La Corte Suprema francesa, la Cour de Cassation, anuló una decisión de la Corte de Apelaciones de París que había anulado parte de la parte de daños del laudo arbitral otorgado a Rusoro Mining (TSX-V: RML) en su disputa de una década con Venezuela.
En 2016, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones otorgó a la minera canadiense una adjudicación de 966,5 millones de dólares, luego de la expropiación de su mina Choco 10, propiedad del 95% y la mina Isidora, propiedad del 50%, por parte del ex gobernante de Venezuela, Hugo Chávez.
Según el tribunal del Banco Mundial, el país sudamericano había incumplido sus obligaciones en virtud del Tratado Bilateral de Inversiones Canadá-Venezuela.
Pero Venezuela interpuso un recurso de anulación de la sentencia ante la Corte de Apelaciones de París, alegando que el CIADI se extralimitó en el alcance de su autoridad al otorgar daños a Rusoro Mining. En 2019, la corte anuló parcialmente el laudo arbitral , a pesar de que confirmó la conclusión del tribunal sobre el fondo de que Venezuela es responsable de la expropiación ilegal de las inversiones de Rusoro.
Luego de esta decisión, el minero continuó buscando recursos y, a fines de marzo de 2021, pudo obtener una reinstalación del laudo arbitral en su totalidad.
En un comunicado de prensa , Rusoro dijo que esta decisión permitirá a la gerencia continuar buscando el reconocimiento y ejecución del laudo, cuyo valor es ahora de aproximadamente $ 1.58 mil millones, lo que representa el monto original de la adjudicación de $ 967.77 millones, más $ 612.23 de interés calculado por la compañia.
En 2018, la minera junior y el régimen de Nicolás Maduro llegaron a un acuerdo que requería que la República Bolivariana pagara a Rusoro más de $ 1.28 mil millones para adquirir los datos mineros de la empresa y para la liberación total del laudo arbitral.
A pesar de que se envió un pago inicial de $ 100 millones el 18 de diciembre de 2018, y después de este pago se suspendió la ejecución legal de la adjudicación, Rusoro no ha informado pagos adicionales. Por lo tanto, y según el acuerdo de conciliación, la empresa canadiense tiene derecho a reanudar los procedimientos legales para cobrar el laudo del CIADI.
