México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso una audiencia en una batalla legal que cuestiona la constitucionalidad de la ley de minería.
La discusión para resolver el amparo que en 2015 la comunidad nahua de Tecoltemi, Puebla, interpuso para impugnar dos concesiones mineras otorgadas sin consulta y sin consentimiento del pueblo a la empresa canadiense Almaden Minerals, y para pedir que se analizace la inconstitucionalidad de la Ley Minera.
La revisión del amparo estaba programada para el pasado 19 de enero, sin embargo la SCJN informó de su posposición sin definir una fecha.
Además de la cancelación de las concesiones por la falta de consulta, el amparo reclama la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley Minera, entre ellos el que establece que esta actividad es “preferente sobre cualquier otro uso del terreno”. Una especie de cheque en blanco. “La ley facilita la entrega de los territorios a las empresas. Es un marco legal específicamente creado para quitarles obstáculos”, asegura Silva, responsable de la denuncia junto a Diana Pérez, del Consejo Tiyat Tlali. “El caso se puede convertir en una herramienta para los pueblos que están dando batalla”. Actualmente, el 8,6% del país está concesionado a mineras. Equivale aproximadamente a la superficie de Costa Rica y Guatemala juntas.
La audiencia, relacionada con una medida cautelar solicitada por miembros de la comunidad Tecoltemi Nahua en el estado de Puebla, estaba programada para el miércoles, pero fue aplazada por el relator Jorge Pardo Rebolledo, según la ONG local Fundar.
La medida cautelar, que surgió de una disputa sobre las concesiones de Minera Gorrión, filial de Almaden Minerals, alega que varios artículos de la ley de 1992 son inconstitucionales.
La ley otorga un trato preferencial a la minería sobre otros usos de la tierra y otorga a las empresas el control de las concesiones por hasta 100 años.
Después de un largo camino, el asunto ha llegado al máximo tribuna. La Suprema Corte tiene que decidir si cancela dos concesiones de 14,229 hectáreas otorgadas por el Gobierno en 2003 y 2009 a la canadiense Almaden Minerals y si, además, declara inconstitucionales algunos artículos de la Ley Minera por violar los derechos de los pueblos indígenas.
Aun no hay fecha definida, pero ciertamente los ojos de todo el sector y el propio gobierno, están sobre este caso, pues podría sentar un precedente importante
