Bolivia.- En las últimas décadas, el sector cooperativista minero se ha ido expandiendo enorme y subrepticiamente en el país. Al principio, evidentemente se trataba de grupos de mineros asociados bajo el formato “cooperativo” que se gestó mediante concesiones alrededor de la minería estatal, pero luego el concepto fue ampliándose y produciendo un proceso de diferenciación interna abarcando distintas formas productivas, relaciones de trabajo y niveles de ingreso en el mismo sector. Para complicar aún más el tema, conviven con los concesionarios una cantidad indeterminada de trabajadores -peones- contratados por los propios cooperativistas, que no cuentan con las mínimas condiciones laborales y salariales, por lo que hoy buscan su justa sindicalización.

Un primer impacto en su expansión fue la relocalización minera producto de la aplicación de las políticas neoliberales a mediados de los 80; luego, su crecimiento estuvo vinculado al incremento de los precios de los minerales en el mercado externo. Según información del mismo sector, este crecimiento ha sido todavía más intenso en la última década, en la que al menos se ha duplicado complejizando sus necesidades y demandas.

Sin duda, en este momento existe una gran dificultad para identificar sociológicamente a este sector, justamente porque en él conviven empresarios con importantes capitales, peones y pequeños productores; es decir, coexisten formas productivas que oscilan entre una alta modernización productiva y niveles muy precarios de trabajo, casi de sobrevivencia; denotando profundas inequidades, que también se expresan en la diversidad de demandas en momentos de conflictividad. La necesidad de algunos de sindicalizarse para defender sus derechos, y de otros de asociarse con empresarios capitalistas muestra dichas distancias.

Lo cierto es que, si bien el sector cooperativista constituye una potente fuerza social y económica, es a la vez altamente vulnerable, pues sus posibilidades de crecer y mantenerse vigentes están condicionadas por los precios del mercado internacional. Por otra parte, mantienen una relación compleja con el Estado; por una parte, por la escasa capacidad de control que tienen los gobiernos sobre la actividad de este sector minero -que se mueve en la frontera de la “informalidad”- y por su cercanía al poder debido a su impronta negociadora, echando mano a su cualidad numérica y peso económico. En esta negociación política, también han logrado ocupar importantes espacios en el poder público, como varios representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en las Asambleas Legislativas Departamentales y en los municipios, en particular en los departamentos de Oruro y Potosí. En el ejecutivo inclusive cuentan con un Viceministerio de Cooperativas Mineras, y buscan conquistar aún más espacios como la creación de un Ministerio del sector; su capacidad de presión es eficaz, pues forman parte de uno de los pilares de apoyo social del gobierno del MAS.

Su acción colectiva es visiblemente sectorialista y, en muchos casos, no dudan en transgredir reglas, instituciones o acuerdos, como por ejemplo, durante los diversos casos de avasallamiento tanto a propiedades estatales como privadas.

El sector cooperativo afiliado en la poderosa Fencomin es un importante aliado del gobierno del MAS, y también lo fue, aunque con distinta intensidad, en gestiones gubernamentales pasadas. Se trata de un sector que ha ido jugando un rol político gravitante debido justamente a su crecimiento económico y su expansión social; de hecho, su alianza con distintos gobiernos está mediada por la negociación de sus propios intereses como sector, en una clara relación de intercambio con el poder, por ejemplo, gozan de un régimen especial en términos impositivos.

De ahí la importante presión que hoy ejercen al ver vulnerados sus intereses en la Ley Minera o las regulaciones medioambientales.

La última movilización ha puesto en evidencia los intereses del cooperativismo minero, su capacidad de presión al Gobierno y sus condiciones de negociación, pero al mismo tiempo deja muchas dudas sobre su sobrevivencia ante el desplome de los precios de los minerales, los alcances de su poder frente al Gobierno, y su escasa sensibilidad con otros sectores sociales, como sus propios asalariados.

Maria Teresa Zegada es socióloga- Página Siete

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