Perú.- El posible reinicio del proyecto minero Cañariaco y la exploración petrolera en litoral lambayecano son dos temas que generarán controversia entre la población y las autoridades regionales en el presente año. Ante esta situación, Humberto Acuña Peralta, gobernador regional de Lambayeque, afirmó que se muestra a favor de impulsar toda inversión minera o petrolera que sea ambiental y socialmente responsable.
Humberto Acuña señaló que ambos proyectos de inversión deben contar con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para no generar conflicto con las comunidades de Cañaris y los más de mil pescadores lambayecanos. Esto con el fin de conseguir ingresos importantes por canon minero y promover proyectos sociales a largo plazo en las localidades.
En esa línea, dijo que al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) en el año 2017 solo le fue asignado un total de dos millones de soles como presupuesto para gastos con recursos de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Una cifra que calificó de irrisoria para consolidar grandes obras en la región.
“Con ese presupuesto solo se pueden realizar gastos corrientes (pago de planillas a personal). Por eso sería importante percibir ingresos por proyectos mineros y petroleros que aporten por los recursos que posee Lambayeque”, dijo.
CONTROVERSIA
El gerente regional de Energía y Minas, Daniel Huamanchumo Fiestas, también se mostró a favor del proyecto minero y de hidrocarburos. Sin embargo, precisó que según la distribución de presupuesto por parte del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) a los gobiernos regionales y locales, existen desigualdades que deben ser explicadas.
Según la resolución de Presidencia Nº 102-2017, se asignó montos recaudados por los conceptos de pago del derecho de vigencia y penalidad de la siguiente manera: el GRL recibió US $ 612.000, mientras que las municipalidades de Cañaris (US $ 100,888), Incahuasi (US $ 59,550); Olmos (US $ 329,261) y Mórrope (US $ 176,663) también recepcionaron importantes sumas de dinero.
Líneas seguidas, añadió que las asignaciones corresponden a los ingresos que se obtengan por concepto de derecho de vigencia, así como de la penalidad por minería metálica y no metálica en la región.
“Son asignaciones importantes que a largo plazo sirven para los gobiernos locales y provinciales. Pero es evidente que existen diferencias que deben ser evaluadas por las respectivas autoridades”, dijo.
Huamanchumo aclaró que hasta la fecha un total de 173 mineros artesanales vienen formalizándose en la región, los mismos que cumplen con el pago de licencias y penales. Sobre esto, dijo que junto a la minería artesanal (extracción metálica), la pequeña minería (extracción no metálica) sigue creciendo.
“Los montos de recaudación en su mayoría ingresan a los gobiernos locales y provinciales. En varias oportunidades los llamados ‘antimineros’ no han tenido en cuenta esos ingresos”, aclaró y resaltó que el proyecto Cañariaco debería ejecutarse.
