Una ley mexicana que nacionaliza su futura industria del litio viola sus obligaciones comerciales y podría resultar costosa para el gobierno si las empresas mineras tratan de recuperar las pérdidas, dijo el miércoles la rama local de la Cámara de Comercio Internacional.
El Congreso de México aprobó la semana pasada un proyecto de ley impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para nacionalizar el litio. También ha prometido revisar todos los contratos activos para explotar el codiciado metal para baterías.
La propuesta fue aprobada por una amplia mayoría de legisladores de ambas cámaras, que argumentaron que los yacimientos de litio sin explotar de México sólo deberían ser explotados por una empresa gubernamental, y no por mineros extranjeros o privados.
Pero la ley entra en conflicto con las obligaciones del tratado comercial de México bajo el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), según la oficina en México de la Cámara de Comercio Internacional.
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El grupo empresarial dijo reconocer que la Constitución de México ya declara que todos los recursos minerales pertenecen a la nación.
“Pero ese reconocimiento no debe confundirse con los derechos de los inversionistas mexicanos y extranjeros a participar, mediante concesiones, en la actividad económica relacionada con la exploración, explotación y producción de recursos minerales”, según el comunicado.
Cerca de una docena de empresas extranjeras tienen contratos para explorar potenciales yacimientos de litio en México, incluyendo Bacanora Lithium, controlada por la empresa china Ganfeng Lithium Co.
El grupo empresarial citó el lenguaje que prohíbe a las partes del pacto comercial introducir nuevas restricciones a la actividad económica no reservada explícitamente al Estado.
El CPTPP entró en vigor a finales de 2018, apenas unas semanas después de que López Obrador iniciara su sexenio.
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El grupo empresarial advirtió que México tendrá que compensar a las empresas con concesiones mineras activas si se violan sus derechos, y dijo que es “preocupante” que la nueva ley no explique claramente cómo se verán afectadas las empresas mineras con concesiones en México.
Reuters
