La Asamblea Constituyente de Chile comenzó a debatir formalmente el martes las mociones para una nueva Constitución que sustituya a la centrada en el mercado que data de la dictadura del general Augusto Pinochet, un texto que podría remodelar el primer país productor de cobre del mundo.
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Los planes embrionarios de nacionalización de la minería, la creación de un Congreso unicameral, los derechos de agua y la protección de los territorios indígenas son algunas de las mociones más peliagudas que la asamblea debatirá y votará en más de 20 sesiones plenarias.
“En este período vamos a ver qué es lo que realmente va a quedar en el proyecto de Constitución”, dijo la presidenta de la asamblea constituyente, María Elisa Quinteros, señalando que el texto se enfrentará a un referéndum nacional previsto para septiembre.
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La nueva Constitución -que llega en el momento en que Gabriel Boric, un ex líder estudiantil de izquierda de 36 años, asumirá la presidencia en marzo- podría marcar el cambio político y social más dramático del país andino desde su regreso a la democracia en 1990.
La nueva Constitución ha despertado el nerviosismo entre los inversores y las empresas mineras, planteando un desafío al modelo económico de mercado del país, que se remonta a los llamados economistas Chicago Boys durante la época del sangriento gobierno militar de Pinochet.
En la lista de debates están los derechos de agua y propiedad, la independencia del banco central y las prácticas laborales. Otros temas son los derechos de los animales, la educación feminista, la protección del mundo natural y la legalización del cannabis.
Las propuestas se debatirán en los próximos meses y necesitarán la aprobación de dos tercios de los delegados, unos 103 votos. Si se aprueban se enfrentarían a un proceso de modificaciones antes de una segunda votación definitiva para ser incluidas en el texto final. Si se rechazan, volverían a la comisión para ser revisados o descartados.
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La posibilidad de que se produzcan cambios bruscos en el país ha causado cierta alarma entre los conservadores, aunque Quinteros trató de disipar los temores diciendo que había habido mucha “desinformación” en torno al proceso y que las mociones estaban en una fase inicial.
Pero esos temores han provocado una cierta pérdida de apoyo al proceso, ya que una encuesta de la encuestadora privada Cadem mostró que la proporción de personas que actualmente tenían intención de votar para aprobar la nueva Constitución había caído al 47% desde el 56%.
El órgano constitucional, elegido el año pasado, está dominado por representantes independientes y de izquierdas, algunos con raíces en el movimiento de protesta de 2019 que estalló por la desigualdad en uno de los países más ricos de la región.
Kenneth Bunker, director de la consultora Tresquintos, dijo que este era un momento importante para que se plantearan “preocupaciones” para evitar que avancen mociones “descabelladas” y socaven la confianza en el proceso. Pero Bunker sigue pensando que la nueva Constitución acabará siendo aprobada, aunque supondrá un reto para el nuevo gobierno de Boric.
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“En el corto plazo, el gobierno de Gabriel Boric, si esta Constitución llega a aprobarse, tendrá un verdadero desafío para equilibrar la infraestructura social con la situación política y económica de Chile hoy”, dijo.
Reuters
