Una autoridad local de Ecuador presentó el martes un pedido a la Corte Constitucional para que autorice una consulta popular sobre el desarrollo de la minería en el sur del país, en una acción que podría complicar el avance de yacimientos clave.
El prefecto de la provincia de Azuay, Yaku Pérez, busca consultar a la población de su jurisdicción si está de acuerdo o no con el desarrollo de la minería en la zona, rica en oro y cobre y en donde operan empresas extranjeras con concesiones otorgadas formalmente por el Estado.
El pedido de Pérez su suma a varios que han realizado recientemente algunos comuneros en otros sectores del país, pero que la corte ha negado.
“Presentamos la petición de consulta popular para que emita dictamen previo la Corte Constitucional. Vamos a ser la primera provincia del país que decidirá entre el oro y el agua”, dijo Pérez a periodistas.
“Vamos hacer que Azuay y Ecuador muy pronto queden libre de minería metálica”, agregó el líder indígena tras entregar el pedido en la corte.
En la provincia del Azuay se ubican los proyectos Loma Larga operado por la canadiense INV Metals, y Río Blanco, en manos del grupo chino integrado por Junefield Mineral Resources Limited y Hunan Gold Group. Además de pequeña minería y minería artesanal.
INV Metals está analizando desviar parte de su proyecto de oro, plata y cobre, debido a que en marzo las comunidades de la zona de influencia negaron en una consulta popular el desarrollo de la minería en sus territorios.
Mientras que el yacimiento de oro Río Blanco, que comenzó a construir la mina subterránea, se encuentra paralizado desde hace más de un año por una orden judicial.
De inmediato ni las empresas ni el Viceministerio de Minas realizaron comentarios sobre el pedido.
Ecuador está impulsando el desarrollo de la minería a gran escala debido a sus importantes yacimientos de oro, plata y cobre, que le permitirían obtener ingresos que reemplacen a los petroleros.
Reuters
