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La Guajira colombiana entregada en 779 concesiones a transnacionales mineras

Ahora, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, está obligado a incluir en su oferta preelectoral al departamento de La Guajira. Ahí donde no gobierna el Estado colombiano sino las transnacionales del carbón y el gas, ahí donde la delincuencia económicamente organizada tiene su exclusivo estado de excepción, ahí donde el olvido y la promoción de la muerte es la miseria legalizada de todos los días, ahí donde hace más de 135 años no ponía un pie algún presidente colombiano.

Estadísticas socioeconómicas del departamento de La Guajira

La deserción escolar, en distintos niveles educativos, es del 78%. Incluso, en algunos municipios rurales tales como Manaure y Uribía, esta cifra puede llegar hasta el 93%. Ninguna otra entidad federal de Colombia le llega tan siquiera a los tobillos.

La pobreza “promedio”, “extrema” y la tasa de desempleo no pueden entenderse como categorías separadas puesto que constituyen una realidad social indivisible. En el departamento de La Guajira la pobreza supera el 50% y el desempleo ronda el 48%. Estamos hablando de aproximadamente 300 mil personas que viven con menos de seis mil pesos colombianos al día, si tomamos como referencia las cifras del Pnud que cifran en 600 mil las personas que tienen edad para trabajar y que 200 mil pesos al mes representan la frontera monetaria conocida como el “mínimo de subsistencia”.

La cobertura de salud para los habitantes de La Guajira colombiana es casi inexistente, tanto por el altísimo costo que significa acceder a una consulta médica o a una intervención quirúrgica, como también por el hecho de que los pocos (y precarizados) centros de salud pública se encuentran en el municipio de Riohacha (capital del departamento de La Guajira), alejados en extremo de la población rural, la cual representa un 55% de la población total.

Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, 70% de los niños de La Guajira sufren de desnutrición crónica, con el agravante de la exponencial “inseguridad alimentaria” que en la población rural (mayoritariamente wayúu) tiene un grado de afectación superior al 90%.

La mina más importante

El tejido económico de La Guajira, vertebrado a partir de la explotación transnacional del carbón, de la explotación transnacional de yacimientos gasíferos (que a su vez resguardan el 44% de las reservas probadas de toda Colombia) y en el comercio, no tiene capacidad de emplear por la vía formal la ingente cantidad de guajiros desempleados.

Las transnacionales mineras sólo necesitan aproximadamente 10 mil trabajadores para sacar todo el carbón que les plazca. Chevron-Texaco para operar los yacimientos gasíferos de Chuchupa y Ballenas necesita menos de 3 mil. Según un estudio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 31,6% de la masa laboral está empleada en el renglón de comercio, restaurantes y hoteles, otro 11% en actividades de transporte y almacenamiento, y un microscópico 0,7% en actividades agrícolas.

Los feroces desplazamientos cometidos por la incipiente industria del narcotráfico y las empresas transnacionales amalgamadas con el paramilitarismo durante los años 80 y 90, fueron cambiando el epicentro de gravedad económica hacia las periferias de Maicao y las zonas comerciales aledañas. La apropiación casi que absoluta de territorios agrícolas en la mediana y baja Guajira, el proyecto para desviar el río Ranchería con el fin de extraer más de 600 millones de toneladas adicionales de carbón, que aparte de agudizar el escaso acceso al agua de la población wayúu intensifica la pérdida de cosechas, son bordes de una misma causa, dirigida especialmente a configurar una inagotable mina de pobres.

La marginalidad económica que se ha potenciado en los últimos 35 años abre la posibilidad para que grupos mafiosos dedicados al contrabando de productos desde Venezuela establezcan una ley marcial de tipo económico, donde campesinos e indígenas en otrora desplazados hacia las periferias de Maicao o Riohacha son ahora reclutados como esclavos en el lleva-y-trae perenne de gasolina y alimentos pues las mafias que fungen como empleadores (como por ejemplo Ecopetrol y las empresas comerciales afiliadas a la Cámara de Comercio del departamento de La Guajira) no asumen ni el más mínimo costo. Si un wayúu muere transportando gasolina o baleado por un paraco que responde a empresas rivales de la cooperativa a la cual le trabaja, no es mayor problema: hay miles de guajiros desempleados que esperan una funesta jugada del destino para ingresar al “mercado laboral”.

Radio Nacional de Venezuela

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