Tomó menos de 24 horas abolir efectivamente una controvertida ley de minería que provocó protestas masivas en la provincia de Mendoza en la región centro-oeste de Argentina.
Después de anunciar su decisión de anular la ley a fines de la semana pasada, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, presentó una solicitud formal ante la legislatura el lunes. Con 34 votos a favor y 2 en contra, el Senado aprobó la anulación.
Sin embargo, en la Cámara Baja tomó un poco más de tiempo y hubo cuatro votos negativos y un ausente. A pesar de la larga discusión, antes del final del día, se abolió la Ley 9209 que modificó la Ley 7722 y permitió el uso de cianuro y ácido sulfúrico en las operaciones mineras.
En su publicación en el Boletín Oficial de Mendoza el martes 31 de diciembre, la Ley 7722 será reinstalada.
Según algunos parlamentarios entrevistados por los medios locales , personas de toda la provincia expresaron claramente su oposición a la posibilidad de permitir que las compañías mineras utilicen productos químicos tóxicos.
Hablando con el periódico Los Andes , el parlamentario Guillermo Mosso dijo que a pesar de que votó negativamente, entiende la decisión de Suárez y lo respeta por presionar por una solución pacífica al problema. Mosso dijo que todavía cree que es importante permitir que las operaciones mineras en Mendoza promuevan el desarrollo social y que las autoridades y las partes interesadas deben encontrar formas de conciliar la extracción de minerales con la conservación del agua y la agricultura.
La Asociación de Industrias Metalúrgicas de Mendoza emitió un comunicado diciendo que abolir la ley parece ir en contra de la necesidad urgente de diversificar la economía de Mendoza. En opinión del grupo, es posible avanzar en proyectos mineros a gran escala de manera responsable con los más altos estándares de calidad de protección ambiental.
Los ciudadanos preocupados y las organizaciones ambientales dijeron que les preocupaba la posibilidad de que el cianuro y el ácido sulfúrico contaminen las vías fluviales y el suministro de agua de la provincia.
“Este es un logro histórico y sin precedentes. La gente en Mendoza protegió el agua de su provincia “, dijo Enrique Viale, portavoz de Greenpeace Argentina, en un comunicado de prensa . “La regulación fue aprobada en un momento en que Mendoza está experimentando la peor sequía jamás registrada”.
