España.- El 10 de febrero de 2014, la rotura de una de las balsas mineras situadas en la cumbre del Monte Neme (A Coruña, Galicia), provocaba un vertido de 24.000 m³ de agua y lodos sobre dos parroquias de las localidades de Carballo y Malpica de Bergantiños originando desperfectos por valor de más de 140.000 euros y obligando a la Xunta a activar por la vía urgente un plan de restauración del entorno que sigue sin concretarse en la práctica. Mientras tanto, el peligro permanece en taludes verticales que caen decenas de metros a pico y sigue sin conocerse el grado de toxicidad del agua contenida en las balsas.

La última empresa concesionaria, Leitosa S.A.U, obtuvo cuantiosas subvenciones públicas que en su día reflejaron tanto el Diario Oficial de Galicia como el Boletín Oficial del Estado, recibiendo del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) en 2003 y 2004, respectivamente sendas ayudas en concepto de “ayuda financiera” y “apoyo a la continuidad y mejora competitiva” por valor de 403.220 y 123.654 euros, mientras que de la Dirección General de Política Energética y Minas en 2008 y 2010 llegaron otras tres subvenciones de 10.430, 21.890 y 37.803 euros en concepto de “exploración e investigación geológica” y, de manera más que sorprendente, para “mejora del medio ambiente”.

UNA HISTORIA ROCAMBOLESCA

La minera, finiquitada y en liquidación en el Juzgado nº3 de Valencia tras el concurso de acreedores voluntario solicitado por la propia empresa en septiembre de 2012, estuvo vinculada en su día a la familia valenciana Cotino y llegó a tener como administrador a Vicente Cotino, sobrino del ex-presidente de las Cortes Valencianas Francisco Cotino, imputado en la trama Gürtel en relación con la presunta financiación irregular del PP de Valencia.

Tras el accidente, desde la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia se garantizó que habría fondos para la recuperación del entorno en la cumbre del Monte Neme, haciendo incluso mención de la póliza de resposabilidad civil que la empresa tenía en vigor.

Sin embargo, la aseguradora AXA rechazó hacerse cargo de los gastos ocasionados por el desastre ambiental, y actualmente mantiene un pleito con las autoridades gallegas, que en ningún momento han llegado a activar el plan de restauración aprobado, con un coste previsto cercano a los 800.000 euros.

PELIGRO REAL, PASIVIDAD INSTITUCIONAL

Mientras la responsabilidad y los costes se dirimen y diluyen en los despachos, y hay quien de manera más que demencial quiere ver en el desastre minero del Monte Neme un lugar para organizar viajes turísticos, la situación de inseguridad permanece.

Desde el 2014, tal y como se ha venido denunciando, las únicas actuaciones han sido la subasta pública para chatarra de distintos elementos de la antigua explotación y la instalación de algunos carteles de advertencia, pero en ningún momento se ha protegido ni vigilado el perímetro y existe un claro riesgo de accidente, pues los taludes de varias de las siete balsas mineras activas actualmente caen a pico decenas de metros.

El pasado minero de la Costa da Morte coruñesa, también en el Monte Neme, cuya explotación de wolframio comenzó en época contemporánea en 1915- ha dejado un sinnúmero de pasivos ambientales cuyas consecuencias aún atenazan a las comarcas afectadas. Decenas de lagunas de residuos, aguas contaminadas y entornos cuya reposición original se torna hoy en día imposible recuerdan que los conceptos de “minería responsable” y “minería sostenible” que defienden las empresas no son más que una mera declaración de intenciones amparada las más de las veces por unas administraciones públicas que se caracterizan por la pasividad y la inacción frente a los problemas derivados del sector extractivo.

Tercera

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