Colombia.- Ante los difíciles momentos que atraviesa la industria minería del país por los bajos precios internacionales de las materias primas y los problemas cada vez más frecuentes por el cambio de reglas jurídicas, la alta carga impositiva, la minería criminal y la estigmatización de la actividad en el país, los presidentes de Drummond, Cerro Matoso y Cerrejón, las tres grandes mineras del país, le pidieron al Gobierno Nacional implementar una política de Estado para con el sector.
“Tiene que haber una política de Estado, no solo del Gobierno, sino lograr meter dentro de la idea a los otros pilares como la rama judicial, legislativa y a los entes de control”, dice José Miguel Linares, presidente de Drummond.
Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, asegura que también deben estar las regiones y los territorios para establecer reglas claras, “se requiere que desde el alto nivel del Gobierno digan esto es lo que nosotros queremos hacer, y eso nosotros no lo vemos”.
ALIVIOS TRIBUTARIOS
Esa política de Estado comprende aliviar la carga tributaria, la estabilidad jurídica, la lucha contra la minería criminal y defender al sector como lo que aseguran que es: generador de empleo que aporta grandes cantidades de dinero en regalías e impuestos, con responsabilidad social y ambiental.
Añaden que aunque reciben ayuda de las entidades encargadas del sector, se necesita algo más integral a nivel de industria, que se sienta un respaldo sólido y fuerte “desde arriba”.
Respecto a la parte impositiva, los representantes de las mineras le piden al Gobierno Nacional disminuir la alta carga tributaria al sector y revisar las condiciones de manera continua, tal como ya han hecho países como Chile, Perú, Australia, Canadá o Sudáfrica, para hacer al país más competitivo en la parte tributaria, ya que se compite internacionalmente.
Roberto Junguito, presidente de Cerrejón, explica que esta es muy importante para atraer inversión para el país en estos momentos en que los recursos para la minería a nivel internacional son muy pocos, “por lo que el régimen tributario debe ser muy competitivo y equivalente a los otros países”.
“El Gobierno ha venido anunciando medidas de alivio para el sector minero y petrolero desde hace un tiempo -comenta Linares- y necesitamos que esas medidas se concreten en el corto plazo”, y Gaviria añade “nosotros no vemos que haya una intención de ser más competitivos”.
Y ponen como ejemplo el impuesto a la riqueza, el cual se debe pagar mientras se hacen y recuperan las inversiones, seis o siete años después, algo difícil de entender para el inversionista extranjero.
La estabilidad jurídica, que se ha visto erosionada en los últimos meses con los fallos de la Corte Constitucional sobre minería en las áreas de páramos, suspensión de explotación en pozos petroleros y las consultas a las comunidades para proyectos mineros, es el otro tema de esa política que piden.
“El tema minero se volvió político y hablando mal del sector se obtienen réditos a corto plazo”.
Linares expresa que las que están regulando al sector en estos momentos en temas como las consultas populares, los niveles de ruido en las operaciones férreas, los alcaldes participando en la toma de decisiones de los proyectos son las Cortes y no el Gobierno, como debería ser.
“¿Eso es conveniente? Yo pensaría que no, que le corresponde al Gobierno la reglamentación, no solamente que tengamos las reglas claras, sino que estén completas y que no den campo a interpretaciones. La Corte ha terminado casi que obligada a tomar esas decisiones que debería estar haciendo el Gobierno”, aclara el representante de Drummond.
Junguito agrega que las normas mineras son muy variables porque se caen en el Consejo de Estado, con fallos de la Corte Constitucional difíciles de interpretar y algunas veces van en contra de los intereses de la minería, que hacen difícil atraer la inversión extranjera al país.
CONTRA MINERÍA CRIMINAL
El otro punto que debe ser parte de la política de Estado es el combate a la minería criminal e ilegal, por los perjuicios que le trae al país ya que no cumple ni con las normas impositivas, ni laborales, ni de buena práctica minera y financia a grupos al margen de la ley, entre otras. “Debe desaparecer de forma muy rápida no solo por el impacto negativo en la reputación del sector minero como tal, sino por todo el mal que causa a nivel legal”, sostiene el directivo de Cerrejón.
Además, la culpan de haber estigmatizado la actividad al hacer que la opinión pública la confunda con la minería legal y responsable. Gaviria le pide al Gobierno Nacional salir a defender al sector y hablar abiertamente de la minería bien hecha, “no tener miedo a decir que la minería bien hecha es buena para el país”.
El directivo de la Drummond añade que el Gobierno podría promover la imagen de la minería bien hecha, que es la que hacen las empresas que están en la legalidad, “pienso que nos podrían ayudar más”. “Nos puede apoyar y respaldar desde el punto de vista técnico -dice Junguito- con argumentos sobre los beneficios y estándares técnicos de los proyectos”.
