dólares que Huancuire recibió entre 2013 y 2017 de MMG por 1900 hectáreas de sus tierras, es apenas una mínima fracción de lo que la empresa puede ganar realmente vendiendo los recursos subterráneos de la zona.

En abril de este año, la comunidad de Huancuire se unió a la de Fuerabamba y lanzó una serie de bloqueos para protestar contra lo que sus respectivos líderes consideraban promesas incumplidas, tras la venta de sus tierras a MMG.

Los bloqueos, a los que luego se sumaron otras cuatro comunidades, duraron más de 50 días y obligaron a la minera china a detener las actividades de su operación insignia.

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Tras los esfuerzos de mediación del gobierno, se creó un grupo de trabajo temporal para abordar las preocupaciones de las comunidades y hacer un seguimiento de los compromisos acordados entre ellas y MMG. Se espera que el grupo encuentre una solución a largo plazo para las quejas de la comunidad antes del 31 de diciembre de 2022.

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