Colombia.- Es como si el espíritu férreo de los mineros, que a diario perforan la tierra, los mismos que con sus rostros llenos de polvo escapan al miedo a las alturas o a las profundidades, nos llenara cada día de fuerzas para pensar en la minería. Como si su valor, resistencia y vigor invitaran a ponernos las botas para trabajar, y el casco para pensar en una “Colombia Minera”.
Poniéndolo en términos mineros, es como si el tenor de nuestro sector no se desgastara, sino que por el contrario la industria le sacara brillo a su entereza, y quilates a sus problemas. Y es que no es para menos: más de 350 mil personas se dedican directamente a labores mineras legales en el país y más de un millón se favorecen por encadenamientos productivos con origen minero.
La industria minera ha generado importantes beneficios para el país y las regiones. Este sector es el 2 % del PIB nacional y aportó más de 8 billones de pesos en regalías desde 2012, una contribución importante a los ingresos del Estado y a los presupuestos de inversión en las regiones, en temas como salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Hoy estamos en un momento histórico en el que la minería y sus regalías, son igualmente una oportunidad para la paz. Por medio de estos recursos podemos financiar gran parte de las estrategias que necesitamos para construir un nuevo país, nuestra industria extractiva puede ser la veta para la financiación de nuestro nuevo comienzo. Sin embargo, y pese a la labor incansable, ininterrumpida, y comprometida de quienes conforman la institucionalidad minera, la industria extractiva legal o minería bien hecha, ha sido golpeada injustamente y de manera continua por la falta de información, o peor aún, por la desinformación. En Colombia existen actualmente 8.971 títulos mineros vigentes, equivalentes al 3,9 % del territorio, unas 4,4 millones de hectáreas, de las 114 millones que tiene el país. De esas, solo 2 millones están en explotación, y unas 500 mil están intervenidas. Esa es la verdad oficial en cifras sobre minería legal en nuestro país, nada que ver con el monstruo de la megaminería con que quieren estigmatizar al sector en muchas regiones del país.
Igualmente muchas de las teorías contra el sector y quienes lo integramos, afirman que la minería legal es enemiga del medio ambiente, a lo cual también le cabe una gran dosis de desinformación, pero ninguna explotación minera legal puede funcionar sin el permiso de la Autoridad Ambiental, lo que implica que tampoco se hacen labores mineras donde ellos a su vez lo prohíban, respetando las fuentes hídricas y los ecosistemas. La minería legal es una actividad fiscalizada y regulada por el Estado.
Además del desconocimiento y del oscurantismo antiminero, la actividad extractiva legal tiene otros grandes y poderosos enemigos como la explotación ilícita de minerales, un delito al que equivocadamente le han llamado “minería” ilegal. Cada día las empresas mineras legales pierden espacio y capital frente a este atroz delito, al tiempo que el Gobierno deja de recibir ingresos que serían fundamentales para la puesta en marcha de programas sociales, infraestructura o educación de millones de niños y niñas. La explotación ilícita no es minería. La minería es una actividad productiva que trae desarrollo para el país. La explotación ilícita de minerales es un delito que trae pobreza, contaminación y problemas sociales a las regiones.
Ignorar el flagelo de la explotación ilícita es ignorar que sus ganancias son en gran parte el dinero que deja de percibir el Estado por impuestos y regalías, es ignorar que son fuente de empleo informal que incluye explotación laboral y trabajo infantil, es ignorar que financian en muchos casos organizaciones al margen de la Ley. La explotación ilícita no es otra cosa que el robo de los recursos al Estado. Nos están robando a todos.
El otro reto en este aspecto es combatir la tolerancia a estas prácticas, especialmente en municipios productores de oro y piedras preciosas: sin el concurso de la comunidad, y una cultura de la legalidad, la lucha contra este flagelo y todos los mecanismos que impulsemos como gobierno, van a ser infructuosos.
Debemos cerrarles la “bocamina” a quienes vienen a saquear las riquezas de nuestro subsuelo. El Gobierno a través del Ministerio de Minas y Energía, articulado con las demás entidades del Estado, viene desarrollando procesos de formalización para los pequeños mineros. Formalizar a quienes vienen haciendo históricamente minería artesanal, tradicional, y de hecho, es el camino para ser incluyentes con aquellos que quieren hacer las cosas bien, aportar al país y crecer como empresarios. No podemos permitir que la explotación ilícita le robe el protagonismo a la minería bien hecha. Vamos a seguir en pie de lucha contra este delito. La Fuerza Pública viene dando golpes contundentes, pero paralelamente como institucionalidad minera vamos a seguir hablando, construyendo, acompañando y apoyando al sector minero legal. A los colombianos, los invito a ponerse el casco por la minería bien hecha, una industria que aporta diariamente para el bienestar, progreso y desarrollo de las regiones.
* Presidenta de la Agencia Nacional Minera
