El miércoles, la Defensoría del Pueblo por medio de su representante, Jorge Armando Otálora, explicó que presentará una acción jurídica contra el Código Minero ya que se advierte inconstitucionalidad en el artículo 165, pues impide que la Fiscalía y las autoridades locales puedan controlar el fenómeno de la minería ilegal.
Según la entidad, “la norma citada permite que si un agente minero que opera sin título inicia su proceso de legalización, la Fiscalía no pueda ejercer acciones penales en su contra hasta que la autoridad ambiental resuelva dicha legalización, como tampoco podrán las autoridades administrativas locales tomar medidas para suspender la actividad minera y proceder al decomiso de materiales en esos complejos que operan sin el lleno de los requisitos legales”. Lo que explican está llevando al incentivo de la minería ilegal.
No obstante, el problema no es en blanco y negro, ya que de darse una modificación al artículo se afectarían los trabajos de una gran cantidad de mineros del país, que a pesar de que no se han legalizado, cumplen con los requisitos, llevan años en el proceso y dependen de la extracción del mineral.
Más aún cuando “muchos de ellos han querido legalizarla, formalizar, pero en vez de encontrar un camino expedito para ese propósito terminan considerados por las autoridades como mineros “ilegales” o “criminales”, explicó el procurador Alejandro Ordóñez.
De hecho, según cifras de la Procuraduría, quien ha realizó un llamado en lo que concierne al Programa de Formalización de Minería Tradicional, que toma cerca de tres años por proceso, “de las 8.500 solicitudes que fueron presentadas, únicamente se aprobó una, con un porcentaje de 0,01% de otorgamiento. También, encontrándose en evaluación 3.813 se han archivado 4.686 solicitudes, lo que corresponde a 55,12%. Resultados que no parecen reflejar avances, pues la sola capacitación del minero, más de 5.500 el año pasado de acuerdo con el Gobierno, no es suficiente, ni se puede considerar un apoyo”, concluyó Ordóñez.
De esta manera, los expertos explican que a pesar de que el camino no sea la demanda al Código Minero, las autoridades del sector si deben realizar un cambio en los procesos, ya que como explicó Otálora “pese a las cerca de 5.000 visitas de fiscalización, seguridad y salvamento reportadas a comienzos de este mes por la Agencia Nacional de Minería, la ausencia de controles que permite la norma durante el proceso de legalización, termina autorizando actividades mineras sin la adecuada implementación de medidas de mitigación y prevención de riesgos”.
Más aún, cuando según cifras de la entidad a mayo pasado, hay cerca de 3.000 complejos de extracción que aún están en proceso de formalización, y “por lo anterior constituyen un escenario de riesgo ante posibles accidentes, contaminación de fuentes hídricas y presencia de grupos ilegales”.
Finalmente, frente al tema el exviceministro de Minas, César Díaz, explicó que hay que entender que todos los procesos son diferentes y el Gobierno está haciendo el mayor esfuerzo para llevar a la legalidad a la mayor cantidad de mineros”. Además de que llegar a la legalidad es un escenario que beneficia a todos los integrantes de la cadena productiva.
Situación financiera de las mineras
En 2014, los ingresos operacionales consolidados de las 349 empresas del sector minero analizadas por la Superintendencia de Sociedades, fueron de $18,85 billones. Sin embargo, según la entidad, el comportamiento individual de los subsectores de la industria es muy variado y permite destacar que el subsector de los minerales metálicos presentó un aumento de 4% en sus ingresos operacionales, al pasar de $2,01 billones en el 2013 a $2,09 billones en 2014.
La República
