La juez que instruye el llamado ‘caso Aznalcóllar’, sobre la presunta concesión irregular de la explotación de la mina a Minorbis-Grupo México, ha rechazado suspender por el momento dicha concesión que la Junta realizó mediante concurso público internacional el pasado febrero.
La empresa que perdió este concurso, Emerita Resources España SLU, y que elevó la denuncia por la vía penal contra la Junta, había solicitado a la magistrada que instruye el caso, la titular del número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, la suspensión del mismo.
La magistrada, en el auto del pasado día 10 de agosto en el que solicitaba documentación expresa para descartar «dudas de simulación de negocio» en Aznalcóllar, respondía a Emerita con una negativa sobre su petición.
Fernández considera que no procede la medida porque la propia Junta de Andalucía le ha informado de la suspensión de la adjudicación al comienzo del proceso judicial. Pero además, colige que no «se observan motivos para entrar a pronunciarnos sobre dicha suspensión en este momento procesal», dado que la propia Administración autonómica ha comunicado su intención de colaborar en la investigación.
Fuentes de la Junta valoraron ayer la decisión de la magistrada, por cuanto deja abierta la puerta a que la concesión pueda seguir adelante si la investigación concluye que no hubo comisión de delito alguno por parte de los responsables de la Junta en el concurso y que este se hizo de forma legal. El Gobierno andaluz está convencido de que así será.
La magistrada ha imputado a siete personas en el llamado ‘caso de Aznalcóllar’, entre ellas a la exdirectora general de Minas María José Asensio, lo que le costó el cargo. La magistrada ha citado a declarar a todos ellos el próximo mes de septiembre y también a varios testigos.
La jueza investiga posibles delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal en la concesión de la mina. Desde el Gobierno andaluz se sostiene que se trata solo de discrepancias administrativas.
Agencias
