La minería del carbón asturiana cuenta con el respaldo del Consejo Económico y Social (CES) europeo, el mayor lobby de la UE. En un dictamen emitido la pasada primavera con el objetivo de influir en las decisiones que finalmente se adopten en Bruselas, esta entidad considera que las explotaciones no deben cerrar en 2018, como impone la Comisión Europea, sino que plantea la adopción de un plan que otorgue al carbón una prórroga de entre 25 y 50 años.
Transición justa
El CES propone potenciar la eficiencia del carbón y la cogeneración
Reclama «sueldos dignos y empleos seguros para los trabajadores afectados»
El CES europeo, que es una de las cinco instituciones básicas de la UE constituidas desde el mismo tratado fundacional, aboga por una «transición justa» a una economía hipocarbónica, mediante la colaboración entre las autoridades europeas y nacionales. A su juicio, deben garantizarse «sueldos dignos y empleos seguros a los trabajadores afectados», facilitar la formación, ofrecer alternativas laborales, respetar los derechos humanos y garantizar medidas de protección social, incluidas las pensiones, «para apoyar a las personas a lo largo del período de transición».
Según el CES, estas regiones afectadas por la reconversión minera y por la transición energética necesitarán «una asistencia financiera y científica urgente»; no sólo para evolucionar «hacia un nuevo modelo económico y social», sino también para abordar, «en un plazo razonable», las múltiples amenazas para la salud humana y el medio ambiente, asociadas a las actividades mineras «actuales e históricas».
Sobre la financiación, el dictamen aboga por «promover más inversiones del sector privado». Al respecto, propone que un mínimo del 12% de los 27.000 millones de euros previstos por la CE en sus Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para inversiones en la economía hipocarbónica, incluida la eficiencia energética, se dedique a este sector en las regiones menos desarrolladas, en transición y más desarrolladas de la UE. Ese 12% serían unos 3.240 millones de euros, aunque el informe recomienda que oscile entre el 15% y el 20%, es decir hasta los 5.400 millones de euros. «Si se emplea el Fondo de Cohesión para estas inversiones, la cuota se incrementa al 15% para las regiones menos desarrolladas», añade el CES.
No obstante, el dictamen europeo avisa de que los fondos sólo pueden «ayudar en parte» a diversificar la economía y la transición energética en las comunidades mineras. «La mayor parte de la inversión en desarrollo económico debe proceder de los fondos públicos de los estados miembros interesados».
Cambio climático
Según el Tratado de Lisboa, los Estados miembros tienen derecho a explotar sus propios recursos energéticos, así como a determinar su combinación de fuentes, siempre que no subvencionen en modo alguno la producción de energía y tengan en cuenta todos los compromisos adquiridos en materia de cambio climático.
No obstante, dada la necesidad (y obligatoriedad) de iniciar una transición energética en la UE utilizando todas las medidas y técnicas disponibles con el objetivo de favorecer un uso menos dañino y más eficiente del carbón, el CES propone potenciar «varios instrumento beneficiosos y de utilidad demostrada: el aumento de la eficiencia, la flexibilidad y la cogeneración».
Así recuerda que «habida cuenta de que la mayor parte del carbón se utiliza en la producción de electricidad, el aumento de la eficiencia es un instrumento importante desde el punto de vista de un uso menos contaminante de este mineral. Con una eficiencia elevada, se puede producir más electricidad con cada tonelada de carbón y las emisiones de CO2 pueden reducirse en un 30% o más». De hecho, existen centrales eléctricas de carbón de alta eficiencia en Alemania donde las tecnologías permiten una optimización tal que les otorgan flexibilidad como para aumentar o disminuir rápidamente su producción y apoyar así las energías renovables intermitentes.
El informe -que fue publicado a finales de agosto en el Diario Oficial de la UE- señala que «a medio plazo, se tiene la esperanza de que las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono puedan desempeñar un papel significativo en una economía descarbonizada».
Por otro lado, el que se ha erigido como el mayor grupo de presión e influencia que existe sobre la Comisión Europea, integrado por los agentes sociales y representantes del tercer sector, organizaciones agrarias y de consumidores, con varios ex miembros de gobiernos europeos en sus filas, recuerda que «al estudiar la posibilidad de utilizar el carbón de manera más eficiente y menos contaminante, también es necesario abordar usos alternativos del carbón como, por ejemplo, la licuefacción».
El carbón puede transformarse en combustibles líquidos, como la gasolina, el diésel, carburorreactores o productos petroquímicos. Las tecnologías necesarias ya se han desarrollado, si bien aún faltan por estudiarse las inversiones necesarias y los gastos operativos. Asimismo, la cogeneración (producción combinada de calor y electricidad) es «un sistema efectivo y eficiente que ofrece ventajas considerables, tanto en términos de energía como de protección del medio ambiente», según el CES.
En esa línea, la eléctrica EdP ha apostado en Asturias por proyectos que permiten importantes mejoras ambientales en sus centrales térmicas y en los que ha invertido 200 millones de euros.
El Comercio
