La Corte Constitucional de Ecuador negó dos pedidos diferentes para que proyectos mineros en el sur del país dependan de la aprobación popular, una sentencia que fue recibida el miércoles con “beneplácito” por el Gobierno, que espera que se avance con la explotación de ricos yacimientos.
La corte decidió la noche del martes “negar y archivar” tanto el pedido de consulta del prefecto del Azuay para suspender la actividad minera en la provincia, y otro del alcalde de la ciudad, Camilo Ponce Enríquez, que apoyaba el desarrollo de los proyectos.
En la provincia del Azuay están los proyectos Loma Larga de la canadiense INV Metals, y Río Blanco, del grupo chino integrado por Junefield Mineral Resources Limited y Hunan Gold Group. Además de pequeña minería y minería artesanal.
“En general el país debe recibir con beneplácito, no sólo la industria minera porque se dejo de crear un precedente, talvez temporalmente, con respecto a cualquier industria extractiva”, dijo el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, a una radio local, al señalar que la industria continúa su avance.
La Corte recientemente negó otros pedidos similares para realizar consultas mineras en diferentes lugares del país.
El prefecto de la provincia de Azuay, Yaku Pérez, buscaba con la consulta que se suspendiera la minería porque afecta a fuentes de agua y páramos en su jurisdicción, rica en oro y cobre.
“Es un adefesio jurídico esta sentencia (…) Hemos perdido la batalla pero no la resistencia, la resistencia crece”, dijo Pérez el miércoles a periodistas en la ciudad de Cuenca, al señalar que analizan nuevas acciones para evitar la actividad minera.
INV Metals está analizando desviar parte de su proyecto de oro, plata y cobre, debido a que en marzo las comunidades de la zona de influencia negaron en una consulta popular el desarrollo de la minería en sus territorios.
Mientras que el yacimiento de oro Río Blanco, que comenzó a construir una mina subterránea, se encuentra paralizado desde hace más de un año por una orden judicial.
Reuters
