El presidente de la Comisión Nacional de Pacificación de las Cooperativas Mineras de Bolivia, Eduardo Verdeja, insiste hoy en la necesidad de instalar un proceso de diálogo con el gobierno, para resolver las demandas del sector.
De acuerdo con el dirigente, esta semana se prevé convocar una reunión nacional para analizar la posible eliminación del Régimen de Tasa Cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la venta de minerales y metales, que beneficia actualmente a las cooperativas mineras del país.
Verdeja se presentó la víspera en las oficinas del Ministerio de Minería, para entregar una misiva al titular de esa cartera, César Navarro, a fin de que viabilice las pláticas con las autoridades del Estado.
Aseveró en declaraciones a los medios que la nueva dirigencia de los cooperativistas desconoce la identidad de los autores materiales del asesinato del viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes, porque -aseguró- ‘no hemos sido parte de esa movilización, de los bloqueos’.
Días atrás, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, consideró loable la formación de una comisión de pacificación por parte de estos trabajadores.
Al mismo tiempo opinó que la población espera que la entidad contribuya con la entrega a las autoridades competentes de aquellos autores intelectuales y materiales que promovieron el linchamiento de Illanes.
En una carta dirigida a la Comisión Nacional de Cooperativas Mineras de Pacificación, fechada el 9 de septiembre, Quintana desmintió la existencia de una persecución contra los dirigentes del sector, y aclara que la administración de justicia le corresponde al Ministerio Público y no al Ejecutivo.
En agosto, la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) promovió una serie de acciones violentas que incluyeron el uso de dinamita y bloqueos de carreteras.
Como centro del enfrentamiento escogieron la localidad de Panduro, a unos 185 kilómetros al sur de La Paz.
La dirigencia de la Fencomin exigió al gobierno del presidente Evo Morales una serie de concesiones, algunas de ellas inconstitucionales, como la potestad de firmar contratos con empresas trasnacionales.
Producto de las acciones murieron cinco civiles, mientras 242 policías y un reportero sufrieron heridas de diversa gravedad.
También fue tomado como rehén, torturado y asesinado el viceministro Illanes.
Tales hechos concitaron la repulsa del pueblo boliviano, lo cual significó el tiro de gracia para las protestas con un supuesto carácter reivindicativo.
Según el gobierno, tras las protestas violentas se encontraba en marcha un golpe de Estado dirigido a subvertir las políticas sociales y de defensa de los recursos naturales adoptadas durante la última década por la administración del presidente Evo Morales.
Prensa Latina
