León, España.- Solo se le dará el mes de julio al Gobierno como plazo para que convoque con urgencia la Comisión de Seguimiento de activación del sector minero. Pasado ese mes, podrían iniciarse las movilizaciones en el sector «no sabemos de qué manera, eso lo trataremos en una reunión posterior». Así lo concretaba el secretario estatal de Industrias Extractivas de CCOO, Jesús Ignacio Crespo, en la reunión mantenida en Ponferrada con los delegados del sindicato para valorar una respuesta conjunta ante la actuación del sector minero y eléctrico en la Comunidad.
El encuentro se forzaba por los anuncios de cierre de las centrales térmicas de Cubillos y Anllares , algo para lo que Crespo solicitó «tomar medidas inmediatas» garantizando el consumo de carbón nacional de las comarcas y regulando el precio del importado. Además de pedir la convocatoria de la Comisión, CCOO solicitaba al gobierno regional que instara al central que «a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, compre las minas leonesas y palentinas en liquidación para su explotación». Solicita que sea el Gobierno quien ampara a las cuencas mineras «y se crea de una vez lo que se dice», aludiendo al 7,5% del mix energético que el Gobierno considera que debería ocupar el carbón nacional. La Comisión de Seguimiento estaba prevista para julio «aún tenemos este mes de plazo», dijo Crespo, pero considera que «si no tenemos noticias inmediatas», habrá un nuevo encuentro de delegados en agosto para enmarcar movilizaciones «tenemos que valorar de qué tiempo, pero lo primero es conseguir que no se cierre el sector mineroeléctrico».
Sin confirmar los cierres
Enel y Gas Natural Fenosa ya han puesto sobre la mesa los cierres de sus centrales térmicas en el Bierzo, la de Cubillos, por parte de la primera y la de Anllares, por parte de la segunda. Las fechas manejadas están en 2018 la de Anllares, adelantándose al acuerdo que la matriz había alcanzado con los 77 trabajadores que siguen empleados en la central de Páramo del Sil, de 17.500 horas de trabajo o 2023. Enel, socio mayoritario de Endesa, empresa nacida precisamente en la central de Cubillos antes de convertirse en una referencia multinacional de primer nivel, también dio cuenta del cierre de la esa central en 2020.
Asegura Crespo que esas comunicaciones no han llegado al Gobierno, algo que podría tardar «entre 6 y 9 meses», apunta, pero que sería desastroso, apunta, porque supondría dar cierre al sector minero que aún cuenta con unos 1.000 activos que se quedarían en la calle. Apunta Crespo que «el futuro de la minería depende de que no se cierren las centrales térmicas», por lo que considera fundamental que el Ministerio «tenga más participación en las eléctricas» y así pueda evitar los cierres anunciados.
Carbón limpio
Crespo tiene claro que es necesario hacer compatible el medio ambiente con la producción de carbón «pero sabemos cómo quemar el carbón de forma limpia», dijo, solicitando que se retome el proyecto de oxicombustión de la Ciudad de la Energía «hay que retomar la inversión millonaria hecha en ese proyecto» con eficiencia del 90%, valoran desde CCOO.
Crespo dijo desconocer los informes que hablan sobre el coste que supondría acogerse a la desnitrificación por parte de las térmicas. Unos 800 millones parece ser la última cifra de la parte empresarial manejada. «Lo desconozco», dijo, pero si en el mix energético tiene que haber un 7,5% de carbón considera que es elemental buscar puntos en común dentro de la comisión «debemos sentarnos a hablar y evaluar posibilidades», sentenció. Crespo asegura que estarán «vigilantes» para ver los pasos que sigue el Gobierno.
El presidente del comité de empresa de la central de Compostilla, Juan Sobredo asegura que esa cifra, a invertir en la central de Teruel y la berciana, se refiere a la inversión hasta que sea rentable la inversión (ya que de inicio se hablaba de 200 millones para adecuarla).
Reconoce que la inversión en desulfuración realizada en la central hace diez años de 180 millones «no se ha rentabilizado», aún.
De todos modos, asegura que es mucho más rentable para la eléctrica desmantelar las centrales de Andorra y del Bierzo, en lo que podría gastar unos 90 millones en total.
