Perú.- “No traemos soluciones ni problemas”, dijo el martes el presidente Pedro Pablo Kuczynski durante su visita a Madre de Dios, región a la que acudió para medir la temperatura sobre la situación derivada de la actividad minera informal e ilegal. Lo secundó el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo: “No es un momento de anuncios, sino de diagnósticos”. Finalmente, el primer ministro Fernando Zavala declaró: “Es una prioridad para nosotros avanzar [en el proceso de formalización]”.

Más frontal fue el congresista Pedro Olaechea (Peruanos por el Kambio), integrante de la comisión creada por el gobierno para evaluar el tema. “Hay un marco de formalización que no ha formalizado nada y hay un marco ambiental que no ha protegido el ambiente […]. Si los marcos legales no pueden ser ejecutados, por qué vamos a continuar con ellos”, dijo al diario “Perú 21” en referencia a los decretos establecidos por el gobierno anterior para controlar la actividad minera ilegal y que han sido cuestionados por los mineros en proceso de formalización, pues –aseguran– les impiden realizar esta actividad.

– El diagnóstico –

Madre de Dios es la región con mayor presencia de minería ilegal, según la Alta Comisión en Asuntos de Formalización de la Minería (Acafmira), de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Más de 498.295 hectáreas de bosques han sido invadidas o destruidas hasta el momento. Esto incluye zonas protegidas, como la Reserva Nacional de Tambopata, donde ya han sido deforestadas más de 350 hectáreas de bosque antes virgen.

Pero hay minería ilegal en prácticamente todas las regiones del país, según la Acafmira. Esta entidad ha realizado, en lo que va del año, 15 operaciones de interdicción en Ica, Piura, Puno, Madre de Dios, Lima, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Huánuco y Loreto (la última fue el 22 de julio). Estas operaciones le cuestan al Estado, en promedio, S/1 millón cada una (en combustible y alimentación de los policías).

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¿Han resuelto el problema estas interdicciones? No realmente. “El tiempo, la extensión y la cantidad de mineros ilegales en el Perú no lo permiten”, dijo semanas atrás a este Diario el coronel César Sierra, encargado de la Acafmira. Pero también es cierto que, cuando no se realiza interdicción, los mineros ilegales invaden zonas prohibidas y utilizan dragas u otros equipos fiscalizados. Dicho sea de paso, Sierra no fue convocado a la reunión en Madre de Dios.

Otro aspecto que el Ejecutivo evaluará es si realmente ha funcionado el plan de formalización; según el Ministerio de Energía y Minas, solo 1.400 de un total de 70.000 mineros se han podido formalizar desde el 2012.

En una entrevista con El Comercio, el ex ministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal dijo: “Los números no se logran porque el proceso [de formalización] sigue en manos de las regiones y estas no dan el respaldo político al proceso”. Se refería indirectamente al gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka, ex dirigente minero, uno de los mayores opositores a los decretos, a la interdicción y al proceso de formalización tal como opera hoy.

Esto deriva en el plano político del problema. “Hay que resaltar la voluntad que ha tenido el presidente Kuczynski”, comentó Tomás Díaz, presidente de la Federación de Mineros de Madre de Dios, organización muy influyente en esa región.

El escenario seguramente se concentrará en el Congreso. Además de Olaechea, también su colega Carlos Bruce se pronunció: “Las reuniones que se sostendrán con los mineros van a servir para enriquecer los criterios que se aplicarán”.

 

El Comercio

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